Durante años denunciamos que las muertes en manos del aparato represor no son sólo las que suceden en situación de represión a la protesta social o hacia sectores organizados, sino también las que ocurren en los barrios, cárceles y comisarías, cuando detienen personas arbitrariamente o por una contravención, que termina en asesinatos, y en los casos de gatillo fácil y demás prácticas que se descargan de manera indiscriminada sobre los/as más pobres y en particular los/as más jóvenes. Estos hechos tienen la característica de estar más invisibilidados que los primeros, y menos juzgados no sólo en el ámbito jurídico, sino también en el de la opinión pública. Aquí, la atención se posa sobre la víctima para criminalizarla, utilizando como argumentos la zona donde viviera, si consumía drogas, si robaba y otras acciones que no legitiman que se las mate. Ejemplos de esto,por Zona Sur, son Leonel Sotelo, Gonzalo Fernández y Maximiliano Reynoso; el primero caratulado como “homicidio en Exceso de la legítima defensa” y los dos últimos pasados como Suicidios dentro de la 3era de San José.
Sabemos que cuando la represión se aplica a organizaciones y militantes populares por su carácter específico de organización, también se utiliza la criminalización de la protesta y del activismo político, dejando de lado el núcleo de los reclamos para justificar el despliegue de las fuerzas al desconcentrar y reprimir una movilización, o al amenazar y detener militantes.
De igual forma, vale aclarar que cuando de números se trata, encontramos un margen sumamente desigual que da cuenta de dónde se descarga la mayor fuerza de seguridad. Desde el 1983 hasta diciembre del 2017 recopilamos 5.462 casos, de los cuales el 84% del total de asesinados/as por el aparato represivo estatal caminaban por un barrio o estaban detenidos/as (Ver en Archivo de casos 2017)
Así como hablamos de asesinatos más allá de la situación de protesta, también denunciamos las políticas de desaparición y torturas como algo que no sólo son prácticas de los militares al mando del Estado.
Diana Estefanía Colman salió de su casa en la localidad de Guernica el 19 de junio de 2015 y desde ese momento no se supo más nada de ella. Con fuerza y poder organizativo, familiares y organizaciones sociales conformaron la “Campaña por la aparición de Diana Colman”, para exigir la búsqueda de Diana ante lo que vemos como una clara Desaparición Forzada.
Desde el principio, la justicia, la policía y el Estado, sólo retrasaron la investigación y hasta hubo amenazas a personas que se movilizan y reclaman por la aparición con vida de la muchacha.
A casi tres años de la desaparición de Diana pasaron tres fiscales por la causa sin resultados ni respuestas para la familia. Al renunciar, uno de los fiscales expresó que Isabel Colman -madre de Diana- se movilizaba con “gente violenta”. Violencia llaman a las movilizaciones pacíficas en apoyo a la búsqueda, a la denuncia de las amenazas, y a exigir al estado nacional, provincial y municipal que se pongan al hombro la investigación.
El Estado no se tomó en serio la búsqueda, dejaron que se pierda tiempo esencial y no asistieron a la familia, que atravesó momentos complicados de salud y materialmente (Isabel sufrió dos infartos y la amputación de una pierna, y el hijo de Diana que hoy tiene 12 años, obtiene sus materiales escolares de lo que juntan entre la gente de la Campaña). Es la unidad de quienes acompañan, las que dan fuerzas para seguir luchando contra este sistema que además de penarnos con la muerte, nos mata de pena.
Sabemos que la trata de personas tiene como cómplices (y ejecutores) a personajes con poderes judiciales, a fuerzas policiales y demás, que por esa red gozan de impunidad, ya que quienes tendrían que juzgarlos, detenerlos o denunciarlos, muchas veces están dentro o comprometidos con esos vínculos.
Por esto, no nos sorprende que tanto la Justicia como la policía, muchas veces encubra estos hechos, y por otro lado, estigmaticen, amenacen, criminalicen a las víctimas y a quienes reclaman y luchan por una causa justa.
Según la Campaña contra las violencias hacia las mujeres casi 700 mujeres desaparecen sumergidas en las redes de trata por año. Y la voluntad política no se destina a frenar estos casos, ni a generar contención, ni a prevenir de manera simbólica y/o física las violencias de cualquier tipo ejercidas sobre las mujeres y mujeres trans.
Cuando hablamos de los casos en que el aparato represor es el responsable material de la muerte, advertimos que en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres y trans se relacionan con situaciones de violencia machista y patriarcal.
Hoy, así como la inmensa mayoría de asesinatos a varones se deben al gatillo fácil o a detenciones, de 541 casos de víctimas mujeres y mujeres trans, 329 fueron por razones de género, por ser mujeres, o trans.
Esto convierte a los femicidios en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.
Estimamos que una de cada cinco mujeres asesinadas en un contexto de violencia de género, es a la vez, víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. El 20% del total de femicidios son cometidos por integrantes del aparato represivo estatal. Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal.
María Cash, Marita Verón, Nataly Gonzalo, María Florencia Pennacchi, Sofía Herrera… sólo algunos nombres de las miles que nos faltan, de las que nos duelen. Por ellas y por todas las que estamos, nos organizamos y luchamos.
Para exponer la responsabilidad del Estado al momento de ejercer la represión y la violencia, para denunciar su ausencia cuando de acompañar, contener y estar junto al pueblo se trata, para hacerle frente, y generar herramientas y redes: ¡unidad, organización y lucha!
