Gatillo fácil: impunidad a la chaqueña

El 9 de agosto de 2018, en Resistencia, el cabo de la división de Drogas Peligrosas de la policía provincial Fernando Follmer, mató a Emmanuel Benjamín Fernández, de 18 años. El policía estaba franco de servicio, y argumentó que Benjamín, armado, quiso robarle la moto. Un “detalle” definió la muerte como un fusilamiento de gatillo fácil: Benjamín estaba de espaldas a su agresor cuando recibió el impacto del proyectil en la nuca.
La decisión de la familia de impulsar la causa penal, a la vez que salieron a las calles a denunciar un nuevo caso de gatillo fácil en una provincia que registra un centenar de hechos semejantes en los últimos 20 años, permitió que en septiembre del año pasado comenzara el juicio oral. Por supuesto que el policía, acusado por un delito gravísimo como el homicidio agravado, nunca estuvo preso.
Tras meses de audiencias, quedó perfectamente probado el hostigamiento policial que sufría Benjamín, así como el encubrimiento posterior al asesinato, que incluyó la modificación de la escena y el plantado de un arma. Hasta se desbarató el cuento de la tentativa de robo -que tampoco justificaba el asesinato por la espalda y desarmado-, porque se probó que el pibe iba a comprar un cigarrillo de marihuana en una casa de la cuadra.
En diciembre, en los alegatos, hubo pedido de prisión perpetua y de 18 años de prisión. Pero el el 10 de febrero de 2020, la Cámara Segunda en lo Criminal absolvió al policía.
Aunque no se conocen aún los fundamentos de la sentencia, sabemos bien cuáles son las construcciones con las que jueces y camaristas justifican una y otra vez los fusilamientos policiales. Dirán que el homicida “pudo creer que la víctima estaba armada”, o Benjamín pudo girar su cabeza justo para recibir el tiro en la nuca. Suelen ser contorsionistas, según los fallos judiciales, las víctimas del gatillo fácil.
Tanto la querella como la fiscalía anunciaron, indignadas, que apelarán el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia provincial.
Sentencias como ésta ratifican que el gatillo fácil es política de estado, que por eso es amparada, también, por el poder judicial.
Desde CORREPI, aunque sea a la distancia, abrazamos y acompañamos a la familia de Benjamín y a sus amigxs y vecinxs, que reclaman justicia.
¡Basta de gatillo fácil!