Mediante la resolución 37/2020, publicada el pasado 9 de marzo en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Sabina Frederic dejó sin efecto el protocolo sancionado por su predecesora Patricia Bullrich, que establecía una serie de pautas para la detención de personas pertenecientes al colectivo LGTTBIQ+.
Entre las consideraciones para la derogación, la resolución de Frederic menciona que “el dictado de protocolos específicos en relación al colectivo LGBTI+, no hace más que reforzar su criminalización y otorgar un marco de simulada legalidad a prácticas abusivas y violatorias de los derechos humanos“.
La lectura que hicimos desde CORREPI, en relación a esta norma dictada en noviembre de 2017, pocos días antes de la Marcha del Orgullo, fue que era parte de la batería de medidas represivas que aplicaba el gobierno de Cambiemos contra los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad, en el marco del incremento exponencial del conjunto de la política represiva estatal que implementaron sobre todo el pueblo trabajador.
Siempre dijimos que, lejos de ser un instrumento de “protección” del colectivo, como quiso presentarlo Cambiemos, no era más que un “copy-paste” parcial de una ley que, pese a las violaciones sistemáticas por parte de numerosos organismos estatales, está en plena vigencia desde 2012, la ley de Identidad de Género nº 26.743. Y, peor aún, constituía un mensaje claro para las personas LGBT: volvíamos a ser uno de los grupos peligrosos de la sociedad.
El apoyo material a nuestra tesis fue el incremento de consultas y denuncias que recibimos. relacionadas a detenciones arbitrarias de personas LGBT, desde 2015 en adelante. Uno de los casos emblemáticos se produjo un mes antes del protocolo. Fue el apresamiento arbitrario y violento por parte de la Policía de la Ciudad a Marian Gómez, en una estación de subte, por besarse con su esposa. Escandalosamente, la que fue condenada, pendiente de su apelación, es Marian, por resistencia a la autoridad y lesiones. Otro de los casos bochornosos que llegó a mediatizarse fue el de las torturas sufridas por Alexis y Nahuel, ejecutadas por la policía de Santo Tomé en 2019. También tuvimos que intervenir para repudiar la igualmente bochornosa detención de la activista travesti Alma Fernández en la estación Belgrano Sur de Villa Soldati, en enero de 2019.
Por otra parte, el macrismo también incrementó la criminalización sobre la población LGBT. Los casos que más han trascendido fueron los de Higui y Joe Lemonge, que atraviesan procesos de criminalización signados por el LGTTBIQ ODIO, por defenderse de violencias machistas que pusieron en riesgo su vida.
Otro de los casos que siguen en proceso es el de Luz Aime Díaz, una chica trans, salteña, casi ciega, estudiante del Bachillerato Mocha Celis, a la que están usando de chivo expiatorio y le armaron una causa por un crimen cometido por otros. Gracias a la viralización del caso y a la comisión que junto a su defensa lucha por su absolución, se logró el apartamiento de los jueces que llevaban la causa: Luis Rizzi y Javier Anzoátegui del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8, por machistas y trans odiantes. En el expediente, nombraban a Luz, en género masculino como “el acusado” o “imputado con tendencias homosexuales” e incluso llegaron a decir, de acuerdo a un supuesto análisis religioso, que es una persona con una “inclinación objetivamente desordenada”.
En estos cuatro años, tuvimos que desempolvar materiales y acudir a la memoria de lxs compañerxs que militaban en los ’90, para generar herramientas antirrepresivas específicas para este colectivo.
En relación a la flamante derogación del protocolo, naturalmente decimos que la eliminación de cualquier medida represiva implica una mejora en nuestras condiciones de existencia. Lo entendemos como un importante primer paso, que debe necesariamente complementarse con el cumplimiento inmediato del resto de la agenda planteada en materia antirrepresiva y LGBTTIQ+.
