En su demagogia punitivista, que ya no sorprende a nadie, los ministros Patricia Bullrich, de Seguridad, y Mariano Cúneo Libarona, de Justicia, presentaron un anteproyecto en el Congreso de la Nación con el objetivo, una vez más, de bajar la edad de punibilidad. Pero esta vez fueron más lejos que nunca y sin ningún escrúpulo presentaron un proyecto que es más regresivo sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que el Código Penal de 1921 y los decretos-ley 21.338, 22.278 y 22.803 de la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. Estamos hablando de un retroceso de más de 100 años en materia de derechos para un tercio de la población argentina.
Dimensionemos un poco el problema que estamos tratando con este proyecto y los recursos que implican para el presente y para el futuro.
En primer lugar, debemos mencionar que los argumentos que sustentan esta iniciativa no tienen razón de peso. Es bueno aclarar que las estadísticas sobre cantidad de delitos cometidos por NNyA son fragmentarias y difíciles de comparar entre sí, pero podemos hacernos una idea de su incidencia observando algunos datos de la Justicia Nacional que opera en la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, que por sus dimensiones tienen la mayor incidencia en el agregado nacional.
En la Provincia de Buenos Aires, con diferencia la de mayor población del país, según el Ministerio Público de la Provincia se iniciaron 1.060.542 investigaciones penales preparatorias durante el año 2023. Sólo 23.846 (2,25%) corresponden al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, es decir, involucran de alguna manera personas que no cumplieron 18 años. En CABA se registraron 2.197 causas. De esas causas el 54,5% tenían como imputada a una persona de 16 o 17 años, imputables penalmente en la normativa vigente. El nuevo proyecto modifica las condiciones para peor, pero no cambia el alcance para esta población.
Otro dato que se desprende rápidamente de una lectura de las estadísticas de la Base General de Delitos de la Corte Suprema de la Nación (y es muy importante verlas ya que están citadas, completamente deformadas, en el propio proyecto de ley) es que, del total de los delitos, 82,7% delitos son contra la propiedad, mientras el 17,3% restante es contra las personas. Pero sigamos haciendo zoom sobre ese 17,3% de delitos. Resulta que un 36,5% son contra la integridad sexual. Cárcel, sí, educación sexual, no.
Pero volvamos, en definitiva, a los números más importantes: los delitos más graves. Del total de los 2.197 casos en Ciudad de Buenos Aires, sólo el 1,6% corresponden a delitos graves y de ese 1,6%, el 43,6% a homicidios, o sea, 0,7% aproximadamente de todos los delitos cometidos por personas menores de edad están caratulados como homicidio (y de ellos el 64% en grado de tentativa y un 36% consumados).
Esto lleva a varias reflexiones. Primero, es evidente que no hay realmente un problema de la dimensión que le adjudica Patricia Bullrich al asunto. Por otro, claramente no sale más barato para el presente y para el futuro de millones de chicos y chicas destinar fondos para encarcelarlxs en lugar de usarlos en darles una oportunidad de desarrollo psicofísico razonable a través de escuelas, espacios de esparcimiento y deportes, salud, etc.
El problema más complejo es el hecho de que un nene o una nena cometan delitos. Cuando delinquen, sea para hurtar un alfajor o trabajar para el narcotráfico, no hay pena que lo evite.
Contra toda propaganda punitivista, nadie -menos niñxs- racionaliza los costos y los beneficios de violar las leyes. Y ninguna pena revierte el hecho ya cometido. Lo ideal sería prevenir las condiciones en las cuales una criatura de 13 años se puede ver tentada a delinquir, que es exactamente lo contrario a lo que hace este gobierno.
Abramos un poco la foto para ver la escena completa, porque no es casualidad que una vez más ingresen estos proyectos al Congreso, en el marco de una crisis económica y cuando la oferta política es de ajuste y hambre para las inmensas mayorías. ¿A qué nos referimos con la escena más grande? al combo completo de políticas públicas para la juventud del gobierno de Javier Milei.
De 43 políticas de cuidado de alcance nacional, 21 fueron desarmadas y 15 están en estado de alerta. Entre las políticas de infraestructura de los cuidados, las tres que tenían a la infancia como destinataria —el programa de Infraestructura del Cuidado del ex Ministerio de Obras Públicas, la ampliación de Espacios de Primera Infancia del ex Ministerio de Desarrollo Social y la ampliación de salas y jardines del ex Ministerio de Educación— no tienen ejecución en lo que va del año.
En cuanto a prestaciones asociadas a la salud integral, se desarmó la coordinación del Plan Mil Días con una caída del 74% en su ejecución. El programa había sido creado para garantizar el cuidado de la salud de mujeres embarazadas y de sus hijos o hijas hasta los 3 años. A la vez, se interrumpió la entrega de kits de lactancia para personas que amamantan, que eran proveídos por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En este marco, también se dio cuenta de la suspensión del envío de alimentos a más de 44.000 comedores y el recorte del alcance de la Tarjeta Alimentar, que, aunque está vigente, cada vez alcanza menos a cubrir las necesidades alimentarias de quienes la necesitan, lo mismo con la Asignación Universal por Hijo.
En cuanto a los recortes en el Programa de Asistencia Económica (PAE), una ayuda económica que perciben quienes egresan de dispositivos convivenciales y equivale al 80% del salario mínimo, vital y móvil, destinada a niñxs que no tienen una familia y necesitan una ayuda para poder llevar adelante su proyecto de vida, desde el comienzo de año los pagos están atrasados.
Otras medidas incluyen la eliminación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la suspensión del Programa para el Egreso (PAE), la desarticulación del Programa Nacional de Primera Infancia, el abandono de los Centros de Desarrollo Infantil, la paralización de la Ley Lucio y el recorte a la Ley Brisa. Todas estas situaciones conforman la violación sistemática a derechos progresivos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño (1989). Dicen que no hay plata para ninguna de esas políticas, pero sí para construir y ampliar cárceles.
Sin dudas habría mucho que hacer con relación al sistema penal juvenil actual, que lejos de cumplir sus objetivos vulnera aún más los derechos de los NNyA y en vez de generar las herramientas para que esos chicos y chicas pueden reinsertarse con otras condiciones en la sociedad aumenta exponencialmente la marginación y las dificultades para llevar adelante una vida digna. La enorme mayoría de las personas adolescentes que hoy ingresan al sistema penal, son chicos y chicas a los que no se le cumplieron previamente decenas de derechos. El objetivo tiene que ser su reinserción social, jamás esconderlos y encerrarlos donde no molesten.
Por eso le exigimos al gobierno que en lugar de gastar presupuesto en nuevas leyes que en nada resuelven los verdaderos problemas que padecen las inmensas mayorías, que no solucionan ningún problema real de los argentinos, falseando datos estadísticos para su demagogia punitivista, haga uso del presupuesto subejecutado en los programas para las niñeces y juventudes y reclamamos ¡Plata para educación y salud pública y de calidad, para programas de vivienda, para los clubes de barrio, para parques y plazas, para comedores populares y urbanización, plata para las urgencias del pueblo! ¡Ni un peso en para encarcelar niñxs!
