Hoy cumple 19 años la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Bulacio. La detención, tortura y muerte de Walter, de 17 años, ocurrida el 19 de abril de 1991 en la ciudad de Buenos Aires, nos permitió someter a análisis de ese tribunal, superior a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo el sistema de detenciones arbitrarias en Argentina. El fallo fue lapidario: La Corte IDH consideró probado que en nuestro país las fuerzas de seguridad gozan de facultades para detener personas arbitrariamente, a través de prácticas normadas, como la averiguación de antecedentes o detenciones para identificar, y los arrestos preventivos en materia contravencional, y de prácticas no normadas, pero toleradas, como las razzias. Y ordenó la adecuación de la legislación interna del país para eliminar todas esas prácticas, normadas o no normadas, ya que son violatorias de los principios básicos que el Estado Argentino se comprometió a respetar cuando suscribió como parte la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
En estos 19 años, se sucedieron gobiernos de los más diversos colores y matices, tanto nacionales como en otras jurisdicciones, sin que, a la fecha, ninguno de ellos cumpliera ese fallo del organismo regional. Mientras tanto, a diario vemos corroborado que más de la mitad de las personas que mueren bajo custodia en una dependencia policial, eran víctimas de alguna de esas facultades discrecionales para detener personas arbitrariamente. Daiana Abregú, Jonathan Romo, Gabriel Pintos, Fátima Barrios y Erik Valdez, fueron detenidxs por contravenciones. Fabián Gallardo y Alejandro Martínez, por averiguación de antecedentes. Apenas si algunos nombres de los muchos que tenemos registrados en nuestro Archivo de Casos en los últimos 12 meses. No hubieran muerto si las policías no gozaran de esas facultades para detener a cualquiera, en cualquier lugar o momento, sin orden judicial ni delito flagrante.
Cuando un juez o un fiscal quieren ordenar la detención de alguien, deben tomarse el trabajo de fundamentar por escrito, al menos con cierta apariencia, las razones y pruebas en que se basan. Un policía, en cambio, no necesita otro argumento que su propia decisión. El sistema de detenciones arbitrarias produce decenas de miles de privaciones de libertad sin causa por año y por distrito. Más de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial, no está allí por una acusación penal. Y son quienes preferentemente “aparecen sin vida”.
Estas detenciones se vinculan de manera directa con las prácticas de recaudación, como pueden atestiguarlo vendedores ambulantes, manteros, trapitos, personas en estado de prostitución, artistas callejeros y todxs lxs que, de una forma u otra, se la rebuscan para sobrevivir en la vía pública. Todxs saben que tienen dos opciones: pagar puntualmente la “cuota” a la comisaría, o ser hostigadx sistemáticamente con las detenciones, en las que, además de perder un día de trabajo (y la mercadería, en su caso), nunca falta alguna trompada que recuerde al infractor que mejor que denunciar es arreglar.
También hay esquemas más elaborados, como cuando la brigada “levanta” alguien bien vulnerable, por ejemplo con algún pasado de “conflicto con la ley”, y, siempre después de un par de golpes que funcionan como “incentivo”, le ordena que vuelva con una suma de dinero variable, bajo amenaza de armarle una causa. Le pasó a Desiderio Meza, que tuvo el buen tino de avisar a CORREPI, lo que permitió la detención de los policías de la comisaría 30ª con las manos en la masa, pero también a Jorge “Chaco” González, que murió 14 días después por la hemorragia interna causada por las patadas en la comisaría 5ª de Fiorito. O aprovechan estas facultades de llevarse alguien a la comisaría para “ablandarlo” y que se haga cargo de algún delito que los policías no tienen ganas de investigar. Así murió Sergio Durán, a los 17 años, en la comisaría 1ª de Morón, y desapareció Andrés Núñez en La Plata, en 1990.
Porque el sistema de detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a la tortura, nos cuesta vidas. Más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, era, según el eufemismo policial/judicial, “personas demoradas” o “contraventoras”, no detenidas, arrestadas o aprehendidas por orden judicial o delito flagrante.
No podemos permitir que siga pasando el tiempo con la sentencia del Caso Bulacio sin cumplir. Convocamos a todas las organizaciones, compañeros y compañeras que no quieren vivir en libertad vigilada, a impulsar una campaña nacional contra todas las formas de detenciones arbitrarias, que nos permita sumar fuerzas para romper con la naturalización de las prácticas represivas y para organizar la bronca y la resistencia.
BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS
NI CONTRAVENCIONES NI AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES
¡CUMPLAN EL FALLO BULACIO YA!
