En una conferencia de prensa conjunta, los ministros de Seguridad y defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, anunciaron el paquete de medidas represivas que enviarán al Congreso la semana que viene. Intervención de las FFAA en seguridad interior, reiterancia, aumentos de penas a los delitos típicamente usados para reprimir la protesta, legalización del gatillo fácil y privación del derecho a querellar de las familias de las víctimas, todas medidas prohibidas por la legislación interna y los convenios internacionales que Argentina se comprometió a respetar. Más que nunca, este 24 de Marzo, tenemos que ser miles y miles en las calles y plazas de todo el país para decir NO a esta avanzada represiva sin parangón desde la dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Después que el ministro de Defensa Luis Petri anunciara el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Interior para habilitar la intervención de las FFAA en operaciones de seguridad, con facultades para realizar detenciones, requisas y allanamientos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich arremetió con el proyecto de “ley antimafias”, inspirada en la Ley Rico de EEUU, con la posibilidad de condena “por la mera pertenencia” a esas presuntas organizaciones, detenciones por “averiguación de delitos” en todo el país, retenes para requisas, incautación de mercaderías, allanamientos encadenados, interceptación de llamadas telefónicas y mensajerías entre otras medidas. Con particular énfasis se refirió a la instauración a nivel nacional de la “reiterancia”, que ya existe con conocidas consecuencias en la provincia de Mendoza, de donde no por casualidad es oriundo Petri. A diferencia de la ya existente “reincidencia”, que agrava la pena o impone de entrada la prisión preventiva y la condena efectiva cuando ya se ha sido condenado por el mismo delito, la reiterancia opera cuando una persona, acusada por un delito, tiene otros procesos previos en los que no ha sido condenado. Es decir, aun cuando esas causas anteriores hayan sido archivadas, sobreseídas o la persona absuelta, opera como agravante y determina la prisión ineludible.
Finalmente, la ministra Bullrich volvió a la carga con la reforma del Código Penal con el agravamiento de penas de delitos típicamente usados para reprimir la protesta, como el art. 194 (usado analógicamente para castigar el corte de calles), los bloqueos de empresas en situaciones de conflicto gremial, o el remanido “atentado y resistencia a la autoridad”, todos casos para los que pretende penas no excarcelables.
Finalmente, argumentó que la definición de “legítima defensa” y “legítimo cumplimiento del deber” que contiene el actual art. 34 del Código Penal es “poco clara”, por lo que el proyecto que se presentará la semana que viene se propone ampliarla, para dar cabida a la legitimación de los disparos policiales a personas que no portan armas de fuego ni de otro tipo, autorizando explícitamente el disparo para evitar la fuga, convirtiendo así al policía, gendarme o prefecto en juez y verdugo.
Para completar el cuadro, ratificó que, como lo preveía la Ley Ómnibus, “no van a tolerar que las familias de los delincuentes querellen”. Es decir, a contrapelo de todo nuestro sistema de garantías procesales y de las obligaciones asumidas por Argentina como firmante de convenios internacionales como la Convención Americana de DDHH, las familias de las personas fusiladas por las fuerzas de seguridad estatales no podrán intervenir como parte en las causas judiciales.
Vale recordar que hace más de 20 años, el 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de DDHH condeno al Estado Argentino en el caso Bulacio, por la detención ilegal, tortura y muerte del adolescente, destacando que en el caso se habían violado los arts. 8 y 25 de la Convención, que exigen que los estados parte garanticen el acceso a la justicia con todos los derechos a un recurso sencillo y eficaz.
El conjunto de estas iniciativas ratifica lo que venimos denunciando desde el inicio mismo de la actual gestión. Para garantizar su política de ajuste y hambreamiento multiplican la represión hasta límites nunca vistos desde 1976 a la fecha.
En vísperas de un nuevo 24 de Marzo, fecha histórica de reivindicación de los derechos democráticos y de lucha contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy, decimos: ¡Fuera Milei! ¡Fuera Bullrich! ¡Fuera Petri! Basta ya de represión.