La noche del 12 de setiembre de 2016 se inscribe entre las más aciagas de Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense. Diego Roda, un joven verdulero del barrio, fue acribillado cuando, junto a su compañera y su hijo de doce días, subía a su auto saliendo de la casa de sus suegros.
Como tantas veces ocurre, la versión policial instaló el tema de la inseguridad en las barriadas, despertando la indignación popular, y, con la mirada legitimante del aparato judicial, la “investigación” del crimen se orientó a la caza de supuestos autores que respondían a la clásica selectividad y estigma: pibes chorros de zonas vecinas. Dos de ellos sufrieron prisión y les destrozaron sus vidas. Por supuesto, ni cerca del lugar habían estado ese día.
Por tres años, la familia de Diego fue engañada y confundida por la policía con el aval de la justicia. La verdad fue revelada definitivamente en el día de ayer: las balas que mataron a Diego Roda eran balas policiales, salidas de las armas reglamentarias de dos efectivos de la hoy ya disuelta Policía Local.
En una persecución que puso en riesgo a varios vecinos de la zona, Fernando Grané y Gerardo San Miguel, ambos agentes de esa fuerza policial, con la excusa de reducir a los presuntos ladrones de una camioneta propiedad de un policía federal, literalmente salieron a cazar y equivocaron la presa. Llegaron en su recorrido a la calle en la que desafortunadamente Diego salía y se retiraba en su auto, dispararon cinco balazos sobre el vehículo en movimiento y provocaron su muerte casi inmediata, y heridas a la madre de su hijo.
La maquinaria de la impunidad se puso una vez más en marcha aquella noche y todo el despliegue policial, lejos de esclarecer el hecho, se encargó de enturbiarlo, distorsionarlo y encubrirlo. Con los jefes policiales de entonces a la cabeza, la tarea fue encubrir el accionar policial. Levantaron las vainas halladas en el lugar pero las guardaron en una caja literalmente sepultada en la oficina de la policía científica de Morón. Por años, nunca se supo nada de ellas ni de las armas reglamentarias utilizadas en la cacería. La idea desde un primer momento era “enrostrar el hecho a dos perejiles”.
La lucha incesante y denodada de la familia Roda, vilmente engañada por el tándem policial judicial, derivó en el asesoramiento y el patrocinio de CORREPI. La pericia que finalmente se realizó hace poco, probó que las cinco vainas pertenecen a las armas de los policías. En la reconstrucción material que ayer se llevó a cabo, todos los testimonios coincidieron en que los disparos fueron producidos cuando ellos llegaron al lugar y los presuntos ladrones ya habían fugado. Ambos policías reconocieron su participación en el hecho, aunque nada dijeron sobre los disparos.
Al término de la diligencia judicial, la fiscalía dispuso la aprehensión de los dos efectivos que finalmente quedaron imputados por el crimen.
Se van a cumplir cuatro años, y recién ahora van presos Grané y San Miguel. El primero, además, vino a la reconstrucción habilitado por otro tribunal que lo tenía en detención domiciliaria por una tentativa de homicidio que cometió, ebrio, con el arma reglamentaria, en un boliche bailable al que había concurrido fuera de servicio. Hubo que tolerar un homicidio encubierto y dos tentativas para que lo exoneraran de la fuerza.
Faltan muchas medidas más, como la detención de varios jefes policiales que pergeñaron y encubrieron la maniobra. Falta la condena a prisión perpetua de los asesinos y la condena efectiva a sus jefes. Falta el debido registro mediático de un nuevo hecho miserable de la policía bonaerense y el reconocimiento de mucha gente que prefiere mirar para otro lado y compra el discurso de la inseguridad a partir de las versiones policiales teñidas de mentiras y de encubrimientos.
Lo que no falta es la prueba contundente de una sentencia categórica de CORREPI:
