Siete días, siete asesinatos a manos de las fuerzas represivas: Gianfranco Fleita Cardozo (25) en Don Torcuato, Richard Junior Gómez (25) en Monte Grande, Alejandro “Tino” John (62) en Lago Puelo, Chubut, Juan Francisco Ghergo (29) en el barrio porteño de Saavedra, María José Fernández (36) en La Banda, Santiago del Estero y Victoria Herrera (6) en Virrey del Pino.
Termina una semana en la que siete asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, con distintas modalidades, confirman que aumentar el despliegue de las fuerzas en las calles no puede ser parte de la solución a la situación sanitaria. Por el contrario, es la presencia policial en las calles y barrios la que nos pone en peligro.
El miércoles 26 de mayo, Richard Junior Gómez, un pibe de 25 años con adicciones que vivía con su familia en Monte Grande, subió a una pieza en desuso en la parte superior de la casa y por allí salió al techo, como a veces hacía para eludir la vigilancia familiar sobre su consumo. Una vecina, oficial de la policía bonaerense de 27 años, se despertó de la siesta y lo vio por la ventana. Salió al patio con su arma reglamentaria y disparó seis veces contra Richard. Tres disparos lo impactaron, uno en la nuca. Richard cayó y quedó colgando de un árbol. Aunque la fiscalía nº 4 de Esteban Echeverría apartó a la policía bonaerense de la instrucción, de entrada admitió la historia de un intento de robo y no tomó medida alguna en relación a la oficial, cuyo nombre fue preservado cuidadosamente. La familia de Richard, que denunció hostigamiento por parte de la policía bonaerense, se puso en contacto con CORREPI para presentarse como parte en la causa.
El jueves 27, en Lago Puelo, Chubut, efectivos del GEOP, grupo especial de la policía provincial allanaron el domicilio de Alejandro “Tino” John, un hombre de 62 años que padecía trastornos psiquiátricos. Durante el violento operativo, originado por una denuncia de vecinos cuando el hombre sufrió un brote psicótico, la pareja de Tino permaneció maniatada a una silla y sólo una hora después supo que su compañero había recibido un disparo fatal en la cabeza. Mientras el ministro de Seguridad, Federico Massoni, se apresuró a calificar el accionar policial como correcto, la fiscalía interviniente recibió múltiples comunicaciones de organismos de DDHH de la zona, y un pedido de explicaciones de la Embajada de EEUU, ya que Tino tenía doble nacionalidad.
El viernes 28 de mayo, en La Banda, Santiago del Estero, Rafael Arce Ibáñez, de la Guardia de Infantería de la policía provincial, mató de un disparo a su esposa, María José Fernández, de 36 años. El femicida luego se suicidó con la misma arma reglamentaria.
La madrugada del sábado 29, en Don Torcuato, partido de Tigre, personal del COT (Centro de Operaciones Tigre) detuvo a Gianfranco Fleita Cardozo (25) a media cuadra de la casa de su novia. Luego de una brutal golpiza, mientras lo trasladaban a la comisaría 3ª, Gianfranco murió dentro del patrullero. El mismo sábado, familiares y amigxs movilizaron a la fiscalía para exigir justicia. Fueron reprimidxs por la misma policía que mató a Gianfranco, y detuvieron a siete de ellxs. Con el acompañamiento de CORREPI, la familia ya está incorporada como particular damnificada en la causa, en la que, hasta donde sabemos, fue allanada la sede del COT, hay imputados 11 integrantes del COT, entre policías e inspectores municipales, y uno de éstos, de apellido Cevasco, se encuentra detenido. Hoy, la familia, vecinxs, y amigxs de Gianfranco movilizarán nuevamente, esta vez a Panamericana y Ruta 202, para continuar exigiendo justicia por su asesinato.
La madrugada del domingo 30 de mayo, Juan Ramón Herrera y Natalia Bergamaschi, ambos integrantes de la Policía de la Ciudad, tuvieron una violenta discusión en su casa de Virrey del Pino, La Matanza. Herrera amenazó a la mujer con su arma reglamentaria e hizo un disparo. La bala impactó en el abdomen de Victoria, hija de 6 años de ambos que dormía en la misma habitación. La nena murió camino al hospital. El policía fue detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo. En su defensa argumentó que “no sabe cómo se produjo el disparo”.
Finalmente –hasta donde sabemos-, el lunes 31 por la noche, en el barrio porteño de Saavedra, Juan Francisco Ghergo (29) fue asesinado por un oficial de la policía de la Ciudad de un disparo en la espalda. Inicialmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, a cargo de Diego Santilli, intentó instalar la versión del policía, naturalmente un intento de robo, y la propia fuerza aseguró que el disparo había sido por el pecho producto de un “tiroteo”. Lo cierto, según las pericias realizadas por la Policía Federal, es que el disparo ingresó por la “región escapular derecha”. Es decir, por la espalda. Enteradxs de la noticia, familiares y amigxs de Juan, que estaba desocupado luego de haber trabajado para la cooperativa del Barrio Mitre donde vivía, se acercaron al lugar donde todavía estaba tirado su cuerpo y fueron reprimidos por la policía de la Ciudad con disparos de balas de goma. La causa está a cargo de la jueza Elizabeth Alejandra Paisan y del fiscal José Campagnoli, que era conocido en los `90, junto a sus colegas Norberto Quantín y Pablo Lanusse como “Los Centauros”, por tener cabeza de fiscal y cuerpo de patrullero. Naturalmente no se tomaron medidas respecto del policía, que está en libertad.
Cuando trascienden hechos como estos siete, muchxs caen en la tendenciosa reflexión propiciada por la forma en que los medios hegemónicos los abordan: “algo habrán hecho”. Un prejuicio que reconoce paralelismo con el “por algo será” instalado por la dictadura, que omite la elemental consideración de que, al menos legalmente y gracias a la lucha constante de quienes salimos a las calles cada vez que se intenta avasallar nuestros derechos, no existe la pena de muerte en nuestro país. Ni a punta de pistola, ni en un patrullero o una comisaría. En nuestro Informe de la Situación Represiva Nacional 2020, advertimos que el gatillo fácil y las muertes en lugares de detención representan el 91,24% de los asesinatos en manos del aparato represivo estatal en el último año (25,06% y 66,18%, respectivamente).
Estos contundentes datos son suficientes para denunciar y repudiar el incremento de fuerzas locales y federales ante cada medida sanitaria que se toma para paliar el avance de la pandemia de la COVID-19. También nos obligan a redoblar los esfuerzos para hacer frente a propuestas reaccionarias, como la esbozada esta semana por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni, quién (en tono de campaña) alentó nuevamente la implementación de una ley penal juvenil que baje la edad de punibilidad de niñxs y adolescentes. En un contexto social con casi el 60% de lxs chicxs en la pobreza, es más canalla e inadmisible un planteo de esa naturaleza.
La misma podredumbre revistieron las manifestaciones públicas de los principales referentes de Juntos por el Cambio, con la ex ministra Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri y el actual Jefe de Gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, que “lamentaron” la infame condena de dos años en suspenso para el policía asesino Luis Chocobar, y le brindaron su apoyo. Desde ya que esto no sorprende, teniendo en cuenta que el gobierno de Cambiemos fue el más represor desde la vuelta de la democracia. Lo lamentable es la vigencia, en términos judiciales, de la “Doctrina Chocobar”, y extraño y repudiable es el criterio de los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete, que consideraron que el intento de robo ameritaba una mayor pena que el asesinato por la espalda ejecutado por el policía, y condenaron al amigo de Juan Pablo Kukoc a 9 años de prisión.
Entendemos, por supuesto, que estos hechos solo podrán terminar de una vez y para siempre cuando encuentre su final un sistema que necesita de la represión para lograr el disciplinamiento y el control social. Sin embargo, hay medidas como las que impulsamos en la Agenda Urgente Antirrepresiva hace varios años, con reivindicaciones que, sin limitar ni entorpecer la lucha de fondo, proponen intervenir en la realidad cotidiana para reducir el continuo crecimiento del impacto de las políticas represivas en la clase trabajadora. Es por esto que exigimos:
• Derogación de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias
• Prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio
• Prohibición de dar defensa institucional a miembros de las FFSS en causas penales
• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión
• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos
