Después de un análisis más detallado del “contrainforme” presentado ayer por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, podemos reafirmar que, a pesar del evidente esfuerzo realizado, una vez más fracasaron en el intento de desmentir los datos del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal.
No sirven ni para sumar, o lo hacen mal a propósito:
- Al día de hoy, cuando estamos terminando la carga de datos del primer semestre de 2019, nuestro Archivo contiene un total de 6.652 casos, de los cuales 1.393 ocurrieron durante la gestión Macri.
Ciertamente no son todos los ocurridos, sino de los que nos enteramos. - Excluyendo los casos de 2019, es decir, acotando a 2016/2018, quedan 1.275 casos de persona s asesinadas por el aparato represivo estatal federal, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.
- Excluyendo de ese total los que corresponden a efectivos de la ex metropolitana (4 casos en 2016), policías provinciales (474), servicios penitenciarios provinciales (487), policía de la Ciudad de Buenos Aires (44 casos en 2017 y 2018) quedan 266, no 98 como sostiene Bullrich.
¿Cómo llegan a 98?
- No contabilizan al Servicio Penitenciario Federal, que aunque no depende de Seguridad sino de Justicia, como su nombre lo indica es FEDERAL, y suma 139 casos 2016 y 2018 (nuestra principal fuente en este punto es la procuración Penitenciaria Nacional, organismo oficial del ministerio de Justicia y DDHH de la Nación).
- No contabilizan los efectivos retirados de las fuerzas federales, que conservan, pese a la situación de retiro, su estado y siguen perteneciendo a la fuerza y gozando de todos sus recursos y beneficios (9 casos).
- No contabilizan al personal de las agencias de seguridad privada, que tienen supervisión y control del ministerio de Seguridad, además de ser casi todos policías o gendarmes retirados (7 casos).
- No contabilizan los miembros de las Fuerzas Armadas (ejército, fuerza aérea y armada), que también son fuerzas federales, y suman 13 casos.
- Al recortar 2016/2018, excluye los casos de diciembre de 2015, ya asumido su gobierno, (4 casos de fuerzas federales).
Cantidad de casos de fuerzas que dependen del gobierno nacional 2016/2018:
| CORREPI | BULLRICH | ||
| PFA | 68 | ||
| GNA | 22 | ||
| PNA | 15 | ||
| PSA | 2 | ||
| FFAA | 13 | ||
| SPF | 139 | ||
| SEG. PRIV. | 7 | ||
| TOTAL | 266 | 98 |
Si seguimos la lógica del “contrainforme” y sólo contabilizamos los casos de las fuerzas que dependen directamente del ministerio de Seguridad, es decir, PFA, GNA, PNA y PSA, la cuenta tampoco le da a Bullrich, porque 68+22+15+2= 107.
Bullrich miente cuando dice que bajó la cantidad de casos de las fuerzas federales: Éstos son los números que muestra Bullrich, sobre su recorte antojadizo de 98:
| CORREPI | BULLRICH | ||
| Dic. 2015 | 4 casos | ||
| 2016 | 89 casos | 2016 | 38 casos |
| 2017 | 94 casos | 2017 | 36 casos |
| 2018 | 78 casos | 2018 | 24 casos |
| TOTAL | 266 | 98 | |
No puede computarse como “baja” real que tengamos “sólo” 78 casos registrados en 2018. Por una parte, es sabido que muchos casos nos llegan un año o más después de ocurridos. De hecho hay varios de 2018 esperando ser incorporados este año. Por la otra, en 2018 había 20.000 efectivos de la PFA ya transferidos a la policía de la Ciudad, que tuvo en ese año 21 casos.
Bullrich miente cuando dice que 74 casos “no corresponden” a la represión estatal:
Si revisamos caso por caso los 74 que el “contrainforme” excluye, para reducir a los únicos 24 que sí reconoce (22 pendientes de investigación y 2 condenas) se advierte fácilmente lo burdo de su maniobra, basada en una combinación de aplicación de la doctrina Chocobar y de la mano que le dan las resoluciones judiciales, en especial cuando no hay querellas activas que impulsen la investigación:
1) Excluye femicidios cometidos por miembros de las FFSS federales, es decir a quienes matan en un contexto de violencia machista con su arma reglamentaria, y/o utilizan luego sus recursos como funcionarios para ganar impunidad.
2) Excluye muertes presentadas como suicidio, entre ellas varias “intrafuerza”, en todos los casos cuestionados por familiares de las víctimas.
3) Excluye casos informados ampliamente por los medios de comunicación como cometidos por integrantes de las FFSS, de personal en situación de retiro o vigiladores privados.
4) Excluye casos “porque no encontraron antecedentes” (busquen en los diarios, algo que se llama Google ayuda bastante).
5) Excluye casos que define como “legítima defensa”, como Ariel Santos (fusilado por la espalda cuando intentaba poner en marcha una moto para huir de la policía Carla Céspedes) o Jonatham Echimborde (el chico de 28 años que recibió un disparo en el pecho cuando lavaba su auto en Mataderos, en la puerta de la casa, y pasó un patrullero disparando a un auto que huía), en los que claramente, más allá de lo que obedientemente resolvieran los jueces, hubo fusilamientos.
6) Excluye casos sin el uso del arma reglamentaria, como las persecuciones que fuerzan choques y vuelcos como si se tratara de accidentales hechos de tránsito (menos mal que se va, o el año que viene excluye la Masacre de Monte con este argumento).
6) Excluye hechos cometidos por otras fuerzas que dependen del gobierno nacional.
Finalmente, ¡Gracias Bullrich por ayudar en la actualización del Archivo!
Sería injusto no reconocer que, en su afán por desnaturalizar los hechos que seleccionó, en muchos casos el “contrainforme” nos aportó datos que no teníamos. Gracias a Bullrich, pudimos actualizar la situación procesal de muchos casos, e identificar víctimas y victimarios que sólo registrábamos como NN.
Como decíamos ayer, no le hacemos asco a ninguna fuente para chequear la data del Archivo. Incluso de Bullrich sacamos información útil para perfeccionar esta herramienta para la lucha antirrepresiva.
Nos vemos en diciembre, en Plaza de Mayo, con la actualización 2019 del Archivo de Casos y todo el balance de la represión durante el gobierno de Cambiemos.
CORREPI, 1º de octubre de 2019.
