La Policía de la Ciudad, nacida en 2017 a partir del traspaso ejecutado por el ex presidente Mauricio Macri de la Policía Federal a CABA, y su fusión con la ex Policía Metropolitana, actualmente es la fuerza represiva más letal del país.
Hace algunas semanas, celebramos la elaboración del Mapa de la Policía de la Ciudad, iniciativa de distintas organizaciones sociales, referentes políticxs y grupos de investigación, con la que CORREPI también colaboró aportando materiales, porque entendemos que es una herramienta importante, que debe extenderse a todo el país y cubrir el accionar de todas las fuerzas provinciales y federales.
Ayer, lxs compañerxs que la impulsan compartieron una nota con información respecto de los casos y la forma de operar de la Policía de la Ciudad en su propio territorio. A continuación, sumamos información actualizada sobre esta fuerza, dentro y fuera del territorio porteño, para tener el mapa completo.
En diciembre del año pasado, durante la presentación de nuestro Informe de la Situación Represiva Nacional 2021, ya señalábamos que la policía creada por Macri y administrada por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta es la más letal del país, dato que surge de la relación entre cantidad de muertes y cantidad de efectivos. Supera incluso por sobre la “maldita bonaerense”, administrada por el nefasto ministro Sergio Berni.
La policía de la Ciudad lleva asesinadas al menos 130 personas desarmadas entre el 1° de enero de 2017 y el 25 de julio de 2022. Parece una fría cifra, pero representa 130 historias de vida, 130 familias cuya cotidianeidad cambió para siempre por la represión estatal.
Una distinción sustancial tiene que ver con la “territorialidad” de los casos. Donde sea que se cometan estos asesinatos, son responsabilidad de la fuerza a la que el policía pertenece, y responsabilidad política del gobierno que la administra, del mismo modo que el fusilamiento de Juan Pablo Kukoc, cometido por Chocobar en el barrio porteño de La Boca, fue a la cuenta de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Además esto evidencia la responsabilidad estatal en su conjunto sobre los hechos represivos, aún si el funcionario que lo ejecuta no pertenece a la fuerza local, el hecho siempre está facilitado por su condición y recursos como tal. Es lo que las normas pertinentes definen como “estado policial”: el policía debe actuar como tal en cualquier situación (en servicio, de franco, incluso retirado) y por ello está habilitado, entre otras cosas, a portar y usar el arma reglamentaria.
El ejemplo de la Policía de la Ciudad es bien gráfico de esta situación. De esas 130 muertes, 87 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires (casi el 67%), uno en la provincia de Chaco, y 42 en la Ciudad de Buenos Aires (32,3% del total). Esta estadística es demoledora respecto de las principales excusas que esgrime el gobierno porteño, como “la seguridad” o “el combate al narcotráfico”. Más de la mitad del total de muertes de personas desarmadas ocurrieron fuera de la Ciudad, todas fusiladas con el arma reglamentaria. Por eso es un dato contundente a la hora de cargar de contenido una medida crucial que reclamamos hace años: la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio o de civil. Como vemos muy nítidamente, desde ya que la situación represiva no se resolvería con eso solo, pero sería una medida eficaz para reducir sustancialmente la cantidad de asesinatos de gatillo fácil.
Por si faltara alguna confirmación, aporta mayor claridad ver la cantidad total de casos desagregada por modalidad represiva: la principal (109 casos, el 83%) es el gatillo fácil. A esto, se suman 3 muertes bajo custodia (la primera causa a nivel nacional), 9 femicidios, femicidios relacionados o muertes intrafamiliares, 5 homicidios vinculados a otros hechos delictivos de la propia fuerza y una desaparición forzada intrafuerza.
Cuando clasificamos por edad, llegamos a la rápida conclusión de que, al igual que ocurre en todo el país, lxs principales destinatarixs de la represión estatal son lxs pibxs. De las 130 víctimas, 72 tenían menos de 25 años y 35 tenían entre 26 y 35 años.
En estos días, veíamos en todos los medios de comunicación las repercusiones de la repudiable decisión de Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña de quitar los planes sociales porteños destinados a garantizar recursos educativos a aquellxs chicxs que no cumplan con el nuevo, estigmatizante y más exclusivo criterio de regularidad escolar, desatendiendo cualquier motivo que pueda generar esta situación. Si reparamos en quiénes son lxs principales receptorxs de las balas y los palos de la policía de la Ciudad, se advierte la absoluta coherencia en la respuesta que Juntos por el Cambio tiene hace 14 años de gobierno en CABA para la situación cada vez más apremiante de la juventud.
Por supuesto que esta política represiva no es exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. CORREPI denuncia históricamente la represión estatal a lo largo y ancho del país, tengamos o no presencia militante en cada lugar, y gobierne quien gobierne. Por eso, actualizamos la información de otros lugares y fuerzas conforme vamos consolidando los datos de cara a la presentación de nuestro Informe de la Situación Represiva Nacional 2022 e instamos a ampliar el Mapa de la Policía a otras jurisdicciones y otras fuerzas. Pero estos datos insoslayables sobre la policía que sus creadores y administradores propagandizan como “cercana a los vecinos, con tecnología avanzada y capacitación constante para combatir los delitos” dejan en evidencia su voltaje represivo real y confirman la pertinencia de las medidas que exigimos en nuestra Agenda Antirrepresiva. Las principales y más urgentes son la eliminación del sistema de detenciones arbitrarias, que reduciría sensiblemente la cantidad de torturas y muertes en comisarías, que sistemáticamente afectan a personas detenidas sin orden judicial ni imputación de delito, y la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio o de civil, contexto en el que se producen más del 60% de los fusilamientos de gatillo fácil y más de 95% de los femicidios a manos de miembros de fuerzas de seguridad.
Convocamos a la más amplia unidad del campo popular para impulsar y exigir esas medidas concretas, imprescindibles en un contexto represivo que se cobra cientos de vidas, año tras año.
