Compartimos a continuación el documento elaborado por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, leído en el acto realizado en Plaza de Mayo, en memoria de nuestrxs 30.000 compañerxs detenidxs – desaparecidxs.
Compañeras/os/es. Al cumplirse hoy 46 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia volvemos a desbordar esta Plaza de Mayo para gritar: ¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes! ¡No al acuerdo gobierno-FMI!
Desde el Encuentro, logramos que la FIFA postergue para mañana 25 el partido Argentina-Venezuela, en vez de hoy. El 24 de Marzo es un día de repudio, de memoria y homenaje, un día de lucha y movilización, acá y en todo el país.
Y una vez más, reivindicamos a las y los 30.000 compañeros, sus luchas y sus banderas. Por la liberación nacional y social, por el gobierno de los trabajadores y el socialismo, por la patria liberada, dieron lo mejor de sus vidas por el bien de nuestro pueblo trabajador y nuestro país. ¡Las y los 30.000, presentes!
El terror genocida del Estado no empezó con el golpe sino en el 74-75, bajo el gobierno de Perón e Isabel. Antes estuvo la Masacre de Trelew, de la que en agosto se cumplirán 50 años. Y siguió con el llamado Operativo Independencia en Tucumán y con la Triple A, banda fascista que secuestró y asesinó a más de mil activistas, delitos que en su gran mayoría aún siguen impunes.
La dictadura cometió delitos de lesa humanidad durante la noche más oscura que haya vivido nuestro país. Organizó miles y miles de secuestros, torturas y asesinatos de militantes y activistas populares. Robó cientos de bebés. Montó más de 600 centros clandestinos de detención. Suspendió y prohibió a los partidos políticos. Intervino a los sindicatos. Censuró a la prensa y prohibió a artistas. A sangre y fuego, impuso el horror total del genocidio.
El objetivo político del golpe fue derrotar al movimiento obrero y de masas, que venía en alza desde el Cordobazo y con la huelga general del Rodrigazo en 1975 enfrentaba al gobierno del PJ. Y ese terror se impuso con un objetivo económico: aumentar la explotación y la entrega. Como bien denunció Rodolfo Walsh en su Carta abierta a la Junta militar un día como hoy, el 24 de marzo de 1977: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor, que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar… Dictada por el FMI según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales”.
La dictadura, alentada por la banca y los empresarios, y por el imperialismo yanqui como parte del Plan Cóndor, tuvo complicidades civiles: el PJ, la UCR y otros partidos, la burocracia sindical, el sistema judicial, la cúpula de la Iglesia y los grandes medios. Y fue financiada por el FMI, que ya desde 1956 actuaba en el país. Como confirman los documentos desclasificados del Departamento de Estado yanqui años después de la caída del gobierno militar, el Fondo conocía bien los crímenes que aquí se cometían. O sea, fue copartícipe necesario del genocidio que hoy volvemos a repudiar. El gobierno militar multiplicó con creces la deuda externa, que trepó de 7.000 millones de dólares en 1976 a 47.000 millones en el 83. Fue contraída a punta pistola y hasta la doctrina jurídica internacional la reconoce como una deuda odiosa, porque perjudicó al pueblo y al país, y el acreedor lo sabía. Además la dictadura favoreció a los grandes grupos capitalistas, los mismos de siempre, y en el 82 estatizó la deuda privada.
En el 83, la dictadura dictó la ley de autoamnistía. Y los gobiernos posteriores, junto a pagar la deuda con privatizaciones y ajuste, buscaron la impunidad de los genocidas. El juicio sólo a las juntas en el 85. El punto final y la obediencia debida en el 86 y 87. Los indultos de Menem en los 90. Y la derogación trucha del 98. Pero a fines de 2001, con el Argentinazo, abrimos el camino de justicia y en 2003 logramos anular las leyes de impunidad y reabrir los juicios a los genocidas. Y en 2017 también derrotamos el intento de darles el 2×1.
La lucha ejemplar y sistemática del movimiento de derechos humanos y las organizaciones populares, con apoyo social, derrotó cada intento de impunidad. Hasta hoy logramos 1.044 represores condenados y 602 procesados. Es una enorme victoria democrática, ya que en ningún otro país del mundo se logró juzgar un genocidio cometido por el propio Estado. A la vez, aún no se abrieron todos los archivos y las causas se vienen lentificando, a riesgo de dejar impunes a muchos represores.
Hoy, a poco más de 20 años del Argentinazo, ese “partido único de la deuda” que de hecho son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ha aprobado en el Congreso un nuevo acuerdo con el FMI que significa más penurias para el pueblo trabajador y más entrega de la soberanía. Han legitimado una estafa histórica, el famoso préstamo de 45.000 millones de dólares al gobierno de Macri, el más alto en toda la historia del FMI, que terminó en favor de los bancos y la fuga de capitales. Pero la responsabilidad política no es sólo de Macri, sino también del gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Aunque denunció ese préstamo ante la justicia, lo terminó convalidando. Firmó el acuerdo, lo ratificó en el Congreso junto al macrismo y lo paga dólar sobre dólar. Todo a costa de ajuste a la clase trabajadora y el pueblo, y de resignar soberanía en forma escandalosa.
Ese acuerdo es un doble ataque a los derechos humanos. Por un lado, las medidas pactadas con el Fondo atacan derechos humanos básicos. Traen más pobreza, bajos salarios, desempleo, precarización laboral. Bajar jubilaciones y pensiones, y subir la edad jubilatoria. Cerrar planes sociales. Menos presupuesto a salud, educación, cultura, políticas de género y diversidad. Y ataque a los derechos ambientales y de la naturaleza. Los 2.800 millones de dólares que se pagarán el 31 al FMI equivalen a 65 mil viviendas populares y 325 mil empleos.
El acuerdo también ataca los derechos humanos, porque ningún ajuste pasa sin represión. Así fue con la ofensiva durante el macrismo, con Patricia Bullrich alentando el gatillo fácil y la doctrina Chocobar, y represión a la protesta social y en los barrios. Y pese a la derogación de algunas medidas lograda con lucha popular al inicio del actual gobierno, con la excusa de controlar la pandemia desplegó y envalentonó a las fuerzas represivas. Estas pésimas medidas implicaron, a fines de 2021, una persona asesinada por el Estado cada 17 horas.
Mientras Larreta aumenta el presupuesto para construir comisarías en vez de escuelas, en una Ciudad con 50.000 pibes y pibas sin vacantes, en la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni recibe más presupuesto para incorporar 20.000 efectivos a la “maldita Policía Bonaerense”. Y el gobierno nacional, que a poco de asumir planteó “dar vuelta la página” de las Fuerzas Armadas, ahora le asigna más de 15.700 millones de pesos a equipamiento militar, la principal inversión. A la hora de reprimir, no hay grieta. Y este accionar alimenta a la derecha política más rancia, con su discurso negacionista del genocidio y contra los derechos humanos. Todo ello, además, es funcional a los ataques de tipo fascista, que repudiamos. Otro ejemplo de persecución política fue la sufrida el 10 de marzo en Congreso en la marcha contra el acuerdo gobierno-FMI, por la cual siguen ordenando nuevas detenciones, que rechazamos de plano. Por eso decimos: ¡Basta de perseguir a las y los que luchan! ¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
Desde esta plaza del pueblo, nuestra plaza, en este 24 de Marzo volvemos a reclamar por los derechos humanos de ayer y de hoy:
- Porque queremos saber toda la verdad sobre qué paso con las y los 30.000, exigimos al gobierno y al Estado la apertura de todos los archivos de la represión.
- Porque la lucha popular ya la recuperó para más de 130 pero aún falta para muchas y muchos, reclamamos la restitución de su identidad a los 400 jóvenes apropiados.
- Porque 806 de los represores enjuiciados murieron sin sentencia, con impunidad biológica, demandamos la aceleración y unificación de las causas de lesa humanidad. ¡Juicio y castigo a todos los represores, por todos los compañeros!
- Porque el 75% de los condenados está en su casa en vez de cárcel común, exigimos el fin del privilegio de las prisiones domiciliarias a genocidas.
- Y un día como hoy, no podemos dejar de recordar a Jorge Julio López, cuya segunda desaparición ocurrió en democracia. ¡Julio López, presente!
- Porque muchas ex presas y presos políticos, ex exiliados, hijas e hijos y sobrevivientes del terrorismo de Estado reciben pensiones exiguas, están mayores, enfermos y sin obra social, decimos basta de cajonear expedientes y exigimos el cumplimiento efectivo de las leyes reparatorias.
- Porque la protesta es un derecho democrático, decimos basta de criminalizar las luchas y de persecución, cierre de las causas a activistas y anulación de las llamadas leyes antiterroristas. Libertad a Milagro Sala, Sebastián Romero, Oscar Santillán, Jaru Rodríguez, Julián Lazarte y demás presas y presos políticos. Absolución a Daniel Ruiz y César Arakaki. No a la extradición y libertad a Facundo Molares.
- Porque no queremos ni un pibe ni piba menos, decimos basta de gatillo fácil, razzias y detenciones arbitrarias, desapariciones, femicidios de uniforme, redes de trata, torturas y muertes en sitios de detención. ¡Justicia para todas las víctimas! ¡Juicio y castigo a los represores!
- A poco de cumplirse 20 años de la Masacre de Avellaneda, exigimos juicio y castigo a los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maxi Kosteki. Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elías Garay, Luis Espinosa, Florencia Morales y demás víctimas de la represión estatal. Compañeros Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, ¡presentes!
- Junto a las luchas feministas y disidentes, exigimos que Tehuel aparezca con vida y festejamos la absolución de Higui, otra victoria de la movilización LGBTI+.
A la vez, exigimos la investigación y el no pago de la deuda externa. Fuera el FMI, su control y sus monitoreos trimestrales, que son un verdadero cogobierno colonial. Plata para salarios, jubilaciones, empleo, vivienda, salud, educación y asistencia a las víctimas de violencia de género. Apoyamos todas las luchas obreras y populares del país. Y decimos: no al extractivismo, que es contaminación, saqueo y ecocidio. Y en el camino del Chubutazo y el Atlanticazo, solidaridad con la huelga climática mundial.
Tampoco somos indiferentes a la realidad de nuestro continente y del mundo. Por eso reclamamos justicia por las niñas asesinadas en Paraguay, aparición con vida de Lichita y libertad a Carmen y Laura Villalba. Libertad a los presos políticos en Chile, Colombia, Nicaragua y en toda América Latina y el mundo. También decimos: No a la guerra. Libertad a los presos anti-guerra. Fuera las tropas rusas de Ucrania. Fuera la OTAN y Estados Unidos del Este de Europa.
Para cerrar este acto masivo, a 46 años del golpe, y desde esta Plaza de Mayo colmada de emoción y fuerza, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia volvemos a decir: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. No bajamos ni una sola de nuestras banderas. Seguimos la lucha y la resistencia en las calles contra el Fondo y el plan de ajuste, que no pasará sin lucha. ¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes! ¡No al acuerdo gobierno-FMI! Nos vemos en las luchas.
