Florencia Magalí Morales fue encontrada ahorcada el cinco de abril de 2020 en una celda de la Comisaría 25, dependencia en la que fue demorada por las fuerzas policiales de Santa Rosa del Conlara, San Luis, por “violar la cuarentena y resistirse a la autoridad”, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El resultado de la implementación de esta medida estatal a manos de las fuerzas represivas fue: Florencia ahorcada en su celda mientras que la policía y el gobierno sostienen que fue un suicidio.
A un año de este asesinato en la Comisaría 25 nada ha cambiado. La causa a cargo del juez Jorge Pinto y el fiscal interviniente, Carlos Leloutre, ha tenido escasos avances.
Al día de hoy, no hay imputados y la causa muestra falencias en la recolección de pruebas. La última autopsia confirmó que Florencia Magalí murió por asfixia pero no determina si se ahorcó o si fue asfixiada, dado el mal estado de conservación de las muestras y el tiempo transcurrido desde la muerte a la efectivización de los peritajes.
Aún con estos resultados y con pruebas pendientes como la reconstrucción del hecho, pericias de ADN y la exhibición a los peritos de parte del cordón, la defensa ha pedido el archivo de la causa.
Exigimos que se investigue a los policías implicados: comisario a cargo Heraldo Clavero, agente Yohana Torres, oficial principal Daniel Mansilla y oficial principal Ontiveros, quienes continúan en libertad.
Exigimos que se realicen los peritajes correspondientes y se profundice en la línea investigativa hasta encontrar las respuestas. La muerte de cualquier persona privada de su libertad en circunstancias que no hubieran ocurrido fuera del lugar de detención, es absoluta responsabilidad estatal. Nadie se suicida en una comisaría.
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación decidió presentarse como querellante de la causa apoyándose en un “posible caso de violencia institucional”. Si bien esta posición colabora con poner de manifiesto la existencia de esta violencia, se limita sólo a señalar la responsabilidad provincial y no se plantea el problema institucional de fondo: el papel de las fuerzas represivas en el control y disciplinamiento social. Es por esto que desde CORREPI seguimos sosteniendo que el Estado es responsable de todos estos tipos de violencia a manos de las fuerzas represivas.
La implementación de diversas medidas durante la cuarentena decretada el 20 de marzo de 2020 en todo el país, a través del DNU 297/2020, que con sus sucesivas prórrogas y modificaciones durante el ASPO otorgó a las FFAA la potestad de las calles operando impunemente. Esto provocó una cantidad muy preocupante de hechos de violencia por parte de las fuerzas: innumerables detenciones arbitrarias, aplicación de tormentos y muertes en comisarías y cárceles, además de fusilamientos de gatillo fácil en las calles y desapariciones forzadas seguidas de muerte a lo largo y ancho de todo el país. Nuestro Archivo 2020 registra un alarmante número de más de 250 casos de muertes en lugares de detención, lo que representa la primera causa de muerte a manos del estado. Por eso denunciamos que este, no es un caso aislado y que tanto el gobernador Rodriguez Saa como el presidente Alberto Fernandez deben asumir la responsabilidad política sobre estos hechos.
En este sentido, exigimos que el ejecutivo nacional atienda e implemente nuestra agenda antirrepresiva urgente para la derogación de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias, prohibición de dar defensa institucional a miembros de las FFSS en causas penales y acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.
Seguimos luchando junto a la familia de Florencia Magalí Morales hasta que ningún responsable de su muerte quede impune.
¡Basta de detenciones arbitrarias, torturas y muertes en lugares de detención!
