No es un 24 de marzo más. El período democrático más largo de nuestra historia llega a 40 años. Y con todo lo que podemos decir de esta democracia, primero para mejorarla hay que defenderla. Como todos los años, para reivindicar a nuestrxs compañerxs detenidxs – desaparecidxs, nos vemos en las calles.
En 2023 se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia. Formal, insuficiente, condicionada, burguesa, y todo lo que quieran agregar. Pero, al fin de cuentas, democracia. Y muy bastardeada. Llegamos a esta movilización, en un año electoral, con los sectores de la derecha más rancia en pleno uso de la impunidad de ayer y de hoy como plataforma. Una reivindicación permanente tanto de las más perversas herramientas de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar (desapariciones, apropiación de bebés, los vuelos de la muerte), del gobierno de Carlos Menen, que buscó la conciliación y eliminación de un plumazo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y de las peores líneas represivas actuales. Armar a la sociedad civil, darle la potestad a las fuerzas de (in)seguridad de salir a la calle con las picanas eléctricas llamadas Taser, y hasta la exigencia de habilitar la pena de muerte. Se podría asignar parte de la responsabilidad a la falta de respuestas para un pueblo que depositó expectativas en él. Pero sin dudas, es tanto lo que está en disputa en nuestro país, que lo que nos trajo hasta acá tiene más que ver con los límites de la violencia que la derecha rancia rompe día a día y con la interminable cantidad de recursos que los medios hegemónicos de comunicación (que apoyaron a la dictadura) destina para extender estos discursos.
En este contexto, y a pesar de lo adverso que se presenta, desde CORREPI consideramos que las 8.701 personas asesinadas por el aparato represivo, en sus distintas modalidades y por sus distintas fuerzas, es una de las principales deudas de la democracia con el pueblo trabajador. Sabemos que estas prácticas no van a cesar en la medida que el capitalismo siga siendo el sistema imperante, pero también tenemos que hacer lo posible para que los nombres del listado sean cada vez menos.
Hace muchos años que impulsamos la Agenda Urgente Antirrepresiva, con medidas que podrían paliar significativamente los efectos mortales de la represión. Algunas fueron adoptadas al inicio de este gobierno, y hoy podemos ver los resultados. Respecto del gatillo fácil, es evidente que la derogación de los llamados “Protocolos Bullrich”, con la “Doctrina Chocobar” que habilitaba a las fuerzas federales a disparar a personas desarmadas, sumado al hecho indiscutible de que en estos tres años no hemos tenido que soportar defensas públicas, fotos y abrazos de integrantes del presidente o sus ministros con policías fusiladores, marcó un cierto límite a esa práctica inveterada respecto de las fuerzas federales.
La prohibición a todas las fuerzas de portar y usar el arma reglamentaria fuera de servicio o de civil tendría un resultado aún más manifiesto, ya que el 66% de los fusilamientos de gatillo fácil y el 95% de los femicidios de uniforme ocurren en esas circunstancias. En marzo de 2020, poco antes del inicio de la cuarentena, el Ministerio de Seguridad Nacional tomó esa decisión para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Aunque es la fuerza menos numerosa y con menos casos totales, desde entonces no hemos registrado un solo caso de gatillo fácil cometido por sus integrantes.
Otro conjunto de medidas imperativas impactaría sobre de las muertes en lugares de detención. Es imprescindible revisar el uso masivo de la prisión preventiva, que convierte en privilegio inalcanzable para las mayorías el derecho a transcurrir el proceso en libertad para delitos menores o sin peligrosidad hacia las personas, mientras es la moneda corriente cuando se trata de policías que fusilaron por la espalda. Ni hablar de la necesidad de garantizar atención médica y psicológica suficiente y elementos básicos para la alimentación e higiene a las personas detenidas. Pensemos que el COVID-19 fue siete veces más letal dentro que fuera de las cárceles.
Así como a los genocidas de la dictadura, exigimos cárcel efectiva para los responsables de hechos represivos en democracia: a los asesinos del gatillo fácil, a los torturadores en las cárceles y comisarías, a quienes reprimen la protesta social. Debemos decir que, a pesar de los enormes esfuerzos de la movilización y lucha de familiares y organizaciones, el poder judicial la mayoría de las veces garantiza la impunidad a estos asesinos con absoluciones, condenas menores o situaciones que permiten que los condenados se profuguen.
Es histórica nuestra exigencia de eliminar todo el sistema de facultades que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, sea por “averiguación de antecedentes”, “para identificar”, por arrestos preventivos en materia contravencional o por razzias. En 2023 se cumplen 20 años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que condenó al Estado Argentino a eliminar todo ese sistema de detenciones arbitrarias. Y la mayoría de las personas que mueren en comisarías, estaban arbitrariamente detenidas. Por eso exigimos el cumplimiento efectivo del fallo Bulacio y el cese de estas prácticas.
Por eso, a 40 años de democracia, este 24 marchamos para exigir que se atienda esa agenda urgente contra la represión.
