Hace casi dos años, el 13 de junio de 2019, empezó el juicio oral contra el policía bonaerense Giuliano Armando Fattori, que asesinó a Leonel Sotelo (19) el 1 de diciembre de 2016. Llegamos a ese debate después de años de lucha, y a pesar que el fiscal Pablo Rossi, de la UFIJ nº 8 de Violencia Institucional de Lomas de Zamora, dejó constancia en la indagatoria que a su criterio, Fattori no cometió delito alguno cuando disparó por la espalda a una persona desarmada.
En esa primera audiencia, la nueva fiscal, Viviana Simón, acompañó la denuncia de nulidad de esa “no indagatoria” y exigió que corrigiera. El Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 de Lomas de Zamora aceptó el planteo, que veníamos haciendo desde hacía dos años y medio, y ordenó suspender el debate para que el policía fuera indagado como correspondía, por homicidio.
Pasaron meses y años pasaron en la maraña de apelaciones y recursos. Finalmente, en diciembre de 2020, la causa quedó en condiciones de retomar el debate suspendido, pero en lugar de poner fecha para el juicio, el TOC 1 resolvió excusarse con el argumento de que había “perdido la imparcialidad” para intervenir, cuando nunca se pronunció sobre la responsabilidad penal de Fattori, sólo dijo que fue mal indagado.
En marzo, se sorteó nuevo tribunal oral. Pero apenas el TOC nº 2 recibió la causa en abril, en lugar de avanzar hacia el juicio, rechazó la competencia y devolvió al TOC nº 1, que sin dudas va a sostener su criterio, con lo que nuevamente la causa irá a la Cámara para resolver qué tribunal interviene.
Mientras los jueces se lavan las manos y se pasan la pelota para no hacer el juicio, se consolida la impunidad.
