Salta vuelve a los edictos policiales con el “régimen sancionatorio excepcional”
Desde hace décadas, una de las banderas centrales de la organización antirrepresiva es la lucha contra las detenciones arbitrarias, ese conjunto de normas y prácticas que habilita a las fuerzas de seguridad a detener a cualquiera, en cualquier tiempo y lugar. Un hito importante en esa pelea fue la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio, que no sólo tuvo por probado que existe ese discrecional sistema en nuestro país, sino que ordenó al estado argentino derogar las normas que lo conforman, como las que facultan detener personas para “identificar” o “averiguar antecedentes” y regulan las “faltas o contravenciones”, y eliminar las prácticas no normadas, como las razzias.
La ciudad de Buenos Aires, cuando era la “Capital Federal”, tenía el peor sistema contravencional del país, pues en lugar de un código sancionado por el poder legislativo local, tenía una cantidad de “edictos” dictados por el jefe de policía, y la autoridad de aplicación, que juzgaba y condenaba (rara vez absolvía) no era el poder judicial, sino la misma policía. En una palabra, en materia contravencional, la policía era legisladora, jueza y ejecutora de la pena. En 1996, tras la reforma de la Constitución Nacional que autonomizó la ciudad, poniéndola al mismo nivel jurídico que el resto de las provincias, se dictó la Constitución de la Ciudad, y poco después los edictos policiales fueron reemplazados por un Código Contravencional, inicialmente embellecido con el eufemismo de “Código de Convivencia”. Siguieron existiendo las detenciones arbitrarias por faltas y contravenciones, pero al menos formalmente acompañadas de un proceso judicial con derecho de defensa.
Aprovechando la situación de excepción habilitada por la pandemia, hoy en la provincia de salta volvieron los edictos. El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, dictó un decreto de necesidad y urgencia, con el nº 255/2020, que creó un “régimen sancionatorio excepcional”, aplicable a quienes, a criterio policial, incumplan el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en el DNU 297/2020 del 20 de marzo.
El DNU salteño, al mejor estilo de los edictos, concentra en el Jefe de la Policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar penas de prisión a quienes considere que violan las medidas de aislamiento. No hay, desde la detención hasta la condena y posterior cumplimento de la pena, intervención alguna del poder judicial, ni, obviamente, de ejercer defensa técnica alguna. Sólo se prevé, como en el caso de los edictos, un recurso de apelación contra la condena, que no suspende el cumplimiento de la pena, que puede llegar a dos meses de prisión, además de multas.
La Mesa por los Derechos Humanos de Salta, que nuclea varios organismos de la provincia, interpuso de inmediato un recurso de amparo que exige la derogación de esta inconstitucional norma. Es de suma importancia que difundamos y acompañemos el reclamo, ya que, si dentro de los 60 días posteriores a la promulgación del decreto, ni el poder legislativo ni el poder judicial lo cuestionan, seguirá vigente más allá de la pandemia, en la cotidianeidad de la “nueva normalidad” que se avecina.
Siguen reprimiendo en todo el país
El día de ayer, trabajadorxs de las plataformas de entregas a domicilio Rappi y Glovo se manifestaron frente al Patio Olmos, en la ciudad de Córdoba, para exigir mejoras laborales y salariales. Fueron violentamente reprimidxs y hubo al menos cuatro detenidxs, que, gracias a la presión solidaria ejercida, ya se encuentran en libertad. Exigimos que se atiendan sus reclamos y se cierren las causas.
También ayer, en el barrio La Vecindad, de San Luis, la policía provincial allanó un merendero, con la excusa de que buscaban comida robada de una escuela hace un mes y medio. La compañera que vive en la casa donde funciona el merendero informó que, a pesar que pudo probar el origen de la mercadería existente, ya que es prolija en conservar los tickets de compra, secuestraron 6 kilos de azúcar, que le dijeron que debía ir a reclamar al juzgado. Repudiamos el amedrentamiento a quienes se organizan para paliar el hambre en los barrios.
En Santiago del Estero, el nombre de Mauro Ezequiel Coronel, de 22 años, se sumó a la lista de personas muertas en lugares de detención desde el 20 de marzo de 2020, que ya son 19 (13 en cárceles y 6 en comisarías). El muchacho estuvo detenido en la comisaría 10ª, y murió en el hospital, al que llegó en gravísimo estado, con señales de golpes y una neumopatía bilateral que produjo un paro respiratorio.
Esta es la lista de las personas que, hasta ahora, sabemos han muerto en lugares de detención desde el inicio de la vigencia del DNU 297. Si bien las muertes ocurrieron por razones diversas, que van de disparos de armas del servicio reglamentario a enfermedades no tratadas, pasando por “suicidios”, inhalación de humo y quemaduras y ataques de otros internos, en todos los casos son responsabilidad estatal:
Cárceles:
- Alan Matías Miguel Montenegro, 23, Coronda.
- Matías Gastón Crespo, 31 Las Flores.
- Andrés Ezequiel Behler, 23, Las Flores.
- Rolando Duarte, 60, Las Flores.
- Jonatan Exequiel Coria, 29, Las Flores.
- José Mario Candia, 22, UP nº 1 de Corrientes
- Federico Rey, 30, UP nº 42 de Florencio Varela.
- Emmanuel Rodas, 24, cárcel de Piñero.
- Eduardo Rodolfo Peralta Gutiérrez, Sierra Chica, Olavarría.
- Jonathan Suárez, 29 años, cárcel de San Luis.
- Nicolás Alberto Aballay, 42, cárcel de San Luis.
- Magalí Saraco, 26, UP nº 40 de Lomas de Zamora.
- Roberto Neri Barahona, 29, Chimbas, San Juan.
Comisarías:
- Emiliano Alarcón Amílcar, 22, comisaría 1ª de San Justo.
- Federico Corbolud, comisaría 5ª de Caleta Olivia, Santa Cruz.
- Omar Alvarado, comisaría 4ª de Caleta Olivia, Santa Cruz.
- Florencia Magalí Morales, 39, comisaría de Santa Rosa del Conlara, San Luis.
- NN “Paco”, 16, Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia Villa Mercedes, San Luis.
- Mauro Ezequiel Coronel, 22, comisaría Décima de Santiago del Estero.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
