El 24 de marzo de 1976 la dictadura cívico militar eclesiástica puso en marcha en nuestro país un plan genocida para exterminar las luchas, los sueños y esfuerzos de quienes se proponían la construcción de una sociedad más justa, sin explotación, opresión ni represión.
En varios países de América y el mundo, numerosas luchas de resistencia al capitalismo daban cuenta de una conciencia social y un poder popular en crecimiento. Hizo falta una reacción aplastante por parte del poder para frenar ese impulso.
La lucha de los organismos de DDHH argentinos por el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la apropiación de bebés, iniciada antes del retorno a la democracia, ha sido ejemplo en el mundo entero. Años y años de reclamos, movilizaciones, actividades, lograron muchas conquistas, pero fundamentalmente generó el repudio masivo a la dictadura y el terrorismo de estado. La consecuencia de esa lucha tiene continuidad frente a la represión y la impunidad que se perpetúan, con otras características, en democracia.
Es que, a pesar de la alternancia de partidos, modelos y contextos regionales y mundiales, la desigualdad sigue existiendo. Para quienes sólo pueden vivir -o sobrevivir- de su trabajo, hay cada vez mayores niveles de explotación y mayores niveles de pobreza. En nuestro país, la mitad de lxs niñxs son pobres. Esta cruda realidad estructural no llega a resolverse con “planes de asistencia”, “programas de transferencia condicionada o focalizados”, “igualar oportunidades”, etc. Por más buena voluntad, es imposible “un capitalismo en el que ganen todos”.
Así las cosas, sobre este escenario, las políticas de control social y disciplinamiento siguen operando en democracia, con herramientas como las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, las muertes en cárceles y comisarías, las torturas y las desapariciones, junto a la persecución y criminalización de la protesta y el conflicto social.
La organización popular y lucha en las calles, de nuevo, nos permitieron visibilizar esta situación y también lograr algunas conquistas. Pero la realidad impone profundizarlo.
A pesar de haber superado la gestión Macri/Bullrich (promotora de la doctrina Chocobar y con los mayores índices de muertos por la represión estatal desde 1983), y con las promesas de un nuevo gobierno de combatir el gatillo fácil y la violencia institucional, la situación concreta indica que estamos lejos de las transformaciones necesarias.
Las medidas que facultaron a las fuerzas para controlar la circulación y garantizar el acatamiento del ASPO y DISPO, recrudecieron los hechos represivos de todo tipo. En nuestra última actualización del Archivo las cifras continúan siendo alarmantes: un muerto cada 20 horas por la represión estatal, y, en la mayoría de los casos, sin castigo a los responsables.
Al 15 de febrero de este año, la gestión de gobierno actual registra un total de 448 muertes, distribuidas en 115 fusilamientos de gatillo fácil, 285 muertes en cárceles y comisarías, 19 femicidios, travesticidios y femicidios relacionados de uniforme, 4 desapariciones forzadas seguidas de muerte, como el emblemático caso de Facundo Astudillo Castro, y otras modalidades como la consecuencia de otros hechos delictivos de las fuerzas. A esto hay que agregar el sostenimiento de figuras como Sergio Berni en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, responsable de una de las policías más asesinas del país.
Entonces, sobran razones para seguir en las calles.
Por todas las personas muertas por el gatillo fácil y la represión de hoy, EXIGIMOS:
1. Derogación de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias
2. Prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio
3. Prohibición de dar defensa institucional a miembros de las FFSS en causas penales
4. Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y fliares. de víctimas de la represión
5. Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos
Contra el ajuste, la represión y la impunidad de ayer y de hoy
¡30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs PRESENTES!
