Siete muertes en siete meses
Violencia estatal en penitenciarías y comisarías de Mendoza durante 2020
El 19 de julio pasado, Mendoza amaneció con la terrible noticia de dos muertes en penitenciarías. En esta ocasión, fueron Julio Orlando Robledo Riquelme (44) en el penal de Almafuerte (Luján) y Ricardo Germán Calderón (29) en la penitenciaría San Felipe (Ciudad) quienes perdieron su vida. Sin embargo, no se trata de casos aislados. En los siete meses que han transcurrido del 2020, la provincia cuenta con al menos siete muertes acontecidas en lugares de detención (penitenciarías y comisarías), sumado a un caso de gatillo fácil (Sergio Alaniz fue fusilado el 11 de enero en Maipú). En la mayoría de estos casos, los medios hegemónicos locales se encargaron de difundir titulares que caracterizaban estas muertes como suicidios, enfatizando cómo se les habría encontrado ahorcados a cada uno en su celda o aludiendo a enfrentamientos entre presos, trifulcas o “situaciones confusas”. De esta forma se desliga al gobierno provincial y a las instituciones carcelarias de toda responsabilidad sobre personas que bajo su cuidado han perdido la vida. El estado debe garantizar investigaciones judiciales imparciales ante cada muerte bajo custodia para evitar cualquier signo de impunidad.
Siete personas en siete meses no son solo números fríos y en abstracto, son siete seres humanos que, privados de su libertad por el estado, fueron víctimas mortales del accionar de sus fuerzas represivas. A esto se le suman los constantes reclamos de lxs presxs en todas las unidades penales de la provincia por falta de insumos de higiene, alimentos y demora en el acceso a salidas transitorias o libertad condicional en el marco de la pandemia. Muchos de los cuales han derivado en huelgas de hambre que actualmente continúan sin intervención real poniendo en riesgo la integridad física de lxs detenidxs.
A continuación los casos en lo que va del 2020: el 30 de enero en el Complejo Penitenciario Almafuerte fue hallado “ahorcado” Luis Alberto Sosa (60). En San Felipe, se registró un caso más de “suicidio” el 3 de marzo, cuando Matías Marcelo Pérez Cano (24) perdió la vida habiendo ingresado el día anterior al penal. Asimismo, en el Complejo Penitenciario IV San Rafael en el sur provincial, el 4 de junio murió Alexis Emiliano Vega Pávez (25) producto de una herida por apuñalamiento. Siguiendo esta constante, el 1 de febrero Rodrigo Alejandro Arcos Aguilar (30) fue hallado muerto en la comisaría 35ª de Guaymallén y días después, el 22 del mismo mes, Omar Salinas perdió su vida estando detenido en la comisaría 11ª de Luján de Cuyo. Ambos, por ahorcamiento.
Siete muertes en siete meses en cárceles y penitenciarias de Mendoza… ¿una coincidencia? ¿Una sucesión de accidentes y descuidos? Indudablemente es responsabilidad de las dependencias carcelarias garantizar la seguridad y salvaguardia de las personas privadas de la libertad, las cuales dependen directamente del poder ejecutivo. El gobernador Rodolfo Suárez, encargado político y del aparato represivo estatal de la provincia de Mendoza, el ministro de seguridad y co-autor del Código Contravencional, Raúl Levrino y el director general del servicio penitenciario, Eduardo Enrique Orellana son los responsables últimos de garantizar la integridad de todx detenidx, por encontrarse bajo el poder de hecho o de derecho del estado. Por esto, desde CORREPI denunciamos que todo suceso que ocurra intramuros como causal de muerte (suicidio, enfrentamientos, enfermedad no debidamente asistida, entre otros) se configura como absoluta y total responsabilidad estatal.
Mendoza se está configurando como una de las provincias más represivas del país. Las muertes en lugares de detención y encierro se consolidan como una realidad persistente que no puede ser naturalizada. Sin embargo, este triste panorama no sólo se presenta en la provincia del sol, la represión y el vino, sino que también ha sido una constante a lo largo y ancho de todo el país. Sin ir más lejos, en la última semana tuvimos que lamentar la muerte de dos detenidos en el penal de Gorriti en Jujuy, donde se encontraban realizando reclamos por la falta de testeos luego de confirmarse el caso de Covid-19 de un integrante del servicio penitenciario. En el mismo sentido, desde CORREPI también denunciamos las torturas y represión en comisarías bonaerenses donde también se registró un caso positivo. A esto se suman los 37 casos de muertes bajo custodia (en penitenciarías y comisarías) a nivel nacional durante el período de cuarentena, sin dejar de nombrar el caso de la mendocina Florencia Magalí Morales quien fue encontrada muerta en la celda donde se hallaba detenida el 5 de abril en Santa Rosa del Conlara, San Luis. Frente a esto, no dejamos de denunciar que es el gobierno nacional quien tiene la facultad, responsabilidad y obligación de garantizar la salud, integridad física y vida de toda persona detenida.
Seguimos exigiendo:
- Excarcelación, arresto domiciliario o libertad anticipada de adultxs mayores, portadores de HIV, personas con enfermedades predisponentes, mujeres embarazadas o que conviven con niñxs, excluidos represores y genocidas que gozan de regímenes de privilegio con sus necesidades cubiertas.
- Testeo de la totalidad de las personas detenidas en cárceles provinciales y federales, con prioridad para las unidades en las que ya se han confirmado casos positivos.
- Provisión de alimentos de calidad, elementos de higiene y limpieza suficientes en la totalidad de los lugares de detención.
- Juicio y castigo a los responsables de las 37 muertes de detenidxs en unidades carcelarias y comisarías.
Porque no queremos más muertxs en cárceles ni comisarías, ni asesinadxs por el gatillo policial. Basta de represión en los barrios y a lxs que luchan.
Represión no es prevención.
