El lobby minero quiso ganar terreno y protagonismo en Mendoza, pero encontró que no hay licencia social para sus actividades. El acuerdo entre Cambiemos, la UCR y el PJ dio el empuje legislativo que necesitaban los empresarios mineros, y, en tiempo récord, las dos cámaras de la legislatura, aprobaron la reforma de la ley 7722, con la ley cianuro 9209.
Cuando hace más de siete años se sancionó la ley 7722, fue la presión popular la que preservó a la provincia del extractivismo con métodos destructivos y sustancias contaminantes. Desde entonces, las mineras vienen atacándola en el flanco judicial, con una decena de recursos de inconstitucionalidad que aún permanecen abiertos. Lo mismo ocurrió en Uspallata, cuando en 2011 el pueblo impidió el intento depredador del proyecto San Jorge (extracción contaminante de plata y cobre). El archivo del proyecto, sin embargo, lejos está de ser definitivo, de cara a la nueva conformación del holding empresario que constituyen Solway Industries Ltd. y Aterra Investments Ltd., con un abanico de commodities en cobre, plata, fosfatos, zinc, plomo y diamantes, y a la concreta posibilidad de implementar un acuerdo con la provincia de San Juan, donde está instalada la megaminería como extractivismo contaminante.
En las pasadas semanas, ante el nuevo ataque en el ámbito legislativo, las asambleas ambientalistas, las organizaciones y lxs vecinxs entraron en movilización permanente. Cortes de ruta, asambleas y diversas acciones se llevan adelante en los 18 departamentos que componen la provincia.
Vallas y gas pimienta fueron los primeros intentos represivos para contener a quienes enfrentamos la reforma y nos habíamos convocado a las puertas de la legislatura el día 17 de diciembre.
Al aumentar la resistencia y la lucha en los días que siguieron, el gobernador Rodolfo Suárez consideró combinar a sus más efectivos instrumentos: policía provincial, policía federal, gendarmería y la patota sindical.
El viernes 20, para garantizar el ingreso de quienes que iban a votar la reforma, “el pueblo pro-minero”, personificado por la UOM y la UOCRA, se ubicó sobre la principal entrada de la legislatura. Como suele suceder cuando el reclamo popular toma relevancia, el estado no se limita a usar sus fuerzas represivas formales, sino que suma estos grupos de choque, con el respaldo y la impunidad suficiente para actuar si la situación lo demanda (o la burocracia lo ordena).
En la madrugada del 21, gendarmería sacó de las carpas donde dormían a tres manifestantes en San Carlos, que se encontraban en el costado de la ruta, y retuvo en un auto a otro grupo de cinco personas, incluyendo a un menor. Tras la lucha en las calles y la presión del pueblo, horas después fueron liberadxs.
El 23 de diciembre, se desarrolló uno de los capítulos más cruentos de la represión a la movilización, con un saldo de 16 detenidxs y una decena de heridxs. La infantería y la UMAR (Unidad Motorizada de Acción Rápida) atacaron con postas de goma y gases la concentración en la casa de gobierno, para continuar por las calles del centro y culminar en el nudo vial. Las crónicas periodísticas hacían foco en la “agresión” recibida por las fuerzas represivas, pero no les alcanzó para deslegitimar el reclamo ni la denuncia de la represión. El rechazo popular a la respuesta estatal fue contundente.
Es que la defensa del agua despierta simpatía en el conjunto de la provincia, y desbordó todos los obstáculos y límites impuestos. El pueblo movilizado enfrentó detenciones arbitrarias en los cortes de ruta, infiltraciones de policías de civil, gases, palos y balas en las movilizaciones. Pese a eso, la lucha se intensificó, la voluntad popular tomó protagonismo e hizo temblar las estructuras de los partidos dirigentes y del mismo estado mendocino.
Mendoza salió a las calles, como corolario de un proceso que lleva años para concientizar sobre los riesgos de la megaminería, con la tarea constante y consecuente de organizaciones nucleadas en espacios como la Asamblea Popular Por el Agua Pura. Datos oficiales dan cuenta de que la provincia está afrontando la mayor crisis hídrica de los últimos 33 años. La oferta de agua regular para este verano es exactamente la mitad de la existente en 1987/88.
Ningún eufemismo puede ocultar la magnitud del triunfo popular que representa la recuperación de la vigencia de la ley 7722: lo que el tándem depredador que conforman el estado y las empresas mineras denomina “falta de licencia social” , ha sido el repudio del pueblo a un modo de explotación capitalista que pone en serio riesgo no sólo la salud comunitaria, sino toda la cultura de la región.
Que un gobernador macrista haya rifado su capital político en apenas 16 días de gestión, con la complicidad de la oposición peronista, y que, en ese mismo lapso, el gobierno nacional haya quedado expuesto por ese apoyo y evidenciado la ausencia de política ambiental, también integra el haber de la victoria.
La disputa en las calles, cuando además es masiva y organizada, revela una vez más que hasta el recurso represivo del estado puede limitarse. Ni las fuerzas regulares de los estados provincial y nacional ni su modo tercerizado pueden contra las razones de un pueblo decidido.
La batalla del agua la ganó el pueblo de Mendoza, organizado y en las calles. Un pueblo que deberá seguir alerta, para garantizar la efectividad de la batalla ganada y frenar los nuevos intentos que vendrán.
CORREPI estuvo allí, compartiendo un hecho histórico, con toda su militancia desplegada a cada lado de la ruta por la que el pueblo avanzó en la defensa de un futuro mejor.
