Diego Cagliero (30), Aníbal Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13), Maximiliano Rosasco (21) y Jimena Gramajo (25): todxs asesinadxs por las armas del estado. Junto a Rocío Guagliarello (13), que aún pelea por su vida, estas personas componen la nómina reciente que refleja la ilimitada y mortal avanzada represiva que encabeza la ministra Patricia Bullrich. Todos, homicidios perpetrados por distintas fuerzas, en distintos lugares, y con un elemento en común: en todos, la fuerza involucrada intentó modificar las versiones y los elementos de prueba para revertir la responsabilidad de los hechos hacia las víctimas. Quisieron “dibujar” los hechos ocurridos, como ya ha sucedido con Rafael Nahuel (22), Santiago Maldonado (28), Facundo Ferreira (12), y tantos otros casos que forman parte de la lista que convierte a Cambiemos en el gobierno más represor desde la vuelta de la democracia. Lamentablemente, mayo no fue la excepción: sólo a partir de los casos que han salido a la luz en distintos medios de comunicación, al pasado viernes 24, hemos contabilizado 26 muertxs por gatillo fácil o en lugares de detención.
El domingo 19 de mayo, Diego salía de un supermercado con amigos. En la puerta se produjo un altercado con lxs encargadxs del local, lo que derivó en una denuncia y posterior persecución de la camioneta en la que viajaba el grupo de amigos. La policía bonaerense efectúo once disparos. Varios impactaron en el pecho de Diego y lo mataron. La fuerza provincial intentó argumentar su accionar a partir de dos armas que aparentemente se encontraban en la camioneta y con las que supuestamente alguien disparó desde el vehículo. Las pericias desmintieron esta versión rápidamente. Desde las cámaras no se pudo observar que existiera tal disparo, como tampoco se pudo confirmar que efectivamente las armas encontradas pertenecieran a Diego y su grupo de amigos. Lo que sí se pudo confirmar es que una de estas armas era de aire comprimido y que ninguna de las dos efectuó disparos.
CORREPI ha denunciado siempre que estos hechos no responden a un accionar aislado de policías que actúan como “la manzana podrida del cajón”. Es, efectivamente, la función intrínseca de la institución policial, y una vez más la Bonaerense se encargó de confirmarlo. En la madrugada del lunes 20, mientras la misma fuerza intentaba tapar el asesinato de Diego en Tres de Febrero, su pares de San Miguel del Monte asesinaron a cuatro jóvenes. Aníbal invitó a Gonzalo, Camila, Danilo y Rocío a dar un paseo en su Fiat Spazio 147. Días atrás, la policía le había quitado al dueño del auto, a través de una coima, el dinero que le quedaba de su última paga por circular, supuestamente, sin los papeles en regla. Papeles que no había podido pagar por haberse quedado sin trabajo.
Según la versión policial, “una actitud sospechosa” del vehículo fue el motivo de la violenta persecución que terminó con el auto incrustado bajó un camión. Aníbal, Gonzalo, Camila y Danilo murieron y Rocío aún pelea por su vida en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
Al día siguiente, algunos pocos medios titularon lo que la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, y el ministro de seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, intentaron instalar: las muertes se habían producido por un accidente de tránsito. Sin embargo, la valentía de algunxs trabajadorxs municipales y testigxs del hecho, que aportaron pruebas claves a la fiscalía -a pesar de la amenaza del secretario de seguridad municipal Claudio Martínez-, permitió dar por tierra rápidamente la maniobra. En los registros de cámara presentados, se puede ver cómo uno de los policías sacó medio cuerpo por la ventanilla para disparar contra el Fiat. Los miembros de la fuerza dijeron que estaban haciendo luces con una linterna, lo cual no se condice con las cuatro vainas encontradas en el lugar, una de las cuales se encontró en el cuerpo de Gonzalo, y que la misma policía bonaerense intentó esconder. Tampoco se advierte la “actitud sospechosa” con la que la voz oficial quiso defender su accionar asesino.
Estos hechos expresan con claridad qué queremos decir cuando CORREPI denuncia que la represión es política de estado. Cambiemos, con Macri y Bullrich a la cabeza, convierten esta denuncia en parte central de su discurso con orgullo. Podemos continuar con el “no tirar gendarmes por la ventana” en la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, la “versión de verdad” ante las incontables falsedades que intentaron instalar en el asesinato de Rafael Nahuel, la presentación del policía asesino Chocobar como “héroe”, y la resolución 956/2018 con la que el gobierno legalizó el gatillo fácil, entre tantos otros ejemplos.
En la habilitación de esta resolución se enmarca también lo ocurrido en Rosario el martes 21, horas después de la masacre de San Miguel del Monte. Según las declaraciones de dos oficiales del Comando Radioeléctrico, estos advirtieron que Maximiliano y Jimena intentaron robarle a una mujer. A pesar de que tal situación no se pudo comprobar en las pericias, el relato continúa con los policías dando la voz de alto, un posterior tiroteo y la muerte de lxs pibxs rosarinxs. Pero una vez más, las pericias lograron desarticular la mentira. El recorrido de las balas impactadas en los cuerpos de lxs chicxs no se condicen con el relato policial, y en las cámaras ubicadas en el lugar, se puede ver cómo uno de los oficiales remata a una de las víctimas con dos disparos cuando se encontraba tirada en el suelo.
Este combo frecuente de balas y mentiras tiene total correlato con la intención del gobierno de instalar versiones que justifiquen su avanzada represiva. Por supuesto que esto no podría lograr la efectividad deseada sin la indiscriminada complicidad de los medios hegemónicos que se encargan de justificar cada uno de los homicidios. Y lo hacen sin límites, lo cual tiene como resultado, por ejemplo, la absurda condena por homicidio culposo (sin intención) que el jurado popular le dio al subcomisario de la policía federal José Buscarolo, quien persiguió durante 17 cuadras y asesinó por la espalda a Iago Ávalos (17) luego de que el chico sacara dos tazas de su auto (y las devolviera) el 12 de mayo de 2017.
¿Acaso dos tazas tomadas de un auto o un celular valen más que la vida de una persona? Esto es lo que Macri, Bullrich y compañía quieren instalar para asegurar un control social cada vez mayor, que garantice sin oposición, el ajuste, el saqueo y el hambre al pueblo trabajador.
