A la conmoción de una nueva desaparición forzada, esta vez en la zona de Bahía Blanca y nuevamente con intervención de la policía bonaerense, en cuyo poder fue visto por última vez Facundo Astudillo Castro, cuya aparición con vida venimos exigiendo, se sumó ayer la noticia, difundida a través de redes sociales y medios alternativos, de un nuevo asesinato policial en la provincia de Jujuy.
Ariel Valerian, trabajador mecánico de 39 años, murió ayer como consecuencia del apaleamiento al que fue sometido el 8 de junio, cuando fue detenido por la policía de su provincia en la localidad de Palpalá.
Ariel circulaba por la colectora de la ruta 66 para entregar un auto que había terminado de arreglar a su cliente. Fue interceptado por una partida policial, que decidió detenerlo. Mientras intentaba alertar del arresto, por teléfono, a una de sus hermanas, los policías lo golpearon con tal brutalidad que, tras un mes internado en terapia intensiva, ayer murió.
Es necesario llamar a las cosas por su nombre, en particular cuando lo que tenemos que denunciar es un crimen de estado. El apaleamiento es una de las formas típicas de aplicación de tormentos, y por lo tanto la muerte a golpes bajo custodia policial de Ariel es un nuevo caso de tortura seguida de muerte, un delito de lesa humanidad, y, como tal, un crimen del que no sólo son responsables los ejecutores materiales, sino el aparato estatal al que pertenecen.
A más de tres meses de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, no queda fuerza provincial ni federal sin protagonizar hechos represivos de trascendencia en el marco de la excepcionalidad que les amplió facultades. No son abusos ni casos aislados, y la responsabilidad estatal es evidente.
