El 4 de abril de 2007, lxs docentes neuquinxs, agrupados en ATEN, mantenían un corte en la ruta 22 por mejoras en las condiciones laborales, no muy diferentes de las que hoy se reclaman.
El gobernador Jorge Sobisch respondió con un enorme operativo policial, y la orden de desalojar a cualquier costo. Cuando la columna se retiraba de Arroyito, la cacería llovió por la espalda. El cabo José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operativos Federales (GEOF), disparó una granada de gas lacrimógeno directo hacia el FIAT 147 en el que iba Carlos Fuentealba, quien recibió el disparo en la nuca, y agonizó todo un día. Al momento de la represión, Poblete tenía dos condenas por torturas, y una causa abierta por “abuso de armas”, iniciada por sus acciones en la jornada del 12 de abril de 1997 en Cutral-Co, donde fue asesinada la trabajadora Teresa Rodríguez.
Poblete fue condenado a cadena perpetua, pero el aparato judicial hizo lo imposible por neutralizar todo avance sobre los responsables políticos del asesinato.
El caso de Fuentealba es un ejemplo claro del falso debate sobre las “armas no letales”, que una y otra vez se revive y se intenta instalar a partir del uso de las Taser. No existen armas no letales, y mucho menos si quienes las utilizan fueron entrenados para ser asesinos, tal como lo demuestra el prontuario de Poblete.
Como decíamos anteriormente, los reclamos de aquella jornada de lucha en Neuquén tienen absoluta vigencia. Con paritarias históricamente a la baja, pésimas condiciones de infraestructura (que derivaron, por ejemplo, en la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez por la explosión de una garrafa mal instalada en la escuela n° 49 de Moreno en agosto de 2018), y un retroceso tal que llevó a poner en discusión la educación pública durante el gobierno anterior, hoy la lucha gira en torno a la pandemia.
Durante todo 2020, lxs docentes tuvieron que sostener las clases a distancia como pudieron, sin los recursos necesarios garantizados, y en casos como el de Chubut, con varios meses sin cobrar un peso. Ya en 2021, la hipocresía del debate electoral y la presión de los sectores de la educación privada, forzaron un retorno a la presencialidad sin vacunas garantizadas para todxs lxs docentes del país (el ejemplo más claro es el de CABA, dónde esta semana falleció un docente por Covid-19), y con protocolos absurdos, imposibles de cumplir, y que lejos están de garantizar las condiciones mínimas de resguardo para lxs trabajadorxs de la educación.
Una vez más, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, priorizan la foto electoral y el destino de fondos públicos hacia otros intereses (como el acuerdo con el FMI, que postergó, por ejemplo, la aplicación de un nuevo IFE aún ante la llegada de un nuevo pico de contagios) por sobre la salud de lxs laburantes.
A 14 años, seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los responsables del asesinato del maestro, que dio su última clase luchando.