El segundo debate presidencial dejó bien a la vista las propuestas en materia de “seguridad” que promueven Javier Milei y Patricia Bullrich. A tono con su defensa irrestricta de los empresarios y el recorte de derechos a las y los trabajadores, prometieron más represión, más militarización y reformas punitivistas del sistema penal, herramientas que precisan para imponer más ajuste, opresión y explotación.
No fue sorpresa alguna que, puesto a exponer en el eje de “políticas de seguridad”, Javier Milei reiterara que propone “una reforma de la Ley de Seguridad Interior de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carcelario, modificar el Código Penal, el Código Penal Procesal y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar, porque en la Argentina Liberal los que la van a pasar mal y tener miedo son los delincuentes”.
En ese comprimido párrafo se concentra lisa y llanamente la destrucción de todo el sistema de derechos y garantías procesales que, pese a todo lo mal que funciona en la práctica, distingue a la Argentina de tantos países del llamado “primer mundo” que ni siquiera respetan la presunción de inocencia o la prohibición de declarar contra sí mismo, ya que obligan a la persona imputada a declarar bajo juramento de decir verdad, como si fuera un testigo. Ni hablar del endurecimiento general del sistema carcelario, ya estallado en las actuales condiciones, al punto que la muerte bajo custodia, directo resultado muchas veces de la superpoblación y hacinamiento, es hoy la primera causa de muerte a manos del aparato estatal.
De la mano con su cerrada defensa de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, como lo ratificó en el primer debate, en el que reivindicó a fondo el terrorismo de estado y el genocidio, la plataforma electoral del partido de Milei, La Libertad Avanza, propone sin eufemismos reponer la Doctrina de Seguridad Nacional, plantea militarizar los institutos de formación de las fuerzas de seguridad, deportar personas migrantes sin derecho de defensa y, desde luego, bajar la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes.
Además, Milei insistió en su proyecto de desregulación de la tenencia y portación de armas, porque “no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no”. Honestos como él y sus secuaces, claro. Y se apoyó en una mentira más grande que su histrionismo: “Aquellos estados que tienen libre portación de armas tienen muchos menos delitos”. Vayan a preguntarle a las familias de estudiantes yanquis acribillados en las escuelas.
Por su parte, Patricia Bullrich dijo más de lo mismo, pero con el acelerador represivo a fondo. Anunció que cambiará el código penal para bajar la edad de punibilidad a los 14 años, cosa que intentó hacer durante su gestión con Mauricio Macri y aseguró que va a “entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico, con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y si hace falta las fuerzas armadas argentinas”. Naturalmente no dijo qué piensa hacer con los que dirigen el crimen organizado en Argentina, que no viven precisamente en barrios populares sino en barrios privados o directamente revistan en las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
Bullrich destacó de entrada que llegó a la Facultad de Derecho acompañada ni más ni menos que por el policía bonaerense Luis Chocobar, condenado por el homicidio de Juan Pablo Kukoc. Junto al asesino estaba su abogado defensor, Fernando Soto, que también defiende a los policías de la Ciudad que fusilaron a Lucas González en Barracas. “Nosotros tenemos las cosas bien claras, defendemos a los ciudadanos”, dijo la ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, como si Chocobar no hubiera sido condenado por fusilar a un joven desarmado, que huía, por la espalda.
Los datos hablan solos. Durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, al amparo de su política de promoción del gatillo fácil con normas de actuación para las fuerzas como la resolución 956/2018, que pasó a la historia como “la doctrina Chocobar”, registramos un total de 508 fusilamientos de gatillo fácil en todo el país, récord absoluto si comparamos con los números a lo largo de cuatro años de cualquier gestión anterior.
Bastó derogar esos protocolos en diciembre de 2019 para que se advirtiera un significativo descenso de la cantidad de casos de gatillo fácil. Entre diciembre de 2019 y el mes pasado, registramos 314 fusilamientos policiales en todo el país. Aunque 2023 no ha terminado, es evidente la menor letalidad en general, con la excepción de la Policía de la Ciudad, dirigida por la misma fuerza política de Bullrich, que, al contrario, aumentó su participación en casos de gatillo fácil.
En el primer debate, Bullrich aprovechó a “mandar un abrazo” a los gendarmes que desaparecieron y mataron a Santiago Maldonado. En el segundo, llevó como invitado especial al fusilador condenado Chocobar. Si llegara al ballotage, seguramente irá flanqueada por los prefectos que mataron, también por la espalda, al joven mapuche Rafael Nahuel. Dentro de lo confuso de sus intervenciones, quedó muy claro que con Patricia Bullrich en el gobierno, el gatillo fácil estará en el poder.
CORREPI ha denunciado cada hecho represivo, de cualquier modalidad y de todas las fuerzas, durante cada gobierno en democracia. Nadie puede decir con fundamento que alguna vez miráramos para otro lado o silenciáramos las políticas represivas de alguna gestión. Esa trayectoria y la experiencia acumulada permiten afirmar sin duda alguna que un gobierno de Milei o Bullrich pondría en peligro todos los derechos y libertades democráticas que fuimos conquistando y nos impedirá seguir luchando por lo mucho que nos falta, porque estaremos tratando de protegernos de sus balas.
