La rodilla de un uniformado sobre el cuello de un
hombre reducido por sospecharlo autor de un delito de supervivencia, es la
expresión de la naturaleza violenta del estado. La foto ahorra ríos de tinta
para sintetizar la subordinación total de la persona al estado.
Justo a 31 días del emblemático caso George Floyd, que desde EEUU movilizó al
mundo para repudiar un crimen de profundo contenido racista y clasista, ahora
en la provincia de Tucumán, en circunstancias parecidas, Walter Ceferino Nadal,
un hombre de 43 años, fue asesinado por la fuerza de seguridad provincial. Las
marcas en su cuello, los signos de asfixia comprobadas por la autopsia, dan
cuenta de un mecanismo similar al empleado para reducir al joven negro de
Minessota. Es la más brutal de las semejanzas, pero no la única.
Mientras George Floyd fue asfixiado con la complicidad de otro policía, que además intimidaba a los testigos, el asesino de Nadal contó con la ayuda de varios policías de la Patrulla Urbana de San Miguel de Tucumán, que amenazaron a los transeúntes al grito de “¡No filmen!”. Histórica definición que siempre repetimos: La generación y cooptación de consenso tendiente a naturalizar las prácticas represivas exige su invisibilización.
Mientras George fue reducido por presumir que usó un billete falso de 20 dólares, Nadal lo fue por presumirlo autor de un robo en un comercio. En ningún caso la envergadura del delito cometido “autoriza” la práctica criminal de las fuerzas de seguridad, sería banalizar lo atroz. Pero, aun si ambas hipótesis fueran ciertas, no es menor que se trataba de delitos de subsistencia propios de los sectores más afectados por diversos procesos de exclusión y marginalización social. Se comprueba, una vez más, el carácter sistemático de la represión, el modo habitual para resolver el conflicto social y político que entraña la desigualdad.
El carácter selectivo que apareja el castigo frecuentemente materializado en la justicia, tuvo en este caso el redoble de su responsable político. Cludio Maley, el ministro de seguridad del gobernador Manzur, intentó marcar la cancha: “Nadal tiene antecedentes por robo y además es adicto“. De haber estado en Minessota, hubiera agregado “Y era negro“. También dijo que el accionar policial era oportuno y correcto, y que no se apartaría de la fuerza a los autores.
No puede sorprendernos. Maley es un comandante mayor de Gendarmería pasado a retiro en 2015, luego de un escándalo de corrupción en la fuerza. En 2016, el gobernador Manzur, al tiempo que celebraba con la nefasta Patricia Bullrich “haber mejorado sensiblemente” la seguridad en el norte del país, lo designó subsecretario de Integración Jurisdiccional en el Ministerio de Gobierno. Desde 2017 es el ministro del área. Bajo su dirección y responsabilidad, las fuerzas de seguridad asesinaron, entre otros, a Facundo Ferreyra, el pibe de 12 años cuyo fusilamiento también intentaron justificar con presuntos antecedentes, y más recientemente a Luis Armando Espinoza, el peón rural sometido a la nefasta trilogía de su secuestro, asesinato y desaparición forzada.
Ni las casualidades existen ni el viento las amontona. En las más de 50 notas que publicamos en tiempos de pandemia retratamos el vertiginoso avance de las respuestas represivas del estado bajo la situación de excepción. Ésta es una de las más feroces. Es bueno recordar que lo que se hace sobre el cuerpo de un detenido se está haciendo en forma simultánea y de diversas maneras sobre el conjunto social.
