El 17 de marzo de 2013, cerca del Dique de Moreno, el policía federal Aníbal Alejandro Aguirrez Manzur disparó por la espalda a Carlos Abregú y su amigo Emanuel Ojeda, los dos de 17 años. Emanuel falleció en el momento. Carlitos la peleó por dos meses y 17 días, hasta que murió en el hospital de Moreno. En ese tiempo, a pesar de que no estaba consciente, lo tuvieron esposado y rodeado de policías bonaerenses, porque, para la fiscalía, él era el “imputado”, el policía era la “víctima”, y el delito que se investigaba era una tentativa de robo.
Carlos y Gloria, los padres de Carlitos, se acercaron a CORREPI, se organizaron y dieron pelea hasta que lograron que el policía federal fuera detenido. Tres años después del fusilamiento, empezó el juicio oral.
Después de cuatro semanas de audiencias a sala llena en Mercedes, mientras en las calles denunciábamos el gatillo fácil y la responsabilidad del estado, quedó demostrado que no hubo “enfrentamiento” sino fusilamiento. Los nueve balazos, siete de lo cuales impactaron en los chicos, fueron del arma reglamentaria del policía, por la espalda de dos pibes desarmados. Aguirrez Manzur, como sucede casi siempre en los casos de gatillo fácil, contó con la defensa gratuita del cuerpo de profesionales de la División de Asuntos Penales del ministerio de Seguridad de la Nación. Una vez más, demostraron que, para el estado, el gatillo fácil es un acto de servicio.
El 22 de septiembre de 2016, el Tribunal Criminal N° 4 de Mercedes condenó al asesino a 20 años de prisión. La lucha organizada volvió a vencer la impunidad.
A siete años del fusilamiento, la familia de Carlitos sigue dando pelea contra las políticas represivas estatales, porque comprenden el responsable del fusilamiento de su hijo es el estado. Están convencidxs que la lucha continúa, por Carlitos, por Emanuel y por las más de 7.093 personas asesinadas por el aparato represivo del estado.
¡Basta de gatillo fácil!
¡Carlitos y Emanuel: Presente!
