Ante la designación de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema recordamos su prontuario, publicado por CORREPI en 2015, cuando fue designado por decreto por Mauricio Macri. Compartimos un fragmento de la nota, y el link para leer el racconto completo:
“Fue fiscal municipal de la ciudad de Santa Fe en 1989; Secretario de Gobierno, Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe en 1991; Secretario General de la Gobernación de la Provincia de Santa Fe en 1993; Convencional Constituyente por Santa Fe en 1994; Intendente Municipal de la ciudad de Santa Fe entre 1995 y 1999; Procurador General del Tesoro de la Nación de 2003 a 2004, y Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de 2004 a 2005.
Parece formar parte de otra historia que el martes 29 de abril de 2003, una enorme inundación cubrió la ciudad de Santa Fe, y causó 23 muertos reconocidos por el gobierno (los vecinos denunciaron 114), y más de 130.000 damnificados. Horacio Rosatti, en su gestión como funcionario del gobernador Carlos Reutemann y luego como intendente, junto con el propio Reutemann y Jorge Obeid, fue el gran responsable de la tragedia, que no se debió a inevitables causas naturales. En agosto de 1997, los tres participaron del acto inaugural de la defensa oeste de la ciudad, obra inconclusa que permitió que el río Salado se tragara un tercio de la ciudad de Santa Fe.
También es una historia silenciada que, durante el desempeño de Rosatti en la secretaría de gobierno provincial y el municipio, fueron más de 80 los asesinados por la policía y el servicio penitenciario santafesinos.
Tampoco se menciona que, tal como se señala en la sentencia dictada por la Corte IDH en el Caso Bulacio, el nuevo juez, entonces Procurador General del Tesoro, fue designado, el 4 de julio de 2003, como agente titular para representar al Estado Nacional en el tramo final del juicio. Es, por lo tanto, uno de los responsables directos de la decisión del gobierno argentino de incumplir esa condena contra el Estado, que le imponía, además de sancionar a los responsables, eliminar todas las formas normadas y no normadas de facultades policiales para detener personas arbitrariamente, que doce años después siguen rozagantes y ampliadas en todo el territorio nacional.
Un año después, el 26 de julio de 2004, Rosatti juró como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Néstor Kirchner, en reemplazo de Gustavo Béliz, echado del gabinete cuando perdió la pulseada con el hombre fuerte de la SIDE, el espía Jaime Stiusso. Rosatti, además de promover que la Secretaría de Seguridad (es decir, el comando conjunto de las fuerzas de seguridad federales, PFA, PNA y GNA) dejara de depender de Justicia y volviera al Ministerio del Interior, se dedicó durante su gestión ministerial a mejorar vínculos con la fuerza que quedó bajo su dirección, el Servicio Penitenciario Federal.
Quiero agradecer el compromiso renovado del SPF en un contexto social tan difícil que suma desafíos, ya que el crecimiento poblacional penal no se ha detenido en los últimos 20 años, expresó el ministro en un acto del Día del Penitenciario, mientras las estadísticas oficiales de la Procuración Penitenciaria Nacional informaban que ese año marcó un pico en el crecimiento de la población carcelaria (y, por ende, de la tortura y la muerte), con 9.735 presos en unidades federales, récord que sólo se superaría a partir de 2007 (hoy son 10.350).
Antes de ceder la conducción política de la Policía Federal a su colega ministerial Aníbal Fernández, Horacio Rosatti confirmó como jefe de la fuerza al comisario Néstor Vallecca, cuyo principal antecedente fue la represión que comandó contra estudiantes y militantes de DDHH durante un escrache al domicilio del genocida Etchecolatz, y designó como subjefe al comisario Jorge Oriolo, que defendió a puro gas lacrimógeno y balazos la embajada yanqui en marzo de 2003, durante la movilización de repudio a la invasión a Irak. Su segundo en el ministerio fue el experimentado Alberto Iribarne, que ocupó la misma Secretaría con Carlos Corach primero y con Juan José Álvarez después, tras el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, desde donde dirigió, el 21 de abril de 2003, la represión a los trabajadores y militantes de Brukman.
Sería interesante que algún periodista, antes de deshacerse en elogios al idóneo nuevo miembro de la Corte, recordara esta otra historia, o se preguntara, al menos, en qué quedó la denuncia formulada contra Horacio Rosatti en mayo de 2005, cuando fue acusado de presionar a la Oficina Anticorrupción Nacional, que dependía del entonces Ministro de Justicia, para que se archivara la investigación contra su ex jefe, Carlos Reutemann, por la malversación de Fondos Públicos con motivo de la inundación de 2003.“
