El martes 26 de octubre, el gobierno de Axel Kicillof facultó al ministro de Seguridad Sergio Berni a reclutar oficiales retirados de la policía bonaerense para “patrullaje interno”. Con el pago de la mitad del haber básico, más el monto jubilatorio con el que ya cuentan, el aumento represivo en las calles bonaerenses se alínea a la política nacional en un contexto de crisis social y económica creciente.
Amparándose en la Ley N° 14.806, prorrogada sucesivamente por su similar N° 15.165 y por el Decreto N° 1176/20, que enmarca la situación de la provincia de Buenos Aires en la “emergencia en seguridad”, el ministro Sergio Berni, con el aval del gobernador Axel Kicillof, dispuso la reincorporación de efectivos pertenecientes al escalafón Suboficiales y Tropa, al escalafón Único y al subescalafón General, que se encuentren actualmente retirados.
Según lo expresado en la comunicación oficial, las tareas que llevarán adelante “quedan sujetas a las necesidades del servicio”. Nada tienen que ver las necesidades de millones de bonaerenses, en este contexto de crisis galopante, con más policía en las calles. Habría que preguntarle al ministro Berni por qué siempre la solución es la saturación represiva en los barrios y no poner los ojos sobre el crimen organizado, del que la policía -y particularmente la bonaerense- es parte central, y a partir del cual se intenta reclutar a nuestrxs pibxs para sus negocios. O en qué puede aportar a la situación social la presencia de más efectivos en la calle, como los que desaparecieron y asesinaron a Facundo Astudillo Castro, o reprimieron en Guernica.
La medida incluye, para quienes se reincorporen, el pago de lo que conforma hoy la remuneración básica, pero manteniendo también el cobro mensual de la jubilación en curso. Todo esto, por supuesto, sumado a los fondos destinados al equipamiento represivo. Desde CORREPI históricamente hemos sostenido que la represión estatal NO ES TRABAJO. Pero más allá de eso, nos preguntamos cómo es posible que en una provincia en la que 7 de cada 10 chicxs se encuentran bajo la línea de pobreza, con casi 11% de los hogares en la indigencia, casi dos millones de familias afectadas por el déficit habitacional, más la situación inhumana que se viene dentro de las cárceles, Kicillof y Berni decidan destinar recursos a la saturación represiva en las calles. Lejos de “soluciones”, esta situación va en línea con la política que viene llevando adelante el flamante ministro de la cartera nacional Aníbal Fernández, tal como lo hemos señalado, más allá de rencillas twitteras, y sólo puede empeorar la situación en los barrios a los que esta escalada está direccionada.
Como si algo faltara, serán las propias dependencias policiales -Asuntos Internos y la Superintendencia de la Policía Científica- las encargadas de presentar la información correspondiente sobre antecedentes penales, “a fin de informar si el personal se encuentra imputado en el marco de causas administrativas en instrucción y/o pendiente de resolución”, según dice el texto difundido sobre esta normativa. Denunciamos enfáticamente el destino de recursos a esta tarea, al mismo tiempo que alertamos sobre el sinfín de irregularidades que podrían desprenderse de dependencias de la propia fuerza investigándose, en definitiva, a sí misma. En nuestra Agenda Represiva Urgente, entre sus puntos principales, exigimos la aplicación estricta de las medidas internas de suspensión del servicio de funcionarios de las fuerzas implicados en causas penales por hechos represivos.
Repudiamos esta medida impulsada por el gobierno bonaerense, y denunciamos nuevamente su intención por ampliar el despliegue represivo en las calles, en sintonía con el gobierno nacional, en este contexto de permanente movilización popular en reclamo de condiciones de vida digna y defensa de nuestras conquistas.
