El portal Infonews difundió un proyecto que incorpora a varios artículos del código penal un agravante si la persona acusada está participando de una manifestación pública con la cara tapada o portando “elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes”. Es decir, cualquier cosa.
Los delitos modificados son el abuso de armas (art. 104), la coacción (art. 149 bis), la coacción agravada (art. 149 ter) y la interrupción del tránsito (art. 194). En todos los casos se trata de delitos comúnmente usados para reprimir manifestaciones y criminalizar la protesta, junto con otros como el atentado y resistencia a la autoridad, la prepotencia ideológica, la intimidación pública o la incitación a la violencia colectiva.
Los autores del proyecto (el facsímil publicado no contiene firma alguna) admiten con total franqueza que, en realidad, no sería necesaria reforma alguna, ya que “El Código Penal en sus artículos 104, 149 bis y 149 ter, 184, y 194 (entre otros) debería ser suficiente para dar por tierra con estos desatinos” –donde dice “desatinos” léase “manifestaciones”-, pero justifican la iniciativa diciendo que es necesaria “…en base a la observación de la experiencia histórica, y de cara a la realidad política y social en un momento dado”. Más claro, imposible: saben que vamos a seguir enfrentando el ajuste y la represión en las calles, y necesitan recargar preventivamente sus armas, leyes incluidas.
También es de sorprendente sinceridad el párrafo de los fundamentos en el que explican que requiere una “enérgica reafirmación legislativa” la posibilidad de que “fiscales temerosos y jueces politizados” incursionen en interpretaciones o analogías “sujetas al relativismo moral o a la hipocresía descarada”, como si de eso se tratara cuando, a fuerza de lucha organizada, logramos cerrar causas porque demostramos que una caña de bandera no es un arma, que el pañuelo nos protege de los gases o que exigir que la patronal cumpla sus obligaciones no es coacción.
Pero las palmas son para el cierre, que dice: “Frente al debate de legos y de expertos, que parece no encontrar consenso en calificar a esos palos amenazantes y las caras cubiertas en los piquetes como armas de intimidación, amenaza, extorsión, vemos necesario introducir la tipificación específica y el agravamiento de las penas en los delitos así perpetrados, dando a las autoridades policiales y a los jueces y fiscales intervinientes la facultad indubitable de disuadir, impedir, detener, reprimir y arrestar y procesar penalmente a las personas implicadas en tales ilícitos”.
Tenemos malas noticias para el gobierno: las “personas implicadas en tales ilícitos”, es decir, los trabajadores y trabajadoras que venimos saliendo a las calles para reclamar contra los despidos y suspensiones, para exigir reincorporaciones o el pago de sueldos atrasados, para frenar el vaciamiento y cierre de fábricas, para defender y garantizar el derecho de huelga, para denunciar el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias, para decir basta a la criminalización de los pibes y pibas, vamos a seguir estando, y, como pintan las cosas, vamos a ser más cada día.
Con o sin la reforma del código penal, hace rato que nos vienen queriendo disuadir e impedir, y algo sabemos de que nos repriman, arresten y procesen. Cada nuevo ataque al pueblo trabajador refuerza las razones por las que vamos a seguir gritando que tenemos derechos y vamos a defenderlos, y que ¡las calles son nuestras!
