El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el mayor presupuesto en seguridad (60% más que la provincia de Buenos Aires) y un despliegue de fuerzas represivas más importantes del país (casi tres veces los 300 efectivos “recomendados” por la ONU cada 100 mil habitantes), no pierde oportunidad para volver a la carga con “la necesidad” de dar curso a la utilización de las pistolas Taser por parte de las fuerzas locales.
Vemos como la muerte de Juan Pablo Roldán, policía federal, es utilizada por los medios de comunicación para lograr consenso, y por el gobierno de la Horacio Rodríguez Larreta que, aún sin aprobación, hace más de diez años insiste con este tema, sin contar que la compra de estas armas ya fue realizada y espera poder ponerlas en uso. El gobierno nacional, por su parte, volvió a dar un paso al costado al limitarse a decir que la decisión de usar estos instrumentos de tortura es jurisdicción local, por lo que no tienen injerencia.
El argumento de que es un arma “no letal” y por tanto, menos nociva, cae por su propio peso con las numerosas muertes que el uso de las mismas ha provocado. El caso más reciente ocurrió en Colombia el pasado 11 de septiembre, cuando Javier Ordoñez, un abogado de 46 años, fue sometido a reiteradas descargas eléctricas por parte de la policía, lo que provocó su muerte. Hay un video que muestra las imágenes en las que Ordoñez pide por favor que se detengan y la policía, sin mediar palabras, aplica la picana portátil.
Como ya hemos dicho en otras oportunidades, “no hay armas no letales y mucho menos si quien la empuña fue entrenado para ser un asesino. Tenemos un millón de ejemplos de las supuestas armas no letales matando personas. A Carlos Fuentalba no le metieron un balazo, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo muchos muertos y muertas con de balas de goma. (…) O los bastones de madera, Diego Gallardo fue apaleado con 42 fracturas en todo el cuerpo.”
Así como en otros momentos advertimos, en esta nueva campaña, un nuevo intento de poner “la inseguridad” como tema en la agenda para convalidar una política de avance represivo y mayor control social. Nada más y nada menos que en un contexto en el que las fuerzas de seguridad siguen contando con la facultad de detener arbitrariamente y son los responsables de casi 120 muertes en la cuarentena.
En contraposición, una vez más, volvemos a insistir con la agenda antirrepresiva que venimos reclamando para reducir la letalidad de la violencia policial.
