El jefe de gobierno tiene aprobado su Presupuesto 2022, en el que planea destinar más fondos a la construcción de comisarías que a la infraestructura escolar o de salud. Al mismo tiempo, impulsa un proyecto para que lxs estudiantes de quinto año vayan a trabajar gratis. Para Larreta, el destino de lxs pibxs es el calabozo o la precarización laboral.
Hace unos días, desde CORREPI denunciábamos el incremento de recursos destinados a la represión para el ministerio de Seguridad bonaerense a cargo del funesto Sergio Berni, en medio de la crisis social, económica y habitacional que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Del otro lado de General Paz, en la Ciudad, la situación no es para nada distinta. En esto, pareciera no existir grieta.
El 9 de diciembre se aprobó en la Legislatura porteña la ley de presupuesto enviada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Un presupuesto que él mismo definió “de contingencia”, a partir de la disputa que sostiene con el gobierno nacional por la distribución de la coparticipación federal. Esta excusa no tiene un mínimo de validez. El 90% de los recursos de la Ciudad son propios (de lo que el 70% corresponde al impuesto a los ingresos brutos de actividades instaladas en CABA) y, además, prevé un superávit de $181.085 millones para 2022.
Amparado en esto, el gobierno porteño decidió, por ejemplo, aumentar la partida destinada a salud en un 28%, llevándola a un 16,4% sobre el total del presupuesto, permeable a la posibilidad de perder peso específico ante el aumento inflacionario, que con certeza estará ampliamente por sobre ese número. Pero para que queden claras cuáles son sus prioridades, Larreta decidió sostener, en términos porcentuales, su “inversión” para la cartera de Seguridad en un 15,9%. Casi 6% más que, por ejemplo, lo destinado a Promoción Social. Es decir, en la ciudad más rica del país, donde enfermerxs no son reconocidxs como personal de salud y médicxs ganan salarios de miseria, el gobierno del PRO (que ya lleva 14 años al frente de la gestión), decide destinar prácticamente la misma cantidad de recursos a la salud que a la represión.
Pero peor es aún la situación si se pone la lupa sobre algunos reflejos centrales en el desglose de estos números fríos. La remuneración básica de un miembro de la Policía de la Ciudad, incluyendo ítems suplementarios, se encuentra en torno a los $90.000. Es decir, la fuerza más letal del país, que lleva 121 asesinatos a punta de pistola desde su creación, y que este año se cobró, entre otras víctimas, la vida de Lucas González de dos tiros en la cabeza, percibe un ingreso mayor al del 80% de los trabajadores del país y casi el doble del 60% que apenas llega a los $50.000, según cifras del INDEC. Ni hablar si comparamos con unx enfermerx, aquellxs que continúan poniéndole el cuerpo a la pandemia, que con suerte llega a los $45.000. Para el jefe de gobierno porteño parece ser más importante aleccionar a lxs pibxs a punta de pistola, que salvar vidas en una sala de terapia intensiva.
Si volvemos al presupuesto, también podemos ver que Horacio Rodríguez Larreta planea gastar más en construcción y refacción de comisarías que en infraestructura escolar, y casi el triple que en infraestructura de hospitales públicos. El gasto destinado a la infraestructura represiva alcanzará este año los $3.161 millones, mientras que a las escuelas irán destinados $3.021 millones y para hospitales apenas $1.124 millones.
Esto tiene total coherencia, si tomamos en cuenta la ley recientemente impulsada por el PRO en la Ciudad, bajo la premisa de “Secundarias del futuro”. Este proyecto busca obligar a lxs alumnxs de quinto año de los colegios secundarios a realizar 120 horas de “prácticas profesionales” en el sector privado y algunas dependencias públicas, más 30 horas de espacio de capacitación sobre educación financiera y “habilidades blandas” para el trabajo. Actualmente esto se lleva adelante en 91 instituciones escolares, y la ley busca extenderlo a un total de 442, alcanzando así a 29.400 estudiantes. A pesar del enorme maquillaje con el que esta iniciativa fue presentada y el interminable blindaje mediático a base de pauta que sostiene el gobierno porteño, es imposible esconder lo que realmente significa: precarización laboral sobre menores, pura y dura. Esto implica menos estudiantes en las aulas, mientras son explotadxs por empresas privadas, no solo a costo cero (las “pasantías” son no remuneradas) sino también subsidiadas por el propio gobierno porteño. Mano de obra gratis y transferencia de recursos del estado al sector privado. El destino de lxs pibxs en la Ciudad de Buenos Aires para 2022 está escrito: la precarización laboral o el calabozo.
Estas medidas constituyen una muestra de lo que Larreta proyecta de cara a su candidatura presidencial. La Ciudad de Buenos Aires en particular, y el país en general, se encuentran subsumidos en una crisis económica, social y habitacional de magnitudes astronómicas. La debacle macrista, la deuda y la decisión política de todos los sectores políticos hegemónicos de “resolverla” acordando con el Fondo Monetario Internacional, y la pandemia agravada a partir de una gran cantidad de malas decisiones por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales, constituyen un yunque sobre la cabeza de un pueblo trabajador que no resiste una sola medida más en su contra. Cualquier intento de ajuste en el corto plazo no pasa, como ocurre siempre, sin represión. Y, como vemos, la derecha rancia, representada, entre otros, por Horacio Rodríguez Larreta, ya proyecta a nivel local el modelo de país que buscará llevar adelante desde 2023.
