La policía de la Ciudad, las fuerzas federales y la policía bonaerense compitieron duro en estos últimos días para ocupar el primer lugar en voltaje represivo en el país. Sus víctimas, estudiantes y sus familias, comunidad Mapuche y espectadores y jugadores de un partido de futbol. Sus mandantes, el gobierno de la Ciudad, el gobierno nacional y el provincial. Un juego de parecidos y muy pocas diferencias, que muestra con total crudeza por qué sostenemos que la represión es una política de estado, sin grieta visible cuando de lo que se trata es de disciplinar, beneficiar a los más ricos o garantizar sus negocios.
En las pasadas semanas, vimos cómo la policía de la Ciudad, a las órdenes del jefe de Gobierno Horario Rodríguez Larreta, conducida por su ministro Marcelo D’Alessandro y al servicio de su ministra de Educación (¿?) Soledad Acuña, desplegó mecanismos de vigilancia, seguimiento, espionaje y hostigamiento contra lxs estudiantes secundarixs y sus familias, como represalia a las medidas de fuerza que vienen protagonizando en defensa de condiciones dignas para estudiar. Resultado, timbreos nocturnos, interrogatorios, imputaciones contravencionales, reclamos económicos delirantes y cero diálogo.
A principios de esta semana, la “novedad” fue la decisión del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, de crear un Comando Unificado de fuerzas federales (PFA, GNA, PNA y PSA) para llevar adelante el desalojo violento de la comunidad mapuche en Villa Mascardi (la misma en la que fue asesinado Rafael Nahuel en 2017), en respuesta a las pretensiones de empresarios y terratenientes que ocupan la Patagonia. Resultado, siete mujeres presas, dos con bebés lactantes, una embarazada –obligada a parir sin acompañamiento en cautiverio- y cuatro trasladadas a la cárcel de Ezeiza, a más de 1.500 km de sus familias, sin contacto tampoco con su abogada defensora.
Anoche, en lo que debía ser una fiesta deportiva, la policía de la Provincia de Buenos Aires, que conduce el ministro-coronel Sergio Berni, descargó toda su violencia sobre el público de un partido de fútbol en La Plata. Resultado, gases, balazos de goma, un muerto, varias personas heridas, un niño cegado, una niña con perdigones en la cara, jugadores y miles de personas intoxicadas por los gases, un camarógrafo baleado.
César Regueiro, dice Berni, murió por un infarto. Una fatalidad, dice el ministro que desde el inicio de la gestión eligió el gobernador Axel Kiciloff para conducir la Maldita Policía. También el ministro Carlos Corach decía en los ’90 que Walter Bulacio murió por un aneurisma, haciéndose el otario a nivel interplanetario frente a la realidad de que la muerte ocurrió en el marco de un operativo represivo violento. O como Patricia Bullrich, que sigue diciendo que Santiago Maldonado se ahogó casualmente, cuando decidió meterse al rio justito cuando lo perseguía la gendarmería a los tiros.
Ciudad, Nación, Provincia, distintas gestiones, distintos perfiles y distintos discursos, pero una misma verdad: Fuerzas de seguridad que no se “autoconducen” ni se “autogobiernan”, sino que cumplen disicplinadamente lo que se les manda a hacer.
Del otro lado, el pueblo. Lxs pibxs y sus familias, la comunidad Mapuche, la gente de a pie que sólo quería ver jugar a su equipo de fútbol, de nuevo familias, con niñxs que hoy preguntan por qué la policía les atacó así.
Nos dicen que somos funcionales a uno u otro gobierno de turno, de cualquier escalafón estatal, según le convenga a una u otra fuerza política. No nos preocupa, son muchas décadas de señalar la represión, venga de donde venga, sea responsabilidad de quien sea. Nadie puede pretender que alguna vez nos hiciéramos lxs distraídxs y le perdonáramos un hecho represivo a algún gobierno nacional, provincial o municipal. Jamás hemos estado ni estaremos a su servicio. Nunca vamos a convalidar el silencio cómplice de quienes callan cuando la represión viene de su lado.
