El pasado lunes 3 de junio no fue una fecha más para quienes integramos esta organización. Por quinta vez y de manera consecutiva, nos movilizamos junto a miles de mujeres y disidencias sexuales y de género para exigir ¡Ni una menos! ¡Vivas y Libres nos queremos! Denunciamos al estado como principal promotor de los femicidios, travestidicidios y transfemicidios y su impronta represiva y patriarcal a la hora de llevar a cabo las diversas opresiones hacia estos colectivos.
Al mismo tiempo fue un día de memoria activa. No sólo recordamos la partida de Carlitos Abregú en el año 2013 y el nacimiento de dos luchadorxs antirepresivos: Carlos y Gloria, sus padres. También recordamos a Matías Barzola y a Sergio “Checho” Casal, desde una perspectiva histórica, en la que la represión cobra nuevas formas pero con un mismo interés a perpetuar en el tiempo: la impunidad.
El 3 de Junio de 2003, Matías salió a caminar por las calles de su barrio en Villa Fiorito, junto a otros dos amigos cuando fue asesinado por el policía retirado de la comisaría 5ta del mismo lugar, Juan Antonio Peloso, conocido como “el mataguachos de Fiorito”.
Peloso había trabajado para el intendente de Ezeiza y luego ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados (uno de los principales impulsores de la creación de las policías locales), cuando este llevaba un programa de Tolerancia Cero. Todos en el barrio conocían la manera de actuar del asesino: hostigaba a lxs pibxs a bordo de su Ford Falcon marrón claro e incluso, unos meses antes, había baleado y herido a Jonathan Sosa. Cuando la madre de Jonathan fue a reclamar a la comisaría, el mismo Peloso le reconoció que “se había confundido de negrito” y que él buscaba “a Barzolita”, refiriéndose a Matías. Para combatir tal grado de impunidad, la que se calzó los guantes desde el primer momento, fue su mamá, María Estela Velásquez, que se organizó en CORREPI.
La lucha en las calles y en los tribunales logró que en el año 2007, el Tribunal Oral en lo Criminal nº 1 de Lomas de Zamora condenara al “mataguachos” a 13 años de prisión. A pesar de ello, Peloso no pasó un solo día en la cárcel. En los cinco años posteriores al primer juicio, se produjo un ida y vuelta entre tribunal de casación y suprema corte de justicia (provincial y nacional), que se pasaron la pelota alrededor de los detalles del proceso judicial. Pedían que se revisen las causas y los testimonios y negaban una victoria que demostrara lo evidente.
El caso de Sergio “Checho” Casal no solamente fue similar por el día en el que sucedió su asesinato, sino también por el correlato judicial que nuevamente dio la pauta de que jueces y fiscales son los encargados de abrir la puerta de los tribunales para que los represores se den a la fuga.
El 3 de junio de 2010, Sergio fue fusilado en la calle Demóstenes y Ruta 23, en el partido de Moreno, a manos del sargento Néstor Adrián González, de la comisaría 8va de la Policía Federal de Balvanera. El asesino disparó su reglamentaria tres veces, dos tiros en la espalda y uno en la nuca. Tenía sólo 16 años.
Cuatro años más tarde, el 26 de marzo de 2014, ya con la participación activa de la familia del “Checho” en CORREPI, la justicia de Mercedes dispuso una pena de 15 años de prisión efectiva para González. Ese fallo fue arrancado con la fuerza de la organización popular y la presencia en la calle. Pero, nuevamente, el estado mostró un as bajo la manga: a pesar de que la secretaria del Tribunal en lo Criminal N° 4 de Mercedes había informado que el asesino quedaba “automáticamente detenido”, la pantomima se transformó en circo y posteriormente en burla. El mismo día de su condena, que González no presenció porque estaba detenido en la comisaría de Morón, alegó una descompostura para ser llevado a un hospital y luego ser trasladado a una cárcel de Florencio Varela. En los hechos, eso jamás sucedió. Desde ese mismo día, estuvo prófugo.
Ambos desenlaces judiciales no lograron aminorar los ánimos de lucha sino que por el contrario, fortalecieron la denuncia contra el estado. La presión popular en el barrio de Matías Barzola produjo que ante la visibilización constante de la presencia de un asesino uniformado en el barrio, este tuviera que mudarse.
En el caso del “Checho”, la lucha fue coherente de la mano de las campañas “no avise a la policía, avise a CORREPI” donde poníamos nombre y rostro a las caras de la impunidad alrededor de otros casos, como los de Sergio Durán (1992) y Jon Camafreitas (2012) . Hace dos años, esa constancia y perseverancia en la pelea dieron sus frutos pero también encendieron la alarma. Un 6 de noviembre, CORREPI se notificó que desde el 18 de octubre del 2017, Néstor Adrian Gonzales fue detenido en San Fernando donde casualmente ofrecía sus servicios, pero como vigilador privado de una carpintería. Mantenía la dirección de su domicilio original, lo que nos demostró que nunca lo buscaron y que sólo a partir de las presentaciones de nuestra organización se vieron obligados a accionar de alguna forma. Ese mismo 6 de noviembre nos enteramos que el asesino de Jon Camafreitas, el cabo de la PFA Martin Alexis Naredo (condenado a perpetua en 2014) se había entregado luego de apelar a la confianza que este gobierno (el de CAMBIEMOS) le generaba para que se “descubriera la verdad”. Para ello, envió una carta dirigida a la ministra de seguridad Patricia Bullrich.
Para que sea más claro, no hace falta echarle más agua a la cuestión. La “confianza” de Naredo de que las condiciones para su entrega estaban dadas o la impunidad de González para seguir oficiando de represor en otra rama de “servicio” (recordemos al vigilador privado asesino de Luis Bolaños en 2009) junto con la vergonzosa condena a fines de mayo de este año del juicio por jurados al también policía federal José Ernesto Buscarolo, asesino de Iago Avalos (2017) o los sobreseimientos en las causas por Damián Gómez en CABA o de Pablo Borja y Nicolás Romero en la zona oeste del conurbano, no son más que la consagración de la doctrina Bullrich y del ejemplo más palpable de que la represión es política de estado.
Lo que los represores y sus patrones nunca terminaron de comprender es que a pesar de los años, de las provocaciones, deliberadas burlas judiciales y políticas, del fomento de la depresión como arma de destrucción de la lucha; la dignidad de todas las familias se fortaleció y se transformó en rabia organizada. Cada logro y cada victoria se consiguió al apostar a la construcción colectiva y a la memoria popular como ejercicio cotidiano y combativo.
Cada historia de lucha es un aprendizaje en sí mismo para las peleas que se nos aproximan. El próximo 13 de junio tenemos una cita en los Tribunales de Lomas de Zamora porque sentaremos en el banquillo de los acusados al policía Giuliano Fattori, que el 1 de diciembre de 2016 le quitó la vida a Leo Sotelo. No será una jornada de lucha como todas. Como ya mencionamos previamente, la doctrina Bullrich es la principal jugada para su defensa. Esto quiere decir que cuentan con la promoción del estado para hacer lo que hacen. Además, movilizan con sus propias familias y “camaradas”, que se miran el bolsillo antes de medir el valor de una vida. Que no defienden solo a un policía, sino a toda la institución.
Ante esto y ante la clara muestra de la campaña a puro “voto bala” que se avecina, apostamos a redoblar nuestras fuerzas dentro y fuera de los tribunales. A 16 años del asesinato de Matías Barzola, seguimos el ejemplo de Estela Velázquez. A 9 años del fusilamiento del “Checho” Casal, continuamos apostando a la organización independiente y la lucha consecuente.-Y hoy, continuamos la lucha junto a Noemí, la mamá de Leo Sotelo, y con todxs lxs compañerxs familiares de víctimas de la represión estatal que siguen luchando por la conciencia más allá de la sentencia y que deciden organizarse para luchar contra el aparato represivo estatal.
No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos
¡Lxs pibxs presentes!
¡Basta de gatillo fácil!
¡No a la doctrina Bullrich!
Contra la represión ¡Unidad, organización y lucha!
