El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está analizando indultar policías condenados por hechos que definió como “en cumplimiento de deber”, que incluyen fusilamientos de gatillo fácil y vinculación con bandas narco. La escandalosa iniciativa, además de violar todos los criterios jurídicos a nivel nacional e internacional, está expresamente prohibida por la Constitución provincial.
En sintonía con el proyecto de reforma del Código Penal anunciado la semana pasada por los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, que consagra la impunidad del gatillo fácil, ya que legitima el disparo por la espalda, a personas desarmadas o en fuga, y quita a las familias de las víctimas el derecho de intervenir como querellantes o particulares damnificados en las causas penales, los medios santafesinos informan que el gobernador Pullaro ya está analizando dos casos a los que beneficiaría con el indulto.
Uno de los candidatos al indulto es el policía del Comando Radioeléctrico de Rosario Luciano Mariano Nocelli, que, el 21 de mayo del 2019, mató a una pareja que momentos antes intentó robar una cartera. Ya reducidos, heridos y tirados en el piso, les disparó a quemarropa y los mató. En abril de 2022, la fiscalía requirió prisión perpetua por el delito del art. 80 inc. 9º, homicidio agravado por ser su autor un funcionario de una fuerza de seguridad que abusó de su cargo o función, y finalmente el tribunal oral condenó a Nocelli a 25 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Otro es el ex jefe de la policía provincial Marcelo “Conejo” Gómez, que fue destituido e imputado en 2019 por haber levantado custodias fijas de edificios judiciales que inmediatamente fueron blanco de atentados con armas de fuego. Gómez aceptó un juicio abreviado y fue condenado a un año de prisión en suspenso por abuso de autoridad.
Recordemos que el indulto es una facultad de origen monárquico que los poderes ejecutivos republicanos, que les permite anular una condena penal respecto de una persona determinada. Pero no es una facultad absoluta. Tiene límites que imponen nuestro sistema jurídico interno y las obligaciones que surgen de los pactos internacionales suscriptos por la Argentina. Así, por ejemplo, se fundamentó la nulidad de los indultos a genocidas y represores de la dictadura concedidos por Carlos Menem, ya que “ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la obligación del estado argentino no es solo investigar sino también castigar los delitos aberrantes, deber que no puede estar sujeto a excepciones”.
En el caso de la provincia de Santa Fe, además, hay un límite impuesto por la Constitución provincial, que en su art. 72 inc. 16 expresamente prohíbe indultar a funcionarios o empleados públicos condenados por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La reforma de la Ley de Seguridad Interior para habilitar la intervención de las FFAA en los territorios, la reforma del Código Penal para tornar impune el gatillo fácil a la vez que leva las penas de los delitos típicamente usados en los tribunales para reprimir hechos en contexto de protesta o conflicto social, la propuesta de indulto a policías condenados por homicidios y otros crímenes vinculados a su permanente asociación con bandas narcocriminales, son la contracara de otros ataques en sentido inverso, como las denuncias penales promovidas contra el ex secretario de DDHH –hijo de desaparecidxs- Horacio Pietragalla o la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto. En el caso de Pietragalla, se lo pretende acusar por “traición a la Patria” por haber intervenido, desde su rol institucional, en el proceso abierto ante la CIDH, en el que –como corresponde- reconoció la responsabilidad internacional del Estado Argentino porque Gendarmería reprimió sin orden judicial, no se aplicaron los protocolos que debían seguirse ante una desaparición y las autoridades no les dieron contención a los familiares. A Estela Carlotto, un fiscal marplatense de rancio abolengo judicial –su tío Víctor fue el primer juez en el Caso Bulacio y su padre Eduardo, además de diputado duhaldista integró la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires- la denunció por “amenaza de rebelión” y “alzamiento en armas contra la Constitución” porque el 24 de marzo, en Plaza de Mayo, suplicó que Milei “cambie o se vaya rápido”.
Estas iniciativas sólo se explican por la desesperación que tienen para acallar la resistencia popular frente a un plan de gobierno que a diario ataca y recorta nuestros derechos a trabajar, a disfrutar de la cultura, a educarnos, de respeto y cuidado a niñeces y personas adultas mayores, de protección a mujeres y colectivo LGTBBQY+, de informar e informarnos, de reclamar juicio y castigo frente a los crímenes institucionales.
Como gritamos cientos de miles con una sola voz en las plazas de todo el país el 24 de marzo, no nos han vencido, seguimos de pie y lucharemos con la mayor unidad posible para defender nuestros derechos y los de las generaciones por venir.
