Como pequeña muestra de la sistematicidad de la represión y su carácter de política de estado, entre el 17 y el 18 de marzo recordamos a seis pibes asesinados por el gatillo fácil y uno muerto bajo custodia en esas fechas.
El 17 de marzo, se cumplen ocho años del asesinato de Emanuel Ojeda y Carlos Abregú, ambos de 17 años. Aníbal Alejandro Aguirrez Manzur, miembro de la Policía Federal Argentina que estaba fuera de servicio, les disparó varias veces por la espalda utilizando su arma reglamentaria. Uno de los disparos mató en el momento a Emanuel. Carlitos agonizó tres meses en el hospital de Moreno, esposado a la cama ya que la fiscalía apoyó el relato del policía de que lo intentaron robar.
Carlos y Gloria, los padres de Carlitos, convencidos de que los hechos no fueron como se los contaban, decidieron organizarse y pelear para llegar a la verdad y tener un poco de justicia. Gracias a esa inclaudicable lucha, tres años más tarde lograron que el policía fuera condenado a 20 años de cárcel.
Marcelo “Peca” Rivero (18) y su vecino Orlando Sequeiros fueron fusilados por policías de la comisaría de Rafael Castillo el 18 de marzo de 1983. Gracias al encubrimiento que el aparato judicial garantiza a los uniformados, a pesar de los esfuerzos de la familia y las organizaciones que la acompañamos, la causa fue archivada en el año 2000. Treinta y ocho años después, la mamá y el papá del “Peca”, Estela y Ricardo, siguen luchando por la memoria de su hijo y por la de su sobrina nieta Romina Lemos, fusilada por el bonaerense Cristian Luján González en 2006, condenado a 11 años de prisión.
El mismo 18 de marzo, pero de 2017, Ramón Oviedo cumplía 31 años. Desorientado y con un cuadro de confusión, quiso entrar a una casa que no era la suya. La policía lo detuvo a palazo limpio y lo metió en la caja de la camioneta para trasladarlo a la comisaría de Boulogne, cuando era evidente que necesitaba asistencia médica. Murió al llegar a la puerta de la comisaría. Para la fiscalía, no hubo delito que investigar.
Nicolás Romero y Pablo Borja, los dos de 18 años, eran amigos de siempre en Villa Sarmiento, Morón. La noche del 18 de marzo de 2015 fueron asesinados por el cabo de la PFA Matías Héctor Castaño, que poco después recibió el beneficio del sobreseimiento.
La manera de operar se repite caso tras caso, con contadas excepciones en las que la lucha de las familias afectadas, organizadas, logra alguna condena: Un miembro de las fuerzas dispara y el resto del aparato estatal defiende su versión de los hechos. Una persona muere bajo custodia, y el resto del aparato estatal calla y cierra la causa.
Por eso son necesarias las medidas que reclamamos como parte de nuestra Agenda Antirrepresiva Urgente, como la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio y la derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias, que podrían reducir el impacto de la represión, sobre todo en los barrios más humildes que es donde más se siente el hostigamiento y la estigmatización por llevar una visera.
¡La lucha sigue por todxs lxs pibxs asesinados por el aparato represivo del estado!
