En los últimos meses, se hizo notorio en la zona noroeste del conurbano el avance de fuerzas represivas sobre espacios culturales e instituciones educativas. En algunas ocasiones, de forma sutil como teniendo “presencia” formal en actos oficiales o como siempre sabemos, efectivizandose como el componente coercitivo ejecutor de políticas públicas estatales de los distintos gobiernos regionales.
En el último mes sucedieron dos hechos en el Instituto de Formación Terciaria Superior N°112 (que comparte edificio con la secundaria Juana Manso), lo que puso la alarma entre estudiantes y docentes, ya que estaban avaladas por las autoridades de la institución.
El pasado 25 de mayo, y como excusa por la celebración de un acto oficial, se hizo presente allí la Gendarmería Nacional con su banda sinfónica que en un acto de total perversión compartió con el público presente la “Marcha del Proceso” o como se la conoció después: “Marcha del Golpe”, que acompañó el acto en que Jorge Rafael Videla asumió como parte de la última dictadura genocida, en marzo de 1976, y que también volvió a tocarse al inicio del mundial de fútbol de 1978.
El último hecho aconteció la semana pasada, cuando la policía local de San Miguel argumentó que hubo una denuncia sobre personas “merodeando” los techos del instituto e ingresó armada y uniformada a recorrer libremente todo el espacio educativo y se negó a irse ante la denuncia de parte de la comunidad educativa.
La inmediatez con la que estos hechos se suceden da cuenta de la impunidad y la deliberada intencionalidad política con la que se promueven.
No hay que dejar de mencionar tampoco el avance estatal sobre las diversas manifestaciones de la cultura popular, que tienen al municipio de San Miguel como referente indiscutido si de prácticas coercitivas se trata. En el caso de las murgas independientes, ya son varias las ocasiones en las que se prohibieron los Corsos Libres y Autogestivos y se sancionaron a sus promotores en territorio sanmiguelino, llegando incluso a prohibir los ensayos en espacios públicos. Así lo atestiguan lxs integrantes de “Resakadxs del Trueno” y “Pa que Te Muevas” (ambas del Barrio Obligado) que hace pocas semanas volvieron a realizar sus ensayos en el Corredor Aeróbico de la estación de Muñiz (Ferrocarril San Martin) luego de meses sin poder llevarlos a cabo por las presiones estatales (en ocasiones disfrazadas de multas; otras veces con la lisa y llana presencia de patrulleros policiales).
Tampoco podemos dejar de mencionar las clausuras a espacios culturales cerrados. La más reciente y explícita (por la cantidad de veces en las que se intento cerrar) fue la clausura al Centro Cultural Raíces. Durante la última quincena de mayo este espacio quedó inhabilitado para realizar festivales por la inspección municipal, porque supuestamente no cumplía con requisitos mínimos de seguridad. Como no alcanzó con estos buchones municipales, obviamente se hicieron presentes varios patrulleros para servir de apoyo. Cerca de un centenar de personas se agolparon en las puertas del centro cultural para difundir su solidaridad, denunciar la censura y organizarse para exigir que dejen de clausurar los pocos espacios que construyen cultura popular, y al mismo tiempo funcionan de punto de encuentro entre distintos grupos organizativos de la región.
En estas tierras se hacen carne las políticas anti populares y anti obreras del gobierno de Cambiemos. No solo ajustan nuestras condiciones de vida y nos reprimen si peleamos contra ello, sino que también cercenan nuestros espacios de ejercicio colectivo de la creatividad y contaminan los espacios de estudio. La tonalidad política no hace distinción si se trata de controlar socialmente a los sectores populares. En San Miguel, gobierna con el sello del Opus Dei la familia De la Torre (también funcionarios en el gobierno provincial), dotada de una capacidad ideológica adaptativa de acuerdo al momento político y el gobierno de turno. En José C. Paz, las telarañas y el polvo invaden cada espacio cuando se habla de Mario Ishii, otro “camaleón” del peronismo bonaerense y promotor de la vuelta del servicio militar obligatorio, además de amigo reconocido de Aldo Rico, aquel cara pintada de 1987 que fue intendente de San Miguel luego de la división territorial del ex partido de General Sarmiento.
Nada es casual en tiempos donde la represión crece día a día y en donde se avecinan nuevas batallas que como organizaciones del campo popular debemos dar, tal como la reforma del Código Procesal Penal lo evidencia. Además, no debemos dar lugar al sentido común y el discurso oficial que promueven los distintos gobiernos para legitimar sus prácticas.
Más que nunca, tenemos que seguir batallando, en unidad y como siempre, en las calles, con más organización y más lucha.
