Se cumplen 16 años desde aquel 28 de junio de 2003 en el que Rodrigo Corzo fue asesinado. Esto ocurrió en el puente de Santa Rosa del Acceso Oeste, a manos del Oficial Inspector Cristian Alfredo Solana, quien no actuó solo sino que fue secundado por el Sargento Ariel Horacio Núñez, ambos del Comando de Patrullas de Hurlingham. La lucha por desbaratar la versión policial y condenar a sus verdugos demostró que las versiones de los represores no difieren para nada en el tiempo sino que configuran un estilo: el modus operandi de la impunidad. Un preludio de lo que se convertiría en norma luego con el gobierno de Cambiemos.
Las versiones
La intención de configurar la impunidad a partir del relato de Solanas y Núñez, la complicidad de toda la comisaría de Villa Tesei, el conveniente relato del verdulero (amigo de la gorra) y del empleado de una agencia de seguridad que oficiaron de testigos de la versión oficial, no sirvieron de nada ante lo evidente.
La versión que inicialmente intentó justificar el fusilamiento de Rodrigo se brindó en un contexto en el que ambos policías recorrían las calles “en prevención de delitos y contravenciones” y ante un escenario hostil, en donde el sujeto inicialmente “sospechoso” al que seguían para identificar, comenzó a dispararles por la ventanilla delantera, entonces tuvieron que responder con disparos de sus armas reglamentarias.
Contrario a la versión anterior, cuando el sargento Núñez fue interrogado, no tuvo cara para repetir esta fantasía policial en la que inventaron una persona fugada que no existió, arreglaron testigos, mintieron sobre el enfrentamiento y plantaron un arma. En cambio, dijo que sufría de vértigo. Por eso, “al subir el puente de la autopista, tomó coraje, cerró los ojos y aceleró”. Con ese argumento totalmente irrisorio, justificó que no había visto nada para aportar, intentando a la vez desligarse del homicidio y salvar a su compañero de armas.
Los perros
Solanas nació en 1972, tenía 10 años cuando la dictadura se retiraba, ingresó a la policía en la década del ‘90, y participó de todos los cursos de perfeccionamiento y capacitación inventados por las sucesivas reformas, especialmente las dos de Arslanián. Fue formado por la democracia, para defender los intereses que protege esta democracia aunque no los de Rodrigo Corzo.
Solana ya estaba imputado por el homicidio y detenido cuando llegó el informe de su jefe en el Comando Patrullas de Hurlingham. Lo describía como “formador de formadores y policía modelo”. Es que Solanas, un hombre culto y universitario, había sido entrenado para dictar cursos de capacitación a la “nueva” bonaerense. Su especialidad era el manejo de situaciones de intercepción e identificación de personas en la vía pública.
El 17 de febrero de 2006 comenzó el juicio oral y público en los tribunales de Morón, donde el oficial Solana fue condenado a 16 años de prisión por el homicidio. En diciembre de 2009, el Tribunal de Casación Penal de la provincia confirmó la condena pero redujo la pena a 10 años y 8 meses, exactamente lo que necesitaba el policía para obtener la libertad condicional y pasar las fiestas en familia.
Si lo ve, NO avise a la policía
Durante cinco años, después de matar a Rodrigo, Núñez prestó servicios en la comisaría Las Catonas de Moreno, y luego no se lo vio más. Por mucho tiempo desoyó las amables invitaciones de la fiscalía a presentarse hasta que en julio de 2009, formalmente se dictó su captura. Pero eso no significaba que la policía y la justicia lo buscaran efectivamente. En ese momento, CORREPI lanzó una campaña de afiches con su foto y la consigna Si lo ve, NO avise a la policía.
Para principios de 2011, el policía Ariel Horacio Núñez fue reconocido por compañerxs familiares organizadxs en CORREPI y compañerxs de medios alternativos que estaban participando de una radio abierta en la feria organizada por el Día de la Mujer en la plaza San Martín del distrito de Moreno. Lo identificaron y registraron imágenes que mostrarán la impunidad que le brindó el mismo Estado.
Gracias a esto, cuando llevamos a la Fiscalía Nº 8 de Morón las fotos sacadas con los celulares, desarchivaron la causa. Y el 26 de junio de 2012, casi 9 años después del crimen, el sargento Núñez fue juzgado y condenado a tres años y medio de prisión por encubrimiento agravado.
En aquellos años, a los policías prófugos no los buscaba el estado, sino que los protegía solapadamente para que se escaparan tranquilos. Desde hace tres años, el mismo estado administrado por Cambiemos no los encubre de forma solapada sino que los reivindica abiertamente e incluso llega a incorporarlos nuevamente en sus funciones, como es el caso de Carla Céspedes, policía asesina de Ariel Santos en 2017. No es el mundo del revés. Es el mundo tal cual es.
Luchar por la sentencia y por la conciencia
Fuera de toda metáfora, el caso de Rodrigo Corzo y la posterior lucha por condenar a sus verdugos sigue más vigente que nunca, en tiempos en que la campaña a puro voto bala lleva como interlocutores privilegiados a aquellxs que orgullosxs de gobernar con el código penal y la doctrina Chocobar bajo el brazo, promueven candidaturas de carniceros “justicieros”. Campaña que también promueven, y de forma solapada, aquellxs que en sus ansias por reconfigurar el modelo de acumulación, se acercan al discurso de la transversalidad de la segunda década del 2000, con una mirada punitivista que no difiere tanto de los que hoy gobiernan. Las épocas electorales son tan particulares y tan evidentes al mostrar la podredumbre y el posterior reciclaje de los candidatos del sistema: Cuando en los medios de comunicación debaten alrededor de candidatos como Pichetto, Massa o Berni (por nombrar a los más evidentes) seguir nombrando a Rodrigo Corzo, más que un acto recordatorio es un acto de justicia.
A 16 años del asesinato de Rodrigo, los policías Solana y Núñez están en libertad y en sus casas. Durante todos estos años, la avanzada represiva se quintuplicó, adoptó nuevas formas y se acrecentaron el gatillo fácil y las muertes en cárceles y comisarías.
Ante tamaño escenario adverso, el faro que dio claridad fue el que la propia familia Corzo constituyó para pelear no sólo por la sentencia sino también por la conciencia. Haciendo escuela junto con otrxs faros de la lucha organizada como Estela Rivero, Olga Castro y Marcela Duran, Delia Garcilazo y Maria Armas; plantadxs y dando batalla ante gobiernos de falso “bienestar” y de discurso maquillado con resabios de dictadura, forjaron en la batalla a lxs compañerxs familiares de víctimas de la represión estatal de estos últimos cuatro años. En la mejor trinchera para darla y ante un enemigo que blanquea el carácter de clase con el que golpea a los sectores obreros y populares.
Con esa claridad, Eli, Narciso y Micaela (madre, padre y hermana de Rodrigo) construyeron conciencia durante todos estos años y apostaron a la construcción colectiva. Con esa claridad dimos batalla en el juicio por Iago Avalos y en el de Leo Sotelo, y marchamos codo a codo junto a ellxs en cada movilización antirrepresiva. Dieciséis años después, nombrar y levantar el puño por Rodrigo Corzo es un acto de memoria popular y de justicia que nos demanda seguir de pie y dar pelea por todxs lxs pibxs asesinadxs por el aparato represivo del estado y organizarnos para enfrentarlo todos los días en cada barrio, escuela y trabajo.
Por eso, decimos
