La “ley ómnibus” presentada al Congreso por el presidente Javier Milei, además de declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogable por dos años más, se propone una reforma integral del Código Penal y toda la legislación vigente en materia de derechos democráticos y garantías constitucionales.
No sólo contiene disposiciones que, en consonancia con los Protocolos Bullrich, ilegitiman y fulminan como criminales el derecho de reunión, de libre expresión y de protesta frente a decisiones impopulares. De manera explícita y sin ambigüedades, legitima el gatillo fácil como política de estado.
En la Sección III, bajo el título de “Legítima defensa” se incorpora al art. 34 del código penal, que establece los casos en que un delito no es punible, el siguiente inciso:
“Quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”.
Traducido, eso significa que si alguien “aparenta una actitud sospechosa” o intenta cometer un delito, pero desiste y huye, quien le dispare por la espalda para evitar la huida no es punible, al punto de negar a su familia el derecho a intentar probar su responsabilidad penal. Es la Doctrina Chocobar recargada y remasterizada al máximo. Si esa norma alcanza vigencia, será directamente imposible intentar una acción penal contra el funcionario público que, pese a no estar en peligro ni tener necesidad de defender a un tercero, mate a quien trata de huir sin afectar la vida ni la integridad física de otras personas.
La versión “oficial” de la mayoría de los casos de gatillo fácil empieza por acusar a la víctima de haber intentado un delito de desapoderamiento. A veces es cierto, pero resulta que el supuesto agresor no estaba armado y no podía representar un peligro para nadie, por lo que el riesgo más grave era su fuga. Muchas otras veces, ni siquiera existió ese pretendido hecho, pero funciona la lógica del “miente, miente que algo quedará”.
Como sea, la pretensión del gobierno de Milei y Bullrich es legitimar el gatillo fácil en todos los casos, aun cuando, como dice la pretensa norma, “no concurran los eximentes”, es decir, no haya legítima defensa ni legítimo cumplimento del deber.
Lo que pretende el gobierno nacional con esta norma es, ni más ni menos que naturalizar el gatillo fácil, el fusilamiento por la espalda de una persona desarmada.
CORREPI denuncia este intento de dar impunidad total al gatillo fácil y convoca a lxs legisladorxs y a la ciudadanía toda a resistirlo, en defensa de la vida y todos nuestros derechos
