El 19 de abril de 1996, el diario La Nación tituló “Accidentada marcha por Walter Bulacio”, haciendo eje en la represión policial sobre el final de la movilización de más de 5.000 personas de Congreso a Plaza de Mayo, bajo la consigna “Basta de represión – Basta de impunidad – Por Walter Bulacio, por Víctor Choque y por todos”. Hacía cinco años del asesinato de Walter, ya convertido en símbolo de la lucha contra la represión policial sobre jóvenes pobres. El 12 de abril, se había cumplido también el primer aniversario del asesinato del obrero metalúrgico Víctor Choque, fusilado por la policía en Ushuaia, Tierra del Fuego, durante la represión a la movilización que exigía la libertad de lxs detenidxs el día anterior, en el desalojo violento de la fábrica Continental, tomada por lxs trabajadores al anunciarse su cierre. La cabecera de la marcha, compartida por la abuela de Walter, nuestra compañera Mary Bulacio, y el secretario general de la UOM de Río Grande, Oscar “Lobo” Martínez, ponía el acento en la complementariedad de las dos modalidades represivas que venían avanzando bajo la gestión de Carlos Menem, con el aparato represivo dirigido por el ministro Carlos Corach: Por una parte, la que busca imponer el control social sobre los sectores no organizados y más vulnerables del pueblo trabajador, con las detenciones arbitrarias, la tortura y la muerte en comisarías y cárceles, y el gatillo fácil en los barrios. Por la otra, la represión selectiva y directa que busca el disciplinamiento de los sectores organizados que salen a luchar, con el ataque sobre manifestaciones y movilizaciones y la criminalización judicial de la protesta.
La causa por el fusilamiento de Víctor Choque terminó con una condena a ocho años de prisión –el mínimo para el homicidio simple- para el policía provincial Félix Polo. En un segundo juicio, celebrado en febrero de 1998, quedó expuesta la lógica de la represión estatal. Obligados a juzgar a otros policías que dispararon contra los manifestantes, jueces y fiscales acusaron también como “partícipe” del asesinato al referente sindical Lobo Martínez, con el argumento de que si no hubiera convocado a la movilización contra las detenciones en Continental, la policía no “se hubiera visto obligada” a reprimir, con el resultado del fusilamiento del trabajador salteño radicado en Ushuaia. CORREPI estuvo presente en las jornadas del debate, que terminó con la absolución del compañero y levísimas condenas a los policías Rafael López y Carlos Flores. Naturalmente, nunca fue investigada la responsabilidad política del gobernador Estabillo.
Para entonces, ya había sido asesinada la trabajadora Teresa Rodríguez. El 12 de abril de 1997, gendarmes y policías provinciales reprimieron un corte de ruta en el marco de una enorme huelga que sacudía la provincia. Una bala policial, de las muchas que se descargaron contra docentes, desocupadxs y vecinxs, impactó en su cuello. Aunque en junio del año 2000 una pericia del Instituto Balseiro de Bariloche determinó que la bala que mató a Teresa partió desde las filas policiales, la causa culminó con otra sentencia infame, con la condena a dos años y medio de prisión en suspenso por “abuso de armas” contra los policías Santiago Antigual, Leonardo Magallanes, Daniel Vece y Daniel Videla. Otros policías identificados, como José Darío Poblete, y el gobernador Sapag, responsable político de la represión, siguieron impunes. En abril de 2001, sería el padre de Teresa Rodríguez quien encabezaría junto a Mary Bulacio la movilización convocada en el aniversario de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio en la ciudad de Buenos Aires.
Poblete, uno de los policías impunes, siguió en funciones, y el 4 de abril de 2007, ahora con Sobisch en la gobernación y Néstor Kirchner en la presidencia, disparó el cartucho de gas lacrimógeno que se incrustó en la cabeza del maestro Carlos Fuentealba cuando se desconcentraba la marcha docente sobre la ruta 22 a la altura de Arroyito. En la marcha en la ciudad de Buenos Aires, a días del fusilamiento de Fuentealba, junto a su compañera Sandra Rodríguez marcharon también los padres de Teresa. Esta vez, José Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua, pero a pesar de la fuerte movilización popular y del impulso de la causa contra los responsables políticos del asesinato, empezando por Sobisch, se consagró la impunidad, mientras el ex gobernador sigue presente en la política provincial, donde acaba de cosechar el 10% de los votos en la reciente elección provincial.
Hoy, frente al saqueo, la miseria y la represión que impone el gobierno de Cambiemos, que tiene su propia cuota de asesinatos en la represión de las protestas y movilizaciones populares, repetimos los nombres de Víctor Choque, Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba, porque de su reivindicación y de la continuidad de su lucha proviene nuestra fuerza, y señalamos de nuevo a los responsables políticos de sus asesinatos, impunes como todos sus pares por los crímenes de los que cada cual fue responsable.
¡A las calles contra la represión!
¡Unidad, organización y lucha!
