El 1º de diciembre de 2016, la versión policial traía pocas sorpresas y era reproducida sin matices por los medios hegemónicos: dos “marginales” intentaron robarle la moto a un policía bonaerense, que debió defenderse, con el resultado de un muerto y un herido, detenido.
Noemí Robelli, mamá de Leo Sotelo, el pibe de 19 años que recibió tres disparos de la pistola Bersa Thunder del policía local Giuliano Fattori, se sumó a CORREPI y encaró con igual fuerza la lucha en las calles y en los tribunales.
De entrada, el primer fiscal decidió que no había nada que reprochar al policía, y le tomó indagatoria por un “no delito”, ya que calificó el hecho como homicidio justificado por la legítima defensa. De nada sirvió repetir y repetir que el policía disparó 9 veces, que Leo recibió tres impactos, que la bala fatal entró por la espalda, que no había otras señales de proyectiles más que los de Fattori ni otras armas en el lugar.
Mientras tanto, el amigo de Leo, también herido de atrás hacia adelante, fue detenido por tentativa de robo.
La sostenida pelea, a pesar del escenario cada vez más difícil que nos plantea la promoción pública del gatillo fácil por boca presidencial, logró abrir una fisura, y hace pocas semanas el fiscal general de Lomas de Zamora nos dió la razón: Apartó a ese fiscal y dictaminó que Fattori, el policía de los 9 tiros contra un pibe desarmado, debe ir a juicio oral.
Ganada esa primera batalla, vamos ahora, junto a Noemí y su familia, por la de fondo: demostrar en el juicio que no fue un “homicidio con exceso en la legítima defensa”, como concedió el nuevo fiscal, sino un homicidio calificado. Un fusilamiento.
Por Leo y por todos los asesinados por el aparato represivo estatal, vamos por perpetua a Fattori.
No al gatillo fácil – No a la pena de muerte.
