El 12 de diciembre de 2017, en Callao y Corrientes, la policía reprimió a los manifestantes que desconcentraban después de la movilización en repudio de la presencia de la Organización Mundial de Comercio en nuestra ciudad. Varias decenas de compañeros y compañeras fueron arrinconados en un garaje sobre Corrientes, rodeados por la policía de la Ciudad, mientras un grupo de gendarmes rodeaba a otro grupo sobre Callao.
La reacción espontánea de quienes transitaban esa esquina, que se agolparon frente a los cordones de las fuerzas de seguridad al grito de “¡Largá los pibes…!” permitió que la enorme mayoría fuera liberada, cuando solamente dos compañeros y una compañera había sido subidos al camión de traslado.
Así, en lugar de 31, 44 o 69 detenidos y detenidas, como el 1/9, el 14 y el 18/12, solamente Natalia Pérez, de la Defensoría de Géneros de Luján, Hernán Centeno, docente de SUTEBA Escobar y Enrique Ragadali, persona en situación de calle que vive en esa esquina, fueron llevados a la comisaría de la Comuna 5ª.
Los tres fueron imputados e indagados por el nuevo “combo manifestación” impuesto por el gobierno de Cambiemos: intimidación pública y resistencia a la autoridad, y excarcelados casi tres días después, cuando ya ocupaban las celdas linderas, y las de varias comisarías más, los presos y presas del 14.
Hoy, en una resolución que apenas si modifica algún detalle respecto de la que el mismo juez federal, Claudio Bonadío, dictara en la causa del 14 de diciembre, los tres fueron procesados, sin prisión preventiva. Una vez más, como en aquella resolución, el juez aplica linealmente la “doctrina” Cambiemos. “La versión de las fuerzas es versión de verdad”, dijo Patricia Bullrich, y “El beneficio de la duda es para las fuerzas”, dijo Gabriela Michetti.
Bonadío, como en la causa del 14, admitió en el fallo que “no se cuenta en autos con registros fílmicos nítidos y cercanos sobre el preciso momento del enfrentamiento” y reconoció que las declaraciones de los policías tienen “falencias y deficiencias” (sic), pero a pesar de la negativa rotunda de haber participado de los hechos imputados, usó como único sustento para el procesamiento la palabra policial.
Este nuevo ataque del gobierno del ajuste y la represión contra el pueblo trabajador, busca frenar el derecho a la protesta, a fuerza de imponer un verdadero estado de excepción, con suspensión de derechos y garantías, en las calles y los tribunales.
Pero nuestro pueblo lucha y se organiza, y defiende a sus hijos e hijas. Desde CORREPI hacemos nuestro pequeño aporte en la defensa técnica de Hernán y Natalia (el joven en situación de calle optó por la defensa oficial). Apelaremos esta resolución de inmediato, convocaremos a movilizar cuando esa apelación se discuta en la Cámara Federal, y reclamaremos tanto el cierre de esta causa, como de todas las iniciadas contra luchadores y luchadoras.
¡Basta de ajuste y represión!
Cierre de todas las causas contra luchadores y luchadoras
Libertad a lxs presxs políticxs
