El jueves 10 de marzo, mientras se votaba la estafa del Fondo Monetario Internacional en Diputados, la policía de la Ciudad reprimió la movilización en la puerta del Congreso. Lo que vino después fue una cacería militante utilizada para desviar el foco de lo importante: otro pacto cerrado a espaldas del pueblo
La movilización popular fue el distintivo durante las dos jornadas en las que gran parte del oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio convalidaron el endeudamiento ilegal que el propio frente macrista contrajo con el FMI cuatro años atrás. Sin embargo, en la primera de ellas, pudimos ver el inicio de una etapa represiva que CORREPI ha advertido hasta el cansancio, a partir de la presencia de este organismo buitre en nuestro país.
Durante la represión a la movilización, fue detenido Oscar Santillán, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Histórico. Pero la persecución no terminó ahí. El viernes siguiente, la vicepresidenta Cristina Fernández publicó un video (digno del festival de cine de Mar del Plata) en el cual llevó adelante un doble juego de persuasión: utilizó la movilización de forma reivindicativa para agitar la interna de la alianza gobernante que integra, al mismo tiempo que instaló la peligrosa versión de un supuesto “armado” para atentar contra ella.
Es imposible escindir esta decisión política de la posterior intervención judicial en una línea que abre una puerta peligrosa para el contexto de lucha que nos depara el acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Porque a la detención de Santillán, se sumaron en los días siguientes las de Jaru Rodríguez y Julián Lazarte. Y a los tres, se les asigna la misma imputación, que suma al clásico “combo manifestación” (atentado a la autoridad, daño calificado, lesiones, obstrucción de la vía pública) el delito de “asociación ilícita”. Es decir, implica caracterizar a los tres compañeros (que no pertenecen a una misma organización) como parte de un grupo previamente conformado para cometer delitos. Este relato absolutamente arbitrario no es lo único absurdo. CORREPI asumió la defensa de Julián Lazarte, uno de los represaliados. Entre las “pruebas” en su contra pudimos ver, además de otros disparates, una serie de comparaciones entre imágenes tomadas el día de la represión por cámaras de seguridad y canales de televisión de una persona que se pretende identificar, con otras extraídas de las redes sociales del compañero y su pareja. En todas se advierte que no se trata de la misma persona, pero con esa base le dictaron la prisión preventiva.
Ese nivel de arbitrariedad predomina esta investigación, y confirma que, una vez más, lo que se busca con esta persecución política es el amedrentamiento de todos los movimientos que nos hemos expresado en contra de este pacto con el FMI, y que saldremos a la calle las veces que hagan falta para evitar el ajuste que intentarán pasar en los tiempos venideros.
No es otra cosa que un aviso, que nos dice que la respuesta a la movilización popular será un “salto cualitativo” en cuanto a avanzada judicial, en sintonía con la represión, utilizando figuras que se enmarcan en las nefastas leyes antiterroristas. Leyes que hace años exigimos se deroguen, y que ahora, lejos de eso, vemos que se quiere aplicar sobre quienes luchan para evitar el empeoramiento de sus condiciones de vida. Porque, como si todo esto no fuese suficiente, el ministerio de Desarrollo Social decidió quitarle a Santillán el beneficio del plan Potenciar Trabajo, aún con la investigación en curso. Sin dudas, quitarle a un trabajador el monto de un plan que representa apenas un tercio de la canasta básica, significa extorsionar y avanzar en la desmovilización de todos los sectores que sobreviven con asignaciones de miseria y lejos están de llegar a fin de mes. Medida, además, que le valió a Zabaleta la “felicitación” de la ex ministra y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
Sin dudas, como hemos denunciado desde CORREPI en el último tiempo, la situación es cada vez más delicada. El acuerdo con el FMI es una pésima noticia para el pueblo, y lo confirman incluso sectores del propio Frente de Todos, así como el apoyo parlamentario de la derecha, que pidió todavía más ajuste. Ya lo vienen pagando las jubilaciones y el salario de lxs trabajadorxs, que vienen en picada hace seis años. A esto se suman los tarifazos, el cepo a los sueldos de lxs empleadxs públicxs y el aumento de hecho de la edad jubilatoria. Apenas algunas de las medidas que figuran en este primer “entendimiento”, y que pueden todavía empeorar si así lo decide el FMI.
Por eso mañana convocamos a sumarse a la conferencia de prensa que se realizará en el SerPaJ, a las 11:00, con la participación de lxs abogadxs de los detenidos del FMI, y la organizaciones sociales, políticas y de DDHH que repudiamos esta persecución, y exigimos su inmediata libertad.
