José Luis tenía 35 años (y Candela, la menor de sus tres hijos, apenas cinco meses de vida) cuando en la madrugada del 25 de enero de 1997 lo secuestraron, lo golpearon salvajemente, lo arrodillaron con las manos esposadas en la espalda, le dispararon dos balazos en la nuca y lo incineraron con su automóvil en una cava de dos metros de profundidad, cerca de la entrada a la ciudad atlántica de Pinamar.
El 26 de febrero de 1996, Cabezas había fotografiado al empresario Alfredo Yabrán, socio del poder y cuya imagen no se conocía públicamente, cuando caminaba distendidamente con su esposa María Cristina Pérez a orillas del mar.
Así, José Luis Cabezas le puso rostro al personaje más enigmático y sospechoso del país cuando el 3 de marzo de ese año apareció la foto en la tapa de la revista “Noticias”.
“Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza”, había dicho alguna vez Yabrán. “Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía“.
Un año después, Cabezas volvió a Pinamar para seguir su trabajo, sin saber que era vigilado de cerca. El fotógrafo llegó el 15 de diciembre, y cinco días después comentó preocupado al periodista con el que hacía equipo, Gabriel Michi, que estaba recibiendo amenazas con insidiosas referencias a su beba Candela. El oficial de la policía bonaerense Gustavo Prellezo se reunió el 26 de diciembre -un mes antes del crimen- en Buenos Aires con Yabrán, quien le expresó que “quería pasar un verano tranquilo sin fotógrafos ni periodistas”. Ya estaba en marcha la confabulación criminal de policías bonaerenses con el jefe de la custodia de Yabrán, Gregorio Ríos. Prellezo armó el grupo de tareas con los policías de Pinamar Sergio Camaratta y Aníbal Luna, y una banda que acostumbraba usar para robos en la costa durante la temporada de verano. Como Miguel Retana, José Luis Auge, Sergio Gustavo González y Horacio Anselmo Braga eran de la localidad de Los Hornos, pasaron a ser conocidos en los medios como “Los Horneros”. El comisario de Pinamar Alberto Gómez garantizó la zona liberada.
-¡Ahora! ¡Métanle caño y traíganmelo!, ordenó Prellezo, recrean las crónicas. Braga y González lo encañonaron, lo golpearon y lo lanzaron al asiento trasero del Ford Fiesta. En el otro auto, conducido por Prellezo, estaban Auge y Retana. Eran alrededor de las 5:15 de la madrugada de ese 25 enero, hace veinticinco años. Los vehículos partieron en caravana en busca de la excavación de 14 metros largo, 7 de ancho y 2 de profundidad, a la vera de un camino rural de General Madariaga, donde se consumaría el crimen.
Cuando llegaron, Prellezo se puso al volante del Ford Fiesta y después de introducirlo en la cava bajó a Cabezas a empujones; le colocó esposas en las muñecas asegurándolas en la espalda, lo hizo arrodillar al costado del lado del copiloto, y a la vista de los cuatro “Horneros” le disparó dos veces en la nuca. Después se dirigió al Fiat Uno y bajó unos bidones con nafta. Volvió al auto del fotógrafo, acomodó el cadáver cruzándolo en el asiento del acompañante, con las piernas fuera del vehículo, y le ordenó a Braga que rociara todo con el combustible y le prendiera fuego.
Expuesta la trama y detenidos los autores materiales, ya sin dudas de que Yabrán era el autor intelectual del crimen, el 20 de mayo de 1998, a punto de ser detenido, el empresario se disparó un tiro con una potente escopeta 12/70 que le destruyó la cabeza, encerrado en el baño de su estancia San Ignacio, en su provincia natal de Entre Ríos, en la que se ocultaba. Tenía 53 años.
Yabrán, en el anonimato, era dueño de numerosas empresas gracias a su estrecho vínculo con el entonces presidente Carlos Menem: Brides S.A; Asistencia Vehículos SA; Bosquemar; Inversiones y Servicios (agrupa a Edcadassa, Interbaires e Intercargo); Franchise Service International; Iceberg SA; Intercar (fusionada con Skycab); Aymer SA; Lanolec; Orgamer; Yabito; Ocasa; OCA; Passingtour; Piegari (ex Cosanostra); Transporte Vidal; Zappram, y Villalonga Furlong.
“Fue la maldita policía”
El empresario tenía su propia custodia doméstica, compuesta por treinta personas, que se ocupaba de la seguridad de su familia y sus propiedades. El jefe era Gregorio Ríos, un ex suboficial del Ejército. Por otro lado, tenía una estructura de más de 600 efectivos para sus empresas. En la conducción, había represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. Un verdadero ejército, encabezado por el ex oficial del Servicio Penitenciario Federal Víctor Dinamarca, en el que revistaban los ex marinos Adolfo Donda Tigel y Jorge “Tigre” Acosta, daba seguridad a las empresas de Yabrán desde una empresa llamada “BRIdeEs”, sigla de “Brigada ESMA” (que se sospechaba que era también de su propiedad).
Además, tenía vinculaciones estrechas con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No sólo con oficiales y suboficiales a los que empleaba para la custodia de sus emprendimientos inmobiliarios en Pinamar, sino también con las autoridades de la fuerza, que se encargaba de aceitar: en 1994 aportó 10.000 de los 12.000 pesos utilizados para crear la fundación Hospital Policía Bonaerense.
Actualmente, a pesar de las penas impuestas en los dos juicios orales, el primero que terminó en febrero del año 2000 y el segundo en 2002, ninguno de los condenados está en prisión.
Gustavo Prellezo fue condenado a prisión perpetua como autor material del crimen. Sin embargo, desde 2010 recibió varios beneficios para morigerar la pena, como el arresto domiciliario, y, en 2017, se le concedió la libertad condicional. Dos meses más tarde, se matriculó como abogado en Quilmes, carrera que había estudiado mientras estuvo en la cárcel. El repudio generalizado de lxs abogadxs quilmeñxs forzó la revocación, pero al año siguiente el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal aceptó su matriculación, que al día de hoy sigue habilitada.
El policía Aníbal Luna, condenado a prisión perpetua, también obtuvo la libertad condicional en septiembre de 2017.
Gregorio Ríos, jefe de la seguridad de Alfredo Yabrán, condenado a perpetua como instigador del asesinato, en 2008 resultó beneficiado con la libertad condicional, tras cumplirse 20 años de su detención.
El comisario Alberto Gómez, condenado por haber liberado la zona en la que ocurrió el crimen, recuperó la libertad en 2006, por decisión de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires.
Sergio Cammaratta, el policía responsable de haber hecho “un seguimiento” a Cabezas cuando trabajaba en Pinamar en el verano de 1997, murió en 2015 en el penal de Dolores.
Con relación a la banda de “Los Horneros”, Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana, fueron condenados a perpetua en el primer juicio, pero a partir de 2003 se les redujeron las penas y recibieron morigeraciones de la prisión, a excepción de Retana, que murió en 2001 en la cárcel.
González salió de la cárcel en 2006. José Luis Auge quedó en libertad en 2008, igual que Braga.
El asesinato de Cabezas es el peor crimen contra un trabajador de prensa en ejercicio de su labor profesional desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, que desapareció un centenar de periodistas.
En la instrucción inicial, los dos juicios orales, y las posteriores intervenciones de las instancias superiores, el poder judicial se cuidó muy bien de circunscribir la investigación a este grupo de imputados, sin avanzar, como siempre reclamó la querella de ARGRA, sobre el resto de los miembros jerárquicos de fuerzas de seguridad y funcionarios políticos respecto de los que sobraban elementos para investigar.
Cinco meses después del crimen, renunció el ministro de Justicia Elías Jassan, al descubrirse que había mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán, instigador del homicidio.
Jassán, según se reportó entonces en medios periodísticos, había sido vicepresidente de una empresa ligada a Yabrán y le otorgó el reparto de la correspondencia de la cartera a su cargo a la compañía de correos OCA, también propiedad del empresario.
La relación entre el presidente Carlos Menem, y otros miembros del gobierno con Yabrán es un pesadísimo lastre que el ejecutivo de entonces arrastró desde que comenzaron las acusaciones sobre “organizaciones mafiosas” y que se agravó a partir del asesinato del fotógrafo. La relación entre Menem y Yabrán era mucho más estrecha de lo imaginado. Se sospecha que Alfredo Yabrán había enviado una primera remesa de cuatro millones de dólares para la campaña electoral del plebiscito que por entonces se planeaba llevar a cabo para lograr la reelección de Menem y, además, se comprometía a financiar toda esa campaña.
Los disparos que mataron a Cabezas también apuntaron a herir el derecho a la libertad de información y expresión que ejercía con su cámara, molesta para quienes quieren mantener su impunidad.
“No se olviden de Cabezas” es una consigna que masificó el reclamo de justicia por José Luis y de lucha contra la impunidad del poder protegido por sus perros guardianes, ni más ni menos que la policía y sus mafias y los jueces y fiscales. Su vigencia hace visible la necesidad de seguir peleando por el castigo efectivo a los culpables y por la conciencia:
La policía no te cuida. No es un policía, es toda la institución, y la dirige el poder estatal.
