La segunda ola

El miércoles 14 de abril, por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció una batería de nuevas restricciones a la circulación y prohibición de actividades, en el marco del agravamiento de la situación sanitaria que padecemos.
Al momento de redactar estas líneas no se ha publicado en el Boletín Oficial un decreto que reglamente tales medidas, por lo que sólo disponemos de las palabras grabadas en ese mensaje, que resumidamente nos informó de la restricción de la circulación entre las 20:00 y las 6:00, la suspensión de actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados, el cierre de los comercios y locales gastronómicos a las 19:00 y el cese de la presencialidad en las escuelas entre el 19 y el 30 de abril.
Lo que más impactó del mensaje presidencial fue que, mientras no anunció una sola medida social para las más de 19 millones de personas bajo la línea de pobreza, y los millones más que apenas la superan, el presidente dijera que va a hacer cumplir esas medidas con las fuerzas federales de seguridad, y que además pidió a las fuerzas armadas “que colaboren con la atención sanitaria”, brutales eufemismos para el control social represivo.
Al día siguiente, en un programa de radio, el presidente agregó que en el transcurso del día la ANSES daría a conocer una ayuda de $15.000 por única vez para titulares de AUH, asignación por embarazo y las dos categorías más bajas del monotributo, es decir, un universo sensiblemente inferior a la población más vulnerable y que, de nuevo, resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis, brutalmente descargada sobre el lomo de quienes menos tienen.
Como venimos diciendo desde hace casi un año y medio, ninguna medida que tienda a restringir la circulación y las actividades –correctas en el marco de la pandemia- puede ser sostenida sin el acompañamiento de la suficiente asistencia para quienes dependen del día a día para su subsistencia. La ausencia de ese apoyo, que tan simplemente podría brindarse con la adecuada implementación del impuesto a la riqueza, es suplida, en la decisión gubernamental, con la apelación a las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, que sólo traerán más represión y muerte para el pueblo trabajador.
No queremos ni necesitamos más uniformes en las calles. Su presencia no nos garantiza otra cosa más que represión creciente. La asistencia sanitaria debe estar a cargo del personal de salud, con salario y condiciones de trabajo dignos, vacunación y sin precarización, como sus organizaciones gremiales vienen reclamando.
Exigimos a los gobiernos nacional, provinciales y de la ciudad respuestas acordes a la gravedad de la situación, que resuelvan, y no que empeoren, nuestras condiciones de vida y reafirmamos nuestra convicción de que debemos seguir cuidándonos colectivamente, del virus y de la represión.