El 10 de enero de 2005, en una requisa de rutina, los policías de la comisaría 3ª de Avellaneda, en el Dock Sud, descubrieron que alguno de los detenidos había empezado a raspar la pared de la celda con una cuchara. El “boquete” tenía dos centímetros de profundidad y cuatro de ancho, pero fue suficiente para que decidieran darles una lección. Los ocho presos fueron llevados al patio interno, donde los tuvieron, sin agua, al rayo del sol en pleno enero por más de ocho horas. Luego los hicieron bajar de a uno, les ordenaron desnudarse e ingresar al calabozo para armar su “mono”, ya que serían requisados individualmente y trasladados. Bajo la dirección del subcomisario Rubén Gómez, el oficial inspector Marcelo Fiordomo, el suboficial Julio Silva y el oficial Julio Gnopko los fueron recibiendo a puro golpe con bastones de madera. Una vez debidamente apaleados, los hicieron vestir y los subieron al camión de traslado que los repartió, horas después, por varias comisarías cercanas.
Diego Gallardo, de 20 años, llevó la peor parte en la sesión de tormentos. Para cuando lo subieron al camión eran evidentes los síntomas neurológicos por las lesiones en la cabeza. Sus compañeros trataron de asistirlo como pudieron, y reclamaron que fuera llevado a un hospital. Quince horas después, tras una espantosa agonía, Diego murió en la comisaría 1ª de Avellaneda.
Su madre y sus hermanas no creyeron la versión policial, que naturalmente responsabilizaba a otros presos por el homicidio, rechazaron los intentos de la Secretaría de DDHH provincial de silenciarlas con ofrecimientos subsidios, y recurrieron a nuestra compañera Delia Garcilazo, ya que conocían su historia de lucha, organizada en CORREPI, por el asesinato en la tortura de su hijo Fito Ríos.
La lealtad y coraje de los siete sobrevivientes, que no dudaron en testimoniar lo ocurrido, y el contundente informe de la autopsia, que dio cuenta de 57 lesiones en el cuerpo, con múltiples fracturas de cráneo y estallido de varios órganos, no dejó espacio para la duda, y, en 2007, los cuatro policías fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, con una enredada argumentación, los jueces se negaron a aplicar la figura de la tortura seguida de muerte. Condenaron por homicidio calificado en concurso con vejaciones, silenciando así la comisión de un crimen de estado, en una sentencia que condensa las falacias habituales del poder judicial para naturalizar la práctica de los tormentos en lugares de detención.
A 14 años de la tortura seguida de muerte de Diego Gallardo seguimos y seguiremos gritando: ¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!
Diego Gallardo y todas las pibas y los pibes asesinados por el aparato represivo del estado, ¡PRESENTES!
