El 17 de Julio de 2017, el policía bonaerense Hugo Daniel Pos fusiló a Rodrigo Alejandro Correa de 14 años e hirió a otrxs dos chicxs, tras disparar 16 tiros con el arma que le fue provista por el estado, en Billinghurst, partido de San Martín. Como venimos denunciando en CORREPI, este hecho no es un acontecimiento aislado sino que enmarca dentro de las más de 6.600 personas asesinadas por el aparato represivo desde la vuelta de la democracia en 1983 hasta la fecha.
Desde el primer momento, familiares, amigxs y vecinxs se organizaron para movilizarse en las calles y luchar contra la impunidad. Hemos visto acciones similares hace menos de dos meses en San Miguel del Monte donde fue el pueblo el que desenmascaró los intentos de la policía y el poder político encabezado por la intendenta Mayol, hoy en día perteneciente al Frente de Todos, de tergiversar los hechos.
En tiempos en los que la escalada represiva del gobierno de Cambiemos produce una muerte cada 21 horas a manos del estado, en tiempos en que la mayoría de los casos son pibxs entre 15 y 25 años, en tiempos en los que constantemente (y en un año electoral) se intenta avanzar y legitimar la baja de punibilidad, en tiempos en los que el presidente Macri y la ministra de seguridad Patricia Bullrich felicitan, apoyan y honran a Chocobar por haber fusilado a Juan Pablo Kukoc por la espalda, no podemos decir que la muerte de Rodrigo fue un hecho aislado, sino que se enmarca en una política represiva general.
Durante el mes de octubre de 2018, con la modalidad de juicio por jurado, se llevó a cabo el juicio que condenó a Pos a 16 años de prisión por homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego y tentativa de homicidio agravada por el empleo de arma de fuego. La lucha antirrepresiva fue fundamental para revertir la construcción de los medios masivos de comunicación que generan un consenso social para que el estado pueda implementar sus políticas represivas y justificar el fusilamiento. No se trató solamente de desarmar la maquinaria que construye sentido común, sino que también significó luchar en una modalidad judicial que beneficia a lxs represores que llegan al banquillo de los acusados.
Pero lo más importante es que la familia Correa no dio por terminada su lucha al lograr una sentencia sino que, organizada en CORREPI, sigue luchando contra la represión y denunciando al verdadero responsable: el estado.
Por eso, a dos años de su fusilamiento gritamos
