El 8 de febrero, el diario Clarín tituló “Investigan a un policía del Grupo Halcón por matar a un adolescente de 17 años”. La bajada de la nota explicaba: “El oficial aseguró que el joven le había intentado robar el celular en un semáforo. Le disparó cinco veces y le acertó dos por la espalda, aún cuando estaba desarmado”.
El mismo día, en el mismo diario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaba, al calor del caso Chocobar: “Estamos cambiando esta doctrina de que el policía siempre era culpable“.
Mónica y Claudio, los padres de Fabián Exequiel Enrique se pusieron en contacto con CORREPI pocos días después, y el 24 de marzo pasado toda la familia marchó a Plaza de Mayo bajo nuestra bandera, junto a otros familiares de víctimas de la represión, enarbolando pancartas con las caras de sus pibes de un lado, y frases respondiendo a Bullrich del otro.
Casi dos meses después, la lucha organizada suma otro triunfo. Ayer, el oficial del Grupo Halcón Braian Darío Montes fue detenido e indagado por el homicidio agravado de Fabián. Es que de los elementos reunidos por la fiscal Karina Gallo, de la UFI nº 4 de Quilmes, surge que Fabián recibió tres disparos cuando daba la espalda al policía. Una bala de la pistola reglamentaria Bersa Thunder 9mm impactó en la zona lumbar izquierda, otra en la derecha, y la tercera en el muslo, siempre en la parte posterior. Los dos proyectiles que entraron por la espalda lesionaron ambos pulmones, bazo y corazón, y causaron la muerte en pocos minutos.
El policía relató en su indagatoria una de cowboys, con varias personas que, pese a estar uniformado, lo atacaron simultáneamente, fuertemente armados, para robarle un celular. Pero dos testigos presenciales corroboraron que Fabián estaba solo y desarmado, que sólo sonaron los cinco tiros del uniformado y no hay huellas ni de otros disparos ni del teléfono. Tampoco dio una explicación razonable de por qué huyó del lugar en el auto que conducía, y recién se presentó ante la comisaría 3ª de Quilmes, acompañado por su jefe del Grupo Halcón, 24 horas después, cuando el caso ya era público.
Resta ahora que la titular de la Fiscalía nº 4 de Quilmes, Dra. Karina Gallo, requiera su prisión preventiva. Mónica y Claudio, particulares damnificados con patrocinio de CORREPI, presentarán después del feriado el reclamo de que se califique el hecho como homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad (art. 80 inc. 9º CP), y no como simple homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 79 y 41 bis CP), no sólo porque la pena para el homicidio cometido por un policía es la prisión perpetua, sino fundamentalmente porque jueces y fiscales deberían señalar con claridad la diferencia entre un crimen común, cometido por cualquier persona, y un crimen de estado, como el gatillo fácil.
Así como lo dijimos en las calles el 24 de marzo y cada vez que salimos con nuestras banderas a denunciar la represión estatal, también en los tribunales peleamos contra las “nuevas doctrinas” que el gobierno de Macri y Bullrich buscan imponer.
No a la doctrina Chocobar – No al gatillo fácil
Perpetua para el oficial Montes, asesino de Fabián Enrique.
