La noticia más grave que reportamos ayer fue la muerte de José Mario Candia en la unidad penal nº 1 de Corrientes, atribuida inicialmente por las autoridades a “pelea entre internos”, versión que se derrumbó frente a los resultados de la autopsia, que probaron que el joven murió por el impacto de proyectiles de arma de fuego, es decir, fue fusilado por el servicio penitenciario.
Al mismo tiempo, otro joven, Federico Rey, de 30 años, alojado en la Unidad 23 de Florencio Varela donde cumplía una condena por robo, murió ayer en el techo del penal, mientras era reprimida la protesta de los presos. De nuevo la versión oficial habla de puntazos entre presos, lo que en principio fue puesto en duda por la médica que hizo el reconocimiento “de visu” del cuerpo antes de su traslado a la morgue para la autopsia, que se realizará hoy. El cuerpo, según la profesional, no presentaba heridas de arma blanca visibles, y sí impactos de proyectiles de arma de fuego.
Estos dos hechos extremos dan cuenta del agravamiento de la situación en las cárceles de todo el país. En Mendoza, presos de Boulogne Sur Mer y San Felipe que ya tenían iniciados los trámites para sus libertades asistidas o prisiones domiciliarias antes de la pandemia, se cosieron las bocas para exigir que los jueces de ejecución penal activen sus expedientes, paralizados desde principios de marzo. También en la prisión de mujeres provincial de El Borbollón hay protestas con los mismos reclamos. Con un mes y medio ya de suspensión de las visitas, 50 mujeres ya están en huelga de hambre, exigiendo que les permitan acceder a teléfonos celulares para comunicarse con sus familias, la activación de los trámites en curso de libertades transitorias y domiciliarias, y la provisión de elementos de higiene y limpieza.
En Bouwer, Córdoba, causaron profundo impacto negativo las decisiones del Juzgado de Control N° 9 y la Cámara de Receso Judicial Extraordinario de la ciudad Córdoba, que rechazaron dos habeas corpus para que se permitiera el uso de teléfonos celulares para sostener contacto con las familias ante la suspensión de las visitas. La jueza y los camaristas consideraron “suficiente” el acceso a los pocos teléfonos públicos, operados con tarjetas prepagas, en las unidades, y citaron como apoyo de su dura postura la opinión de la diputada de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, que sostiene que el uso de celulares serviría para que lxs presxs cometan diversos delitos extorsivos. En la Unidad 13 de Junín también hay reclamos, centralmente por la desatención a la situación de salud de las personas detenidas.
Es imprescindible dar respuestas concretas y efectivas ya a la totalidad de la población carcelaria del país.
Desde Catamarca, miembros y autoridades de la Comunidad Originaria Diaguita Anconquija denunciaron la detención arbitraria, maltrato y represión de comuneros y vecinxs de la localidad, entre ellos madres y padres de familia y ancianos. “Estábamos en reclamo por el riesgo que supone el accionar irregular de los camiones paperos, velando por la salud de nuestros hermanos para evitar posibles contagios del COVID-19 con personas que ingresan de la vecina provincia de Tucumán donde ya tienen muchos casos. No queremos que nuestros abuelos, padres, hermanos, hijos y familiares estén expuestos a tremendo peligro, más aun teniendo en cuenta las muy precarias condiciones de nuestro hospital y sus trabajadores. A todo esto agregamos el tremendo daño que hace décadas los paperos hacen, usurpando, contaminando y saqueando bienes territoriales como el agua y sitios ancestrales”, dice el comunicado, en el que relatan que la policía local los detuvo, golpeó e insultó y los obligó a permanecer arrodillados por horas con las manos en la nuca, precintados, sin poder moverse. Fueron en total 12 personas detenidas, hacinadas en un calabozo de 2 x 2,5 m, retenidas por 22 horas.
En San Juan, el gobierno provincial ha decidido librar una lucha a fondo, no contra el Covid-19, sino contra los “trapitos”, personas privadas de todo ingreso desde hace más de un mes, que intentan retomar la actividad de cuidado de autos en las calles. “Seremos inflexibles con ellos, en conjunto con la policía comunal”, informaron las autoridades a los medios locales. “Hemos montado fuertes operativos, prohibiendo esta actividad. Esta gente genera molestia y desorden en el estacionamiento porque toman facultades que no les corresponden y cobran“, dijo el secretario de Gobierno Horacio Lucero, que anunció que, como “entienden el difícil momento económico que están atravesando”, analizan crear escuelas de oficios para tratar de insertarlos en el mercado laboral. Claro que para acceder a esos programas “no deberán tener antecedentes penales”, remarcó, mientras su policía los sigue deteniendo e imputando.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
