En el marco de las protestas que está llevando adelante el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) contra los recortes que impulsa el gobierno municipal de la ciudad de Córdoba, se montó una operación mediático-judicial para disciplinar a quienes apoyan los reclamos de lxs trabajadorxs. El viceintendente, Daniel Passerini, denunció haber recibido amenazas de muerte en su teléfono celular, y rápidamente los medios locales difundieron el “trascendido” -que algunos medios nacionales reprodujeron- de que el fiscal José Bringas se disponía a imputar a la concejala electa del Frente de Izquierda Unidad (FITU) Cintia Frencia, como presunta autora de los hechos.
La compañera inmediatamente se presentó ante la fiscalía, acompañada por otrxs referentes del FITU, cuyo titular terminó reconociendo que, aunque la denuncia existe, no hay persona alguna imputada. Queda así al descubierto la maniobra de provocación, basada en falsedades, con el único objetivo de amedrentar y perseguir opositores.
Esta amenaza es un nuevo episodio de la represión brutal y sistemática que los gobiernos de Schiaretti y Llaryora vienen desplegando ampliamente contra el sector organizado que lucha contra la explotación y la opresión, siempre con la utilización de la justicia y las fuerzas represivas como mano de obra, y la prensa hegemónica como caja de resonancia.
CORREPI expresa su total repudio a la sucia operación y manifiesta su solidaridad con Cintia Frencia y lxs trabajadorxs que resisten el ajuste.
Ante la represión ¡Unidad, Organización y Lucha!
