En el siguiente link podés descargar los listados completos ordenados por Nombre, por Fecha y por Lugar del Archivo 2017 de Casos de Personas Asesinadas por el estado: En este link
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Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2017
- Por qué hacemos el Archivo
En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.
Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurría cómo, hasta que Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reunión: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”.
Promediaba el año, no teníamos acceso a internet ni correo electrónico, y sólo dos militantes de CORREPI tenían computadora. Delia organizó un equipo de tres compañeras, que, armadas con una birome y un cuaderno de espiral, se dedicaron a reunir los datos. Empezaron con los propios, los casos de los familiares organizados en CORREPI. Siguieron con los contactos del interior del país, que veníamos desarrollando desde que convocamos, en marzo del año anterior, al Primer Encuentro Nacional contra la Represión. Recorrieron redacciones de diarios y hemerotecas y consultaron a periodistas que, como Enrique Sdrech y Carlos Rodríguez, pusieron a nuestra disposición sus propios archivos de “casos policiales” para rastrear fusilamientos por gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías.
Cerca de fin de año, habíamos reunido datos de 262 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983. A mediados de diciembre, con un megáfono y el recién nacido ARCHIVO DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL abajo del brazo, un puñado de militantes antirrepresivos, la mayoría familiares de víctimas de la represión, fuimos a la Plaza de Mayo, adonde habíamos convocado a acompañarnos a las organizaciones populares y a la prensa. Mientras transcurría la rudimentaria radio abierta, una delegación de los familiares cruzó la calle Balcarce y entregó una copia del Archivo en la mesa de entradas del ministerio del Interior, indicando que le traían al ministro Corach la lista de los nombres que había pedido.
La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, motivó a CORREPI a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año la presencia en Plaza de Mayo.
Volvimos a la plaza el 28 de noviembre de 1997, con 382 casos registrados; en 1998, con 471, y cada fin de año hasta hoy. El Archivo siguió creciendo, y fuimos perfeccionando las técnicas de búsqueda y las herramientas de análisis de los datos. También el carácter de la actividad fue cambiando. En 1998, los familiares cruzaron la calle para entregar una copia en la Casa de Gobierno por última vez. Desde entonces, decidimos hacer el acto dando la espalda a la sede del poder ejecutivo nacional, cualquiera fuese su ocupante temporario, así como empezamos a darle el carácter de Informe Anual de la Situación Represiva, incorporando a su contenido todas las formas de represión, no sólo las que transcurren en los barrios sobre los sectores no organizados de la clase trabajadora.
Más de veinte años después, el acto anual de CORREPI en Plaza de Mayo se ha convertido en la instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca a la militancia de todos los sectores y a muchísimos compañeros y compañeras que nos acompañan cada año.
Aquella lista a mano en el cuadernito de Delia, se convirtió en una base de datos con miles de registros, al que aportan sistemáticamente organizaciones compañeras y contactos desde distintos lugares del país.
Nuestro Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Hay provincias enteras de las que sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance. Se percibe, así, la diferente calidad de información de que disponemos en las regiones donde hay activa militancia antirrepresiva. Por eso, convocamos a todo el que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la información que falta.
Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que permanentemente incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos. En particular, resulta difícil acceder a los datos de las personas que mueren en cárceles, de las que, salvo cuando trascienden por la lucha de sus familiares, sólo conocemos informes oficiales como los de la Procuración Penitenciaria de la Nación, para el sistema federal, o los de la Comisión Provincial por la Memoria, para la provincia de Buenos Aires. Esas muertes, que totalizan centenares al año, sólo son conocidas en esos pocos distritos, y al año siguiente de producidas.
En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario, pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país.
El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
- Cómo hacemos el Archivo
Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:
- Incluimos todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
- Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía metropolitana, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.
- Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos, y sólo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de “lamentables accidentes”, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la necesidad intrínseca de los gobiernos de reprimir.
- A los fines estadísticos, desagregamos las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (es decir, los asesinatos cometidos en el marco de la represión selectiva a sectores organizados de la clase); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de la desapariciones). También desagregamos, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones y de femicidios.
- Cerramos la búsqueda de datos entre fin de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo del año siguiente.
- Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de los compañeros que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés[1].
- Las conclusiones
Los datos registrados, con una acumulación de más de dos décadas, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos, se basan estrictamente en la información recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como ejecutores de la represión estatal en su respectiva etapa.
Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fríos números, son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de las convicciones y los principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: ¡Contra la represión, organización y lucha!
Dos años de gobierno de Cambiemos:
El mayor pico represivo desde 1983
Cuando llegamos a la Plaza de Mayo en noviembre de 2016, registrábamos 241 casos de ese año, que, sumados a 18 del 11 al 31 de diciembre de 2015, totalizaban 259 para la gestión Cambiemos. Con preocupación, anunciamos el nuevo gobierno había pegado un salto gigante: de una muerte cada 28 horas, saldo de los gobiernos kirchneristas, habíamos pasado a un caso cada 25 horas en menos de 11 meses. Hoy la situación es infinitamente más grave.
En el curso de este año incorporamos 502 casos al Archivo, totalizando 5.462, contra 4.960 que teníamos registrados hace un año. De esos casos:
21 ocurrieron entre 2005 y 2014.
19 ocurrieron en 2015, totalizando 300 casos en el año.
200 ocurrieron en 2016, que se convierte en el año récord de la represión estatal en Argentina, con 441 casos.
258 ocurrieron en lo que va de 2017, cifra que comparada con el parcial que teníamos a esta altura del año anterior promete que éste año superará a 2016.
Entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015, tenemos registrados 26 casos. Si los sumamos a los 441 de 2016 y 258 de 2017, tenemos que, en los 722 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 725 personas.
La aritmética es implacable: 26+441+258 = 725.
| CASOS POR AÑO | ||
| Año | Casos registrados | Agregados |
| 1983 | 1 | |
| 1984 | 4 | |
| 1985 | 9 | |
| 1986 | 15 | |
| 1987 | 28 | |
| 1988 | 23 | |
| 1989 | 31 | |
| 1990 | 59 | |
| 1991 | 57 | |
| 1992 | 33 | |
| 1993 | 51 | |
| 1994 | 58 | |
| 1995 | 48 | |
| 1996 | 74 | |
| 1997 | 97 | |
| 1998 | 87 | |
| 1999 | 140 | |
| 2000 | 232 | |
| 2001 | 256 | -1 |
| 2002 | 194 | |
| 2003 | 174 | |
| 2004 | 213 | 1 |
| 2005 | 226 | 1 |
| 2006 | 224 | 1 |
| 2007 | 236 | 2 |
| 2008 | 230 | |
| 2009 | 295 | 1 |
| 2010 | 290 | 1 |
| 2011 | 261 | 1 |
| 2012 | 242 | 1 |
| 2013 | 265 | 6 |
| 2014 | 290 | 11 |
| 2015 | 300 | 19 |
| 2016 | 441 | 200 |
| 2017 | 258 | 258 |
| S/D | 20 | |
| TOTAL | 5462 | 502 |
(Nota: Un caso de 2001 estaba mal listado, correspondía a 2004)
La tabla y gráfico anteriores muestran la cantidad de casos registrados en esta actualización para cada año. Además de advertir que la información disponible de los años ’80 es poca e incompleta (los registros “sin datos” son todos anteriores a 1990), se destacan picos en los años de crisis (1989, 2000/2001 y 2010), pero nunca como en 2016, sostenido en 2017, a pesar de que nos falta mucha información todavía, y el año no ha terminado. Como señalábamos más arriba, los 725 casos totales desde el 11/12/2015 al 1/12/2017 ponen de manifiesto que se trata de un incremento exponencial de aplicación de las diversas modalidades de la represión estatal.
| CASOS ACUMULADOS POR ARCHIVO | |
| Año | Suma |
| 1996 | 262 |
| 1997 | 382 |
| 1998 | 471 |
| 1999 | 635 |
| 2000 | 833 |
| 2001 | 1008 |
| 2002 | 1292 |
| 2003 | 1508 |
| 2004 | 1694 |
| 2005 | 1888 |
| 2006 | 2114 |
| 2007 | 2334 |
| 2008 | 2557 |
| 2009 | 2826 |
| 2010 | 3093 |
| 2011 | 3393 |
| 2012 | 3773 |
| 2013 | 4011 |
| 2014 | 4278 |
| 2015 | 4644 |
| 2016 | 4960 |
| 2016 | 5462 |
Este gráfico y la tabla anterior muestran la cantidad de casos totales que fuimos conociendo a la hora de cerrar cada actualización anual, desde la primera presentación en 1996, hasta esta vigésimo segunda, en 2017.
13,2% en menos de dos años
Más de un muerto por día
Esta tabla y este gráfico muestran el total de casos de cada gobierno, y el porcentaje sobre el total de casos registrados:
| Gestión | Fecha | Casos | % |
| Alfonsín | dic-83 a jul-89 | 116 | 2,12 |
| Menem | jul-89 a dic-99 | 710 | 13,00 |
| Alianza De la Rúa/Álvarez | dic-99 a dic-01 | 482 | 8,82 |
| Puerta/R. Saá/Duhalde | dic-01 a may-03 | 269 | 4,92 |
| N. Kirchner | may-03 a dic-07 | 996 | 18,24 |
| C. Kirchner | dic-07 a dic-15 | 2164 | 39,62 |
| Macri | dic-15 a hoy | 725 | 13,27 |
| TOTAL | 5462 | 100,00 |
En menos de dos años, el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados ya es responsable del 13,27% del total de muertes ocurridas desde diciembre de 1983.
Más impactante aún es el resultado si obtenemos el promedio diario, en función del tiempo de gobierno, ya que supera UN MUERTO POR DÍA: 725 asesinados por la represión estatal en 721 días de gobierno.
| Días de gobierno | Gestión | Fecha | Casos | Promedio de casos por día |
| 2037 | Alfonsín | dic-83 a jul-89 | 116 | 0,06 |
| 3743 | Menem | jul-89 a dic-99 | 710 | 0,19 |
| 741 | Alianza De la Rúa/Álvarez | dic-99 a dic-01 | 482 | 0,65 |
| 519 | Puerta/R. Saá/Duhalde | dic-01 a may-03 | 269 | 0,52 |
| 1720 | N. Kirchner | may-03 a dic-07 | 996 | 0,58 |
| 2912 | C. Kirchner | dic-07 a dic-2015 | 2164 | 0,74 |
| 722 | M. Macri | dic-15 a hoy | 725 | 1,01 |
| TOTAL | 5462 |
Nos están matando más de un pibe o una piba por día. He aquí la Revolución de la Alegría.
La Policía de la Ciudad:
Un debut a tiro limpio
Uno de los elementos novedosos de 2017, fue que el 1º de enero comenzó a operar la Policía de la Ciudad, fruto de la fusión de la Policía Metropolitana, creada por el mismo Mauricio Macri en 2008 durante su gestión como Jefe de Gobierno porteño, con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Así, quedó constituida una mega fuerza de 27.000 efectivos para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 habitantes. O más de 800 policías por cada 100.000 habitantes, casi el triple de los 300 x 100.000 que recomienda la ONU como óptimo. Y todo esto sin retirar, sino incrementar, la cantidad de gendarmes y prefectos (y algún que otro policía de seguridad aeroportuaria) que suman todavía más poder de fuego estatal en los barrios.
Esto se ha empezado a reflejar en el Archivo, en el que, en 2017, ya no hay casos de Metropolitanos, y descendió mucho la incidencia de la Federal, ahora limitada a las pocas delegaciones en las provincias o la División Custodias, por ejemplo. Al mismo tiempo, junto con el debut en la calle, la nueva Policía de la Ciudad debutó también con el gatillo fácil, aunque es justo señalar que pocos son principiantes: como lo vimos en algunos juicios durante el año, los mismos efectivos que hace 10 años revistaban en otras fuerzas federales (PFA, GNA, PNA) o policías provinciales, fueron los que conformaron la Metropolitana, hoy, fundidos en un solo cuerpo con los federales, nos reprimen ahora en celeste y bordó.
De la misma manera que a nivel nacional la dirección del aparato estatal por el gobierno macrista ha generado el salto más espectacular de las últimas tres décadas en materia represiva, la Policía de la Ciudad logró el récord de superar, en un año, a la más nueva de sus antecesoras, la Metropolitana, en cantidad de casos registrados.
| FUERZA | CANTIDAD DE CASOS | PORCENTAJE DEL TOTAL |
| Policías provinciales | 3031 | 55,49 |
| Servicios penitenciarios | 1506 | 27,57 |
| Policía federal | 534 | 9,78 |
| Otras Fuerzas | 127 | 2,33 |
| Seguridad privada | 76 | 1,39 |
| Gendarmería | 87 | 1,59 |
| Prefectura | 57 | 1,04 |
| Metropolitana | 20 | 0,37 |
| Policía de la Ciudad | 24 | 0,44 |
| TOTAL | 5462 | 99,56 |
La Policía Metropolitana protagonizó 20 asesinatos registrados en sus 8 años de existencia, si bien corresponde recordar que en el primer bienio, al menos, estaba lejos de sus 6.300 efectivos finales, y tenía presencia en unos pocos barrios. La Policía de la Ciudad, en cambio, fusiló 24 personas en el año de su debut, hasta donde nos hemos enterado. Un tercio casi del poder letal de gendarmería, y casi la mitad de prefectura, que actúan en el control territorial desde mediados de los ’90.
La Policía de la Ciudad mató más de dos personas por mes desde su creación en enero de 2017. Otro gran éxito de Cambiemos.
En este gráfico se advierte que la mayoría de las muertes (55,49%) corresponden al conjunto de las policías provinciales, excluidas la ex Metropolitana y la de la Ciudad.
La alta incidencia de los servicios penitenciarios de todo el país se vincula con la gran cantidad de muertes en cárceles y otros lugares de detención, excluidas las comisarías. El personal de los “institutos de menores” se encuentra listados en “Otras fuerzas”, pues dependen de la SENAF u organismos semejantes, sin grado penitenciario ni policial.
Gendarmería y prefectura, que irrumpieron en el ámbito del gatillo fácil, la tortura y las muertes en movilizaciones y manifestaciones a mediados de los ’90, y hoy comparten el control territorial con las policías, ven incrementada este año su participación, con protagonismo excluyente en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Las muertes causadas por miembros de empresas privadas de seguridad siguen en franco ascenso, así como la categoría “otras fuerzas”, donde además de personal de las fuerzas armadas, se clasifican las patotas y otros grupos de choque paraoficiales, en la modalidad que llamamos “tercerización de la represión”.
Primera causa de muerte a manos del estado:
Caminar por el barrio o estar preso/a
En este gráfico se ponen de manifiesto las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social: los fusilamientos de gatillo fácil (44% del total) y las muertes de personas detenidas (40%).
El 84% del total de asesinados por el aparato represivo estatal caminaban por un barrio o estaban detenidos/as.
Las recurrentes y ampliadas campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático. En estos dos años, se da una paradoja significativa, al ritmo de la época: mientras los fusilamientos de personas desarmadas, en particular varones jóvenes, como se verá más adelante, crecen a un ritmo nunca antes visto, es cada vez menor el reflejo de esos hechos en los medios del sistema. Excluyendo los casos de contacto directo con la familia o amigos, son los medios de comunicación popular y las redes sociales los que nos permiten enterarnos la mayoría de las veces.
En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen los clásicos “suicidios” que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. Las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en buena parte de los casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, etc.).
En los pocos casos en los que podemos acceder a datos oficiales, como los de la Procuración Penitenciaria de la Nación respecto de las cárceles federales, o los de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense, constatamos que también en este “rubro” el gobierno de Cambiemos muestra su eficacia represiva, con guarismos como 158 muertos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires en 2016.
La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales, pues son personas que en horas recuperarán la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor que nosotros: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados.”.
También esta modalidad ha crecido brutalmente, a partir de la orden del gobierno (nacional, de la Ciudad y de todas las provincias) de aplicar a fondo las herramientas del sistema de detenciones arbitrarias. La intercepción para identificar, las requisas en medios de transporte, modalidades que vemos multiplicarse a diario, con la consiguiente detención en muchos casos, se traducen en más cantidad de personas en las comisarías. Por lo tanto, más tortura, y más muertes.
Las casi 200 desapariciones registradas, que incluyen este año 2017 a Santiago Maldonado, no están desagregadas como modalidad aparte, pues pueden concurrir tanto con fusilamientos de gatillo fácil como con muertes bajo custodia y hasta con asesinatos intrafamiliares u otras modalidades. Por ejemplo, los casos en los que la víctima fue vista en una comisaría, o cuando la detenían, están listados bajo la categoría muertes en lugares de detención; los femicidios en los que se desapareció el cuerpo están agrupados junto al resto de las muertes “intrafamiliares” y el nombre de Santiago se sumó, junto a Rafael Nahuel, al listado de asesinados en la represión a la protesta y el conflicto social. En los casos que no se conoce lo sucedido, o no se trata de ninguna de las modalidades principales, se incluyen en la categoría “otras”.
Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios.
Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 73 desde 1995. El gobierno de Cambiemos inauguró en 2017 su cuenta, con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, y el fusilamiento de Rafael Nahuel, por mano de GNA y PNA respectivamente.
Edad de las víctimas
Disciplinar desde la cuna
El 50% de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima, corresponde a personas de 25 años o menos. Así se confirma que, en el segmento mayoritario, que son los fusilamientos de gatillo fácil y las muertes en lugares de detención, la selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase. Así como son excepcionales los fusilamientos callejeros de jóvenes de sectores medios o altos, y los pocos que hay responden, por lo general, a que eran pibes o pibas con la pinta, la actitud o el lugar “equivocado”, es también poco frecuente que sean personas mayores de 35 años los destinatarios de las políticas represivas que sirven para implementar el control social.
Los rangos de edad que muestra el gráfico anterior, con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador de ese contenido de control social de la represión: el 47% corresponde al segmento de 15 a 25 años, y llega al 50% con los menores de 15. Si se suman los de menos de 35, se llega al 76% del total, mientras que las personas de 36 a 45 años, y los mayores de 45, apenas ocupan el 6% cada uno.
Es necesario destacar que el 12% sin datos precisos de edad corresponde abrumadoramente a las muertes en prisión, de los que es muy difícil conseguir información. La Procuración Penitenciaria Nacional publica la cantidad y causa de las muertes en cárceles federales, pero no suele proporcionar la edad y nombre de las víctimas. A la inversa, la Comisión Provincial por la Memoria publica listado de nombres, sin indicar en qué unidad murieron, ni su edad o fecha de la muerte. A veces logramos identificar alguno o alguna por noticias periodísticas, por contacto con familiares o amigos, por denuncias en redes sociales. En algunas oportunidades, cuando se conoce la unidad carcelaria, es posible determinar un rango posible de edad, como en el caso de los que llaman “menores adultos”.
La misma dificultad aparece con la causa y circunstancias de la muerte, a veces oficialmente listada como “accidente en el marco de una medida de fuerza”, que traducido del eufemismo al castellano puede significar, por ejemplo, que murió asfixiado/a porque no le abrieron la reja durante una protesta o reclamo con quema de colchones, como en la comisaría de Pergamino o en Magdalena.
No tenemos dudas de que las muertes en cárceles es uno de los segmentos más sub-registrados en este Archivo.
Distribución por territorio
De Ushuaia a La Quiaca
Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 46,69% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico y la tabla con los valores parciales.
| Lugar | Casos | % |
| Buenos Aires | 2550 | 46,69 |
| Santa Fe | 594 | 10,88 |
| Córdoba | 410 | 7,51 |
| CABA | 372 | 6,81 |
| Mendoza | 277 | 5,07 |
| Tucumán | 124 | 2,27 |
| Corrientes | 114 | 2,09 |
| Santiago del Estero | 110 | 2,01 |
| Entre Ríos | 104 | 1,90 |
| Salta | 87 | 1,59 |
| Chaco | 81 | 1,48 |
| Chubut | 81 | 1,48 |
| Río Negro | 80 | 1,46 |
| Misiones | 75 | 1,37 |
| Jujuy | 62 | 1,14 |
| Neuquén | 52 | 0,95 |
| La Pampa | 47 | 0,86 |
| Catamarca | 44 | 0,81 |
| San Luis | 43 | 0,79 |
| Formosa | 42 | 0,77 |
| San Juan | 34 | 0,62 |
| La Rioja | 29 | 0,53 |
| Santa Cruz | 26 | 0,48 |
| Tierra del Fuego | 24 | 0,44 |
Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 2.550 casos de una con los 277 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.
Para tener una imagen más clara, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes.
| Lugar | Índice x millón hab. |
| Tierra del Fuego | 188,67 |
| Santa Fe | 185,94 |
| Buenos Aires | 163,20 |
| Mendoza | 159,29 |
| Chubut | 159,10 |
| La Pampa | 147,36 |
| CABA | 128,71 |
| Santiago del Estero | 125,86 |
| Río Negro | 125,27 |
| Córdoba | 123,91 |
| Catamarca | 119,62 |
| Corrientes | 114,85 |
| San Luis | 99,47 |
| Santa Cruz | 94,90 |
| Neuquén | 94,33 |
| Jujuy | 92,08 |
| La Rioja | 86,92 |
| Tucumán | 85,62 |
| Entre Ríos | 84,14 |
| Formosa | 79,22 |
| Chaco | 76,76 |
| Salta | 71,64 |
| Misiones | 68,08 |
| San Juan | 49,92 |
Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos del Censo 2010, vemos que la represión se descarga de manera casi uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable.
La provincia de Buenos Aires pierde su lugar destacado para quedar en tercer lugar, detrás de, Tierra del Fuego y Santa Fe, seguida de cerca por Mendoza y Chubut, con La Pampa, CABA, Santiago del Estero y Río Negro a continuación.
Es de notar que los distritos que encabezan la lista son aquellos en los que de manera más brutal se viene aplicando el ajuste, y donde más ataques han sufrido las y los trabajadores con cierres de fábricas, congelamiento de salarios, paritarias a la baja y creciente desocupación.
Ni una menos:
Femicidios de uniforme
Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y niñas. El número de mujeres muertas en lugares de detención es sensiblemente menor que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.
Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.
Los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 329 casos sobre un total de 541 de víctimas mujeres y mujeres trans, lo que convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal, muy por encima del gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías, las desapariciones, los asesinatos en represión a la protesta y otras modalidades.
También registramos 69 femicidios relacionados, entendiendo por tales los casos en los que, además, o en lugar de la mujer, el violento mata a otros familiares (hijos e hijas, madres, padres, hermanos), nuevas parejas o a quienes intentan defender a la víctima original. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas.
En algunos pocos casos, es la mujer, perteneciente a una fuerza de seguridad, la que mata a su pareja, hombre o mujer, o a sus familiares.
Es notable el incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los últimos años. Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional, que una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. El 20% del total de femicidios son cometidos por integrantes del aparato represivo estatal. Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal.
Santiago y Rafael:
Los dos primeros muertos en la represión a la protesta de Cambiemos
Desde 1995, se registran 73 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45 asesinados, de los cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escolta el gobierno de Cristina Fernández, con 21, mientras que Menem, Duhalde y Néstor Kirchner venían “empatando” con dos casos cada uno, ahora alcanzados por Mauricio Macri con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, ambos en el marco de la represión descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperación de su territorio.
Mauricio Macri, acompañado por la primera línea de su gobierno, como la vicepresidenta Gabriela Michetti, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Germán Garavano, y otras figuras de la alianza gobernante como Elisa Carrió, intervino de manera bien diferente a cualquiera de sus antecesores ante ambos hechos.
Lejos de recurrir a los clásicos argumentos del “desborde”, la “autonomía relativa” de las fuerzas o similares, todo el gobierno nacional salió en bloque a reivindicar a su aparato represivo, para el que vale el único “beneficio de la duda” (Michetti) y cuya versión es “versión de verdad” (Bullrich). Apoyados en el fabuloso aparato mediático que funciona como reproductor y amplificador de la propaganda oficial, se dedicaron a construir aterradores relatos sobre la actuación de grupos “violentos y subversivos” en la Patagonia, que, sin perjuicio del nivel de disparate colosal que por momentos adquirieron, se orientan claramente a la construcción de un imaginario enemigo interno cuya represión definió Michetti como “decisión de estado”, y Bullrich coronó con una amenaza textual de intervención “sin límites”.
Simultáneamente, resolvieron avanzar en medidas como las instrucciones dadas por el Procurador General de la Nación a los fiscales respecto de la creación de una “estructura dedicada a elaborar una estrategia integral contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”.
Decididamente, se avecinan tiempos aún más difíciles, que nos deberán encontrar dispuestos y dispuestas a ocupar los lugares de lucha que les arrebataron, junto con su vida, a estos compañeros y compañeras:
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12/04/1995 | Tierra del Fuego | Menem |
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12/04/1997 | Neuquén | Menem |
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17/12/1999 | Corrientes | De la Rúa |
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17/12/1999 | Corrientes | De la Rúa |
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10/11/2000 | Salta | De la Rúa |
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23/11/2000 | Chaco | De la Rúa |
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26/12/2000 | Córdoba | De la Rúa |
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16/06/2001 | Salta | De la Rúa |
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16/06/2001 | Salta | De la Rúa |
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19/12/2001 | Buenos Aires | De la Rúa |
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19/12/2001 | Buenos Aires | De la Rúa |
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19/12/2001 | Buenos Aires | De la Rúa |
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19/12/2001 | Buenos Aires | De la Rúa |
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19/12/2001 | Ciudad de Buenos Aires | De la Rúa |
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19/12/2001 | Córdoba | De la Rúa |
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19/12/2001 | Santa Fe | De la Rúa |
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19/12/2001 | Santa Fe | De la Rúa |
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19/12/2001 | Santa Fe | De la Rúa |
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19/12/2001 | Santa Fe | De la Rúa |
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19/12/2001 | Santa Fe | De la Rúa |
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19/12/2001 | Santa Fe | De la Rúa |
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19/12/2001 | Santa Fe | De la Rúa |
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20/12/2001 | Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Ciudad de Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Ciudad de Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Ciudad de Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Ciudad de Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Ciudad de Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Ciudad de Buenos Aires | De la Rúa |
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20/12/2001 | Córdoba | De la Rúa |
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20/12/2001 | Córdoba | De la Rúa |
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20/12/2001 | Corrientes | De la Rúa |
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20/12/2001 | Corrientes | De la Rúa |
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20/12/2001 | Entre Ríos | De la Rúa |
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20/12/2001 | Entre Ríos | De la Rúa |
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20/12/2001 | Entre Ríos | De la Rúa |
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20/12/2001 | Río Negro | De la Rúa |
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20/12/2001 | Santa Fe | De la Rúa |
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20/12/2001 | Sin datos | De la Rúa |
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20/12/2001 | Tucumán | Duhalde |
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21/12/2001 | Santa Fe | Duhalde |
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26/06/2002 | Buenos Aires | De la Rúa |
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26/06/2002 | Buenos Aires | De la Rúa |
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10/10/2003 | Jujuy | N. Kirchner |
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04/04/2007 | Neuquén | N. Kirchner |
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05/04/2008 | Mendoza | Cristina Kirchner |
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16/01/2010 | Buenos Aires | Cristina Kirchner |
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17/06/2010 | Río Negro | Cristina Kirchner |
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17/06/2010 | Río Negro | Cristina Kirchner |
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20/10/2010 | Ciudad de Buenos Aires | Cristina Kirchner |
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23/11/2010 | Formosa | Cristina Kirchner |
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25/11/2010 | Formosa | Cristina Kirchner |
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07/12/2010 | Ciudad de Buenos Aires | Cristina Kirchner |
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07/12/2010 | Ciudad de Buenos Aires | Cristina Kirchner |
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09/12/2010 | Ciudad de Buenos Aires | Cristina Kirchner |
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28/07/2011 | Jujuy | Cristina Kirchner |
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28/07/2011 | Jujuy | Cristina Kirchner |
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28/07/2011 | Jujuy | Cristina Kirchner |
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28/07/2011 | Jujuy | Cristina Kirchner |
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05/11/2011 | Río Negro | Cristina Kirchner |
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16/11/2011 | Santiago del Estero | Cristina Kirchner |
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10/10/2012 | Santiago del Estero | Cristina Kirchner |
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18/05/2013 | Salta | Cristina Kirchner |
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22/05/2013 | Chaco | Cristina Kirchner |
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18/10/2015 | Chaco | Cristina Kirchner |
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01/08/2017 | Chubut | Mauricio Macri |
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25/11/2017 | Río Negro | Mauricio Macri |
* Cárdenas y Ferreira fueron baleados, respectivamente, el 19 y 20 de diciembre, pero fallecieron un año después por las secuelas de las heridas.
[1] Por ejemplo, los informes sobre Femicidios, que registran un alto porcentaje de muertes a manos de miembros de las fuerzas de seguridad; los informes sobre muertes en cárceles de organizaciones anticarcelarias, y hasta de organismos oficiales, como la Procuración Penitenciaria Nacional o la Comisión por la Memoria.
