Lxs presxs de todo el país, sus familiares y las organizaciones populares seguimos reclamando urgentes medidas frente a la pandemia del Covid-19, que como informamos en Reportes anteriores, ya ingresó a los penales. En varias cárceles –una federal, varias bonaerenses y de otras provincias- se confirmaron casos positivos entre el personal penitenciario, y, al menos en un caso, en un detenido. Además de la provisión de alimentos de calidad y elementos de limpieza e higiene, el reclamo generalizado es descomprimir la sobrepoblación, otorgando prisiones domiciliarias, excarcelaciones o libertades asistidas, según lo permita cada caso, a las personas de grupos de riesgo. Más allá de algún fallo genérico que debió habilitar el tratamiento inmediato de los innumerables pedidos de defensores oficiales y particulares, muchos bajo la forma de habeas corpus, y de que es perfectamente posible para cada organismo judicial evaluar rápidamente cada caso, priorizando a quienes enfrentan procesos por delitos de menor gravedad y peligrosidad, o están ya condenados, cerca del cumplimiento de sus penas, jueces y fiscales vienen rechazándolos masivamente. Por eso siguen las protestas, como en la UP 1 de Corrientes, una de las cárceles con penitenciarios contagiados y una sobrepoblación cercana al 40%, en la que los presos iniciaron una huelga de hambre.
Esta situación se contrapone con la lenidad con la que, en cambio, se beneficia a represores condenados o procesados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Por ejemplo, la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, acaba de mandar a su casa al genocida Lucio Nast, ex miembro del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, condenado por privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios y con otros procesos en trámite. Alejandro Slokar, el tercer juez, que votó en contra del privilegio, enumeró sus razones: Nast, de 66 años, ocupa una celda individual, con ventana que permite la ventilación e ingreso de luz natural, en la Unidad 31 de Ezeiza, en un pabellón exclusivo para imputados por delitos de lesa humanidad, que tiene ocupado sólo el 55% de su capacidad de alojamiento, lo que garantiza el cumplimiento del aislamiento. Tanto él, como el resto de los genocidas de esa unidad especial, aislada del resto de la población y con comodidades inexistentes en los pabellones comunes, tienen debidamente cubierta su asistencia médica.
En el mismo sentido hay que analizar la decisión del secretario de DDHH de la Nación, el hijo recuperado Horacio Pietragalla, de presentar un Amicus Curiae en apoyo del pedido de prisión domiciliaria para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, con condena confirmada por Casación por la masacre ferroviaria de Once de febrero de 2012, y procesado en otras causas por dádivas, sobreprecios, enriquecimiento ilícito, etc., sin olvidar, claro está, su participación en el plan criminal ejecutado en octubre de 2010 junto a la patota de la Unión Ferroviaria dirigida por José Pedraza, con apoyo policial, que culminó con el asesinato de Mariano Ferreyra y otros tres compañerxs heridxs de bala en Barracas, causa en la que se consagró su impunidad y la de otros funcionarios.
La presentación oficial de la secretaría de DDHH a favor de Jaime, acompañada por otra similar en beneficio del hijo de Lázaro Báez, ambos, igual que los genocidas, en pabellones VIP bien lejos de las condiciones de alojamiento inhumano que padece la enorme mayoría de la población carcelaria, generó inmediato repudio de lxs familiares de las víctimas de Once, y motivó un rápido movimiento del gobierno para desvincularse de la iniciativa. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, de cuya cartera depende la secretaría, dijo “Nos enteramos por los medios” y el presidente Fernández citó a Pietragalla a Olivos. Apenas terminó la breve reunión, el gobierno publicó un comunicado de la secretaría de Derechos Humanos, en el que se argumenta que las presentaciones fueron hechas a pedido de las defensas técnicas de Ricardo Jaime y Martín Báez, “en línea con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, ante la pandemia del coronavirus, promueve mecanismos alternativos a la prisión”. Lo que no explica el comunicado es por qué se seleccionaron esos dos casos, claramente no prioritarios y que gozan de privilegios inaccesibles para el resto de lxs presxs, mientras nada se hace por las 100.000 personas privadas de su libertad, en particular quienes sí están expuestas a todos los riesgos imaginables, hacinadas, sin elementos de limpieza ni higiene disponibles. Como siempre, la mirada con el sesgo de clase del poder.
En Chubut, provincia que viene nutriendo a diario estos reportes, se supo en estos días que el gobierno contrató un nuevo funcionario exclusivamente para hacer espionaje, a través del ciberpatrullaje, sobre el activismo contra la megaminería. José Luis Gaud, que se presenta en su perfil oficial como autor de un “Manual” para interpretar cómo trabajan los activistas del “NO A LA MINA” y fue consultor externo de la multinacional Pan American Silver, empresa a cargo del extrativista “Proyecto Navidad”, resistido por la población chubutense, recibirá $450.000 mensuales para hacer “monitoreo de medios regionales, provinciales y nacionales”, según se puede leer en el Boletín Oficial de la provincia. Quedan claras las prioridades del gobierno de Mariano Arcioni, que mientras no paga los salarios a lxs trabajadorxs estatales y recorta partidas para programas de asistencia social, dispone de casi medio millón de pesos al mes para espiar la militancia ambientalista.
En Mar del Plata, dos agentes de la policía bonaerense realizaron un simulacro de fusilamiento sobre un chico y una chica que interceptaron cuando caminaban por la calle. Los policías, un hombre y una mujer, lxs obligaron a arrodillarse, y uno de los policías gatilló varias veces en la cara del aterrado muchacho. Una vecina que trató de intervenir fue amenazada y obligada a ingresar a su casa, pese a lo cual pudo ver que, antes de dejar ir a la pareja de jóvenes, los policías robaron sus pertenencias personales al chico. El hecho fue denunciado ante la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que formuló la denuncia penal ante la Fiscalía general de Mar del Plata, sin que los policías hayan sido aún identificados.
En Mendoza, el viernes 17 de abril dos hermanos, Nicolás Sebastián y Maximiliano Eduardo Sáez Albiol, fueron bajados por agentes del cuerpo de infantería de la policía provincial del colectivo en el que viajaban. Los tuvieron 45 minutos en la calle, tiempo durante el cual los insultaron, golpearon y esposaron. Luego los trasladaron a la comisaría 5ª. Donde les secuestraron los celulares y borraron las fotos que habían logrado tomar al principio. Después de pasearlos por otras dos comisarías, con permanentes amenazas, los liberaron al día siguiente, después de notificarles la formación de causa penal por “desobediencia”.
Desde Río Tercero, Córdoba, nos llegó la denuncia de una joven mujer que salió a comprar cigarrillos a las once de la noche, y fue detenida por violar el aislamiento. En su posteo en redes, la chica, que muy honestamente reconoce que no debió exponerse saliendo a esa hora de la noche, adjunta las fotos que acreditan los tremendos golpes que recibió por parte de dos policías mujeres, antes de ser liberada.
En la provincia de San Juan, el lunes pasado comenzó la “cuarentena administrada”, que habilitó a muchxs trabajadorxs a circular, siempre respetando los protocolos de seguridad sanitaria, como la distancia segura y el uso de barbijo. Alentadxs por la flexibilización, muchas personas que realizan tareas informales para sobrevivir y llevan ya más de un mes sin ingresos también intentaron volver a trabajar. Fue el caso de dos cuidadores de autos, que fueron detenidos impiadosamente por la policía. “No me queda otra, yo necesito llevar plata para comer a mi casa, no recibo ningún plan ni nada, y esto lo único que puedo hacer”, alcanzó a decir uno de ellos mientras era subido al patrullero. Casi al mismo tiempo, dos pibes de 16 años fueron detenidos a dos cuadras de su casa. Para desesperación de sus padres, recién cuatro horas después la policía les comunicó la detención, mientras las familias los buscaban por cielo y tierra.
Finalmente, de nuevo en Córdoba, la Mesa de DDHH de Mina Clavero y Traslasierra nos hizo llegar una cantidad importante de denuncias que fueron recibiendo en la zona, desde Villa las Rosas hasta Villa Dolores, la ciudad más importante y en cuya comisaría se registran las situaciones más graves. En todos los casos, el temor a represalias, máxime cuando se trata de pequeñas comunidades en las que todo el mundo se conoce. El eje común de los relatos es el hostigamiento, verdugueo e imposición de humillaciones como obligar a desnudar a las mujeres, en particular las más jóvenes,
Como viene sucediendo en todo el país, lxs más desamparadxs y que mayor asistencia estatal necesitan en esta emergencia, son las primeras y seguras víctimas de la represión.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
