“Por suerte para los presos, no depende de mi opinión, porque ya se sabe cuál es: no sale ninguno”, disparó el ministro de Seguridad bonaerense, coronel retirado Sergio Berni, en el programa de TV Animales Sueltos. Para sostener lo que, en la práctica, equivale a una condena a muerte para miles de personas, Berni recurrió a mentiras, falacias e inexactas generalizaciones.
“Algunos han salido con delitos menores. Otros han salido con delitos graves”, declaró con una certeza que recuerda aquello de considerar la duda como jactancia intelectual. Y agregó que “…en Pergamino quisieron robar un supermercado entre seis o siete personas. Uno de ellos tenía una pulsera electrónica, por lo tanto el verso de que con la pulsera electrónica los pueden controlar es sarasa”.
Como no solemos opinar sin conocer los hechos, buscamos las numerosas noticias periodísticas sobre ese robo “en manada” o “piraña”, como lo bautizaron los medios, que fue ampliamente cubierto por diarios locales y nacionales, y consultamos a periodistas conocidos de la ciudad de Pergamino. En todos los casos hay una sola versión, muy distinta de la falsa afirmación de Berni. Lo que sucedió es que ocho personas entre 18 y 29 años y una de 15 –siete varones y dos mujeres- irrumpieron en el comercio y robaron la caja registradora. Al salir, uno de ellos se llevó una moto que estaba afuera. No era una gran banda organizada ni cosa parecida, y en cuestión de horas se las identificó, se las detuvo y se recuperaron las cosas robadas. Tras las indagatorias, como tanto el delito imputado como sus condiciones personales lo permitía, se les dictó prisión preventiva con arresto domiciliario. Unos días después, el sistema de monitoreo electrónico detectó que uno de los varones había salido de su domicilio. Lo ubicaron y detuvieron a unas cuadras, camino a la casa de la novia. Naturalmente no sirvió su argumento de que “no sabía” que no podía alejarse de su casa, le revocaron el arresto domiciliario y ahora está en un penal.
O sea, lo que es “sarasa” es el ejemplo utilizado por Berni, que tergiversó lo ocurrido para acomodarlo a su opinión de que “no debe salir ninguno”.
Tampoco resiste análisis el planteo de que “No hay cantidad suficiente de pulseras electrónicas en la provincia para todos los que creen que van a liberar”. Por una parte, las tobilleras sólo se utilizan en casos de morigeración de la prisión preventiva por delitos de mayor gravedad, cuando no hay otras garantías para el cumplimento de la medida. No se usa el monitoreo electrónico en otras alternativas procesales, como las libertades asistidas de personas ya condenadas que transitan el último tramo de la pena, ni en excarcelaciones sin limitación de movimientos, por ejemplo.
Desde luego, el coronel retirado aprovechó la entrevista para cargar contra los organismos y organizaciones que reclamamos que se descomprima la sobrepoblación carcelaria. “Hay una sobreactuación de algunos organismos de derechos humanos que tensan permanentemente y logran llevar una expectativa falsa. Hay una tensión, hay falsas expectativas y hoy las cárceles son un lugar complicado no solamente por la superpoblación que tienen sino por las expectativas que se van generando”.
O sea, la razón de las protestas en los penales no es el hacinamiento, la inexistencia de protocolos sanitarios, la falta de alimentos y elementos de higiene y limpieza, sino el reclamo que hacemos al estado para que garantice la salud y la vida de más de 120.000 personas expuestas a una verdadera catástrofe en las actuales condiciones.
En línea similar a Berni, aunque con menos histrionismo se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que amenazó a los jueces que ordenen domiciliarias, excarcelaciones o libertades asistidas con juicio político.
Las mentiras del coronel, en cambio, fueron superadas por Felicitas Beccar Varela, senadora provincial de Juntos por el Cambio, que difundió un audio en el que, entre otros delirios, afirmó que, desde la pandemia del Covid-19 a las protestas en las cárceles, “es todo parte de un plan estratégico del gobierno para fundir empresas y luego estatizarlas”, y que “los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que los largan para tomar tu capital”.
Desde el gobierno nacional, se escuchan otras posiciones, como la del propio presidente Alberto Fernández, que reconoció en una entrevista radial reciente que “las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad” y manifestó su adhesión a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atender la situación en los penales.
Sin embargo, el contenido de esas declaraciones no se refleja en resoluciones concretas que den respuesta a las demandas, y, en cambio, recrudece la represión.
Hace unos días, otra mujer murió tras las rejas. Magalí Saraco, de 26 años, estaba terminando de cumplir su pena en la unidad 40 de Lomas de Zamora. Ya estaba en condiciones de recibir la libertad asistida. Fue sancionada y encerrada en una celda de castigo, donde la encontraron ahorcada. La familia se puso en contacto con CORREPI y ya nos hemos puesto a su disposición para reclamar juicio y castigo.
En el penal de Chimbas de San Juan también siguen las protestas y la represión. Una nueva huelga de hambre y una quema de colchones para visibilizar la protesta culminó con dos presos con lesiones de gravedad, Roberto Nery Barahona y Fabricio Gabriel Bartolaccini , internados en el Hospital Marcial Quiroga.
En la misma provincia, los juicios exprés con aplicación del procedimiento de flagrancia siguen sumando condenas y nuevos presos. Dos jóvenes que fueron condenados ayer. Los dos estaban en la puerta de una vivienda del barrio Manantiales cuando se acercó una patrulla policial. Se asustaron y corrieron. A una cuadra fueron detenidos y ayer los condenaron a 6 meses de prisión en suspenso por violar el aislamiento, en un caso, y a un año y medio de prisión efectiva, por el mismo delito más resistencia a la autoridad, en el otro. El gran hallazgo en una de sus mochilas fueron dos envases de cerveza.
En materia de detenciones arbitrarias y violencia física, siguiendo con San Juan, en el barrio Basilio Nievas del departamento Zonda, el viernes pasado la policía paró a un chico de 19 años en la calle. No tenía el DNI, pero como estaba en la puerta de su casa, les dijo que entraría a buscarlo. Los policías lo siguieron, y dentro del inmueble lo apuntaron con sus armas, lo golpearon y amenazaron con gruesos insultos a su mamá, de 65 años.
Un abogado de Alta Gracia, Córdoba, denunció ayer que su hijo de 32 años fue detenido y apaleado cuando regresaba en bicicleta de hacer las compras para su abuela de 88 años, con quien vive. La mujer, alertada por los gritos, vio cuando la policía lo estaba golpeando, ya en el interior de la casa. El muchacho quedó imputado por resistencia a la autoridad y lesiones leves, además de la violación al aislamiento.
Recibimos también varios relatos muy similares de Arroyito, Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires.
En CABA, mientras tanto, no descansa el gatillo fácil. Ayer, en Flores, una mujer de la policía de la Ciudad vio a dos personas que estaban intentando robar las ruedas de un auto estacionado. Ante su aparición, los dos jóvenes corrieron hacia un auto para escapar. La mujer policía disparó su arma reglamentaria y un proyectil impactó en la cabeza del que iba al volante, de 30 años de edad. El otro intentó huir a pie, pero fue detenido a unas cuadras de distancia. El juzgado interviniente ordenó el arresto de la policía, que ayer fue indagada.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
